Varios técnicos del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla han asegurado este martes en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por las mordidas pagadas a funcionarios que no recibieron "indicaciones" de los acusados sobre cómo debían valorar las ofertas del macrocontrato que se adjudicó en 2012 para el cuidado de los parques y jardines, o las empresas que debían ser invitadas a participar en los contratos menores.

Uno de los testigos, J. D. T. M., que fue encargado de la valoración de una parte de la oferta técnica del macroconcurso 400/2012 por importe de 48 millones, ha declarado que el contrato se adjudicó mediante concurrencia pública y ha afirmado que "en absoluto" recibió ninguna indicación del jefe de Servicio Francisco Amores -uno de los acusados que ha alcanzado un pacto con la Fiscalía para reducir su condena- o de otra persona con respecto a la valoración de la oferta técnica.

Otro testigo, M A. G. C., ingeniero técnico agrícola, ha coincidido que "nunca" recibió ninguna sugerencia o indicación en la valoración de las ofertas del macrocontrado, y ha explicado que siempre actuó "aplicando  los criterios técnicos".

La que fuera jefa del servicio administrativo de Parques y Jardines, M. J. M. S., ha explicado con respecto a los denominados contratos menores que era habitual invitar a empresas del sector cuando había que adjudicar algún trabajo y siempre se presentaban tres, cuatro o cinco empresas por parte del jefe de servicio Francisco Amores, aunque algunas llegaban "con el visto bueno" del entonces director general de Medio Ambiente, Joaquín Peña, también acusado. Esta testigo también ha negado que recibiera sugerencias o indicaciones, y ha precisado que una vez recibidas a las ofertas se mandaban al servicio técnico para su valoración.

Además, ha indicado que había unas 15 o 20 empresa que trabajaban "mucho" con el ayuntamiento y durante muchos años siempre fueron las mismas entidades.

Un último testigo, también ingeniero técnico agrícola, P. R. T. Ch., ha llamado la atención sobre el cambio que se produjo en la gerencia de una de las adjudicatarias de uno de los lotes (Conversa-Aldilop), que fue sustituida por Albaba -empresa en la que trabajaba un amigo de Joaquín Peña-, y ha contado como el entonces director general de Medio Ambiente le llamó en una ocasión para suspendiera una inspección que iba a realizar con respecto a si estaban trabajando todos los empleados que figuraban en el pliego del concurso. Este testigo ha manifestado que Peña le comentó que no se preocupara "que él se iba a ocupar de que se cumpliera" el número de trabajadores y ha concretado que, efectivamente, posteriormente el número de empleados se adaptó al concurso.

Sí ha dicho que dos de las empresas, una de ellas la propia Albaba, "no eran conocidas en el sector por nadie" e incluso ha dicho que cree que Albaba "no se dedicaba al tema de la jardinería". El juicio se reanudará el próximo jueves.