Macrocausa de la mafia del Taxi

Solidaridad del Taxi rechaza la personación del Ayuntamiento porque no es "víctima ni perjudicado"

  • La asociación, que figura como investigada en la macrocausa, considera que el ofrecimiento de acciones realizados por la juez al Ayuntamiento para que ejerza la acusación tiene una "apariencia de efecto de presión"

El presidente de Solidaridad del Taxi, Enrique Filgueras, en los juzgados de Sevilla. El presidente de Solidaridad del Taxi, Enrique Filgueras, en los juzgados de Sevilla.

El presidente de Solidaridad del Taxi, Enrique Filgueras, en los juzgados de Sevilla. / José Ángel García

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La asociación Hispalense Solidaridad del Taxi ha recurrido la decisión de la juez de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, de ofrecer al Ayuntamiento de Sevilla la personación en la macrocausa de la mafia del taxi, al estimar esta asociación -que figura como investigada en el proceso judicial- que el Consistorio no es "víctima ni perjudicado" por los delitos de asociación ilícita, coacciones y daños que se investigan en relación con el monopolio de la parada de taxis del aeropuerto.

La defensa de Solidaridad del Taxi ha presentado un recurso de reforma contra la decisión de la juez de ofrecer las acciones al Ayuntamiento. La instructora destacó en una providencia que constan en las actuaciones "una infracción e incumplimiento de instrucciones y normativa municipal en la materia", pero la asociación investigada entiende que la razón no resulta "acertada", por cuanto no concreta qué instrucciones o normativa se han incumplido. A juicio de la defensa, la decisión de la juez "ampara más si cabe la apariencia de efecto de presión que sin duda esta decisión evidencia".

El letrado de la asociación añade que "ninguna razón o relación causa-efecto se advierte en el Ayuntamiento que, ni es víctima de delito alguno, ni ha resultado perjudicado (ningún coste, daño, reparación, etc. ha tenido que afrontar) por los hechos objeto de la causa". "Si claro resulta que tal condición de perjudicado pudiera predicarse de Aena por los supuestos daños en sus instalaciones si se acreditara haber sido causados por algunos de los investigados, o de las compañías aseguradoras que han cubierto los daños por los incendios de los vehículos en Castilblanco de los Arroyos (causa ya desgajada de la presente y en la que mis representados no constan investigados), en cuyos hechos la víctima es la empresa propietaria de los vehículos, Cabify, en nuestro caso ningún daño directo, ni perjuicio se constata en la persona del Ayuntamiento de la ciudad que nada ha reclamado, ni exigido, ni afrontado", añade el letrado Simón Fernández Rebollo.

La asociación también hace una referencia a la actuación de los distintos gobiernos municipales en el conflicto del taxi. "A pesar de las cuitas entre bandos políticos, todos se reprochan de forma sistemática y recíproca desde hace décadas la desidia en la tramitación de los expedientes sancionadores por parte del Instituto del Taxi y es lo cierto que los números revelan que, por ejemplo, el actual gobierno municipal tramita tres veces más denuncias que la anterior corporación y además ha reabierto e interrumpido la prescripción de expedientes sancionadores que la anterior cúpula municipal dejó en el olvido. El dato que no obstante consta en autos es el relativo sólo a este periodo actual, obviándose el anterior (gobierno del PP) que fue el que más expedientes dejó sin tramitar".

La defensa añade que aunque en un Pleno municipal se planteó la posible expulsión de Solidaridad del Taxi del Instituto del taxi, la medida fue rechazada por todos los grupos salvo el que lo propuso, y salvo este acontecimiento, "ni el Ayuntamiento ni los grupos parlamentarios que lo componen han expresado el deseo de ejercitar acciones contra mis mandantes, ni se han mostrado partidarios de reclamar o exigir reparación de perjuicio alguno".

Por todo ello, la representación jurídica de Solidaridad del Taxi concluye que este proceso "no acarrea la necesidad de restituir, reparar o indemnizar al Ayuntamiento de Sevilla, quien no ostenta la condición de tercero ni de víctima, ni de ofendido, por lo que no cabe efectuar ofrecimiento alguno".

La de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, que investiga la macrocausa de la mafia del taxi, realizó la pasada semana una imputación contundente y de especial gravedad a la asociación hispalense Solidaridad del Taxi, a la que atribuyó delitos de asociación ilícita, coacciones y daños, en una de las piezas en las que se investiga el monopolio de la parada del aeropuerto de Sevilla, así como las coacciones y daños causados a otras empresas del sector del transporte, como los Vehículos de Transporte Concertado (VTC), los autobuses públicos de la empresa municipal Tussam y al propio aeropuerto de Sevilla.

Para la juez, la asociación forma parte supuestamente de una “organización delictiva” para mantener el control del servicio en el aeródromo sevillano, lo que a su juicio ha ocasionado un “grave perjuicio”tanto al sector del transporte como a la “ciudad en general”.

En concreto, la imputación a la asociación se produce en los términos de “constituir una organización delictiva que sirva de soporte o cauce a la finalidad perseguida de mantener el monopolio en el servicio de recogida de pasajeros en el aeropuerto de Sevilla, en perjuicio del resto de los profesionales del sector y de los demás sectores de transporte público, tanto de vehículos con conductor como incluso los servicios municipales”.

Dice la juez que la asociación ha “fomentado y mantenido conductas y situaciones constitutivas de delitos de daños y coacciones esencialmente, así como sustentándolo en el establecimiento de una estructura interna jerarquizada con un régimen de imposiciones de sanciones, tanto económicas de privación de participar en ese servicio monopolizado temporalmente, con unas normas, catálogos de conductas, ni publicados ni aprobados en forma alguna”.

También considera la instructora que la asociación, como persona jurídica, ha dirigido conductas para la constitución de tales fines “contra la dirección del propio aeropuerto y contra las instituciones municipales y empresas públicas de transporte, manteniendo en su poder material y documentos de origen ilícito hallado en el registro practicado en su sede, relativo incluso a agentes de la Policía Local y al régimen de multas y sanciones municipales, implicando todas estas conductas un grave perjuicio al sector del transporte y a la ciudad en general”.

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