Siete acusados por las supuestas comisiones de Fitonovo alcanzan un acuerdo con la Fiscalía

Mientras que en una de las salas de la Audiencia Nacional concluía el juicio de pieza principal de la Operación Madeja, en otra comenzaba el de la pieza de Fitonovo dedicada al supuesto cobro de comisiones ilegales por parte de diferentes funcionarios de diputaciones y responsables institucionales a cambio de contratos públicos durante al menos 15 años en varias provincias.

Esta vez los acusados son el funcionario del Ministerio de Fomento en Cádiz Alfonso Lorenzo Iglesias; el funcionario de la Delegación de la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento en Sevilla Rubén Francisco Galeote Espejo; el funcionario del Ministerio de Fomento en Huelva Antonio Nicolás Méndez Cuadrado; el ingeniero técnico de obras públicas de la unidad de carreteras el Ministerio de Fomento Alfonso Martín Barroso; y el que fuera jefe del servicio de Carreteras de la Diputación de Sevilla, Carlos Manuel Podio. Además del también funcionario de la Diputación de Sevilla Francisco Javier Heredero Pérez; el funcionario jubilado de esta institución Elías Oliver; el que fuera jefe del servicio de Infraestructuras de la Diputación de Jaén, Miguel Ángel Cruz Garrido; el funcionario de Fomento en Jaén Luis Miguel González Palacios y el que fuese concejal popular del Ayuntamiento jiennense de La Carolina Cristóbal Pérez.

De ellos, siete han acordado con la Fiscalía el reconocimiento de los hechos, lo que impicaría la prescripción de los delitos sin pena. Los tres que no han mostrado su conformidad son Rubén Francisco Galeote, Antonio Nicolás Méndez Cuadrado y Cristóbal Pérez. La Abogacía del Estado se ha adherido parcialmente el acuerdo, sólo para el delito de cohecho. En este sentido, el letrado de Alfonso Martínez Barroso anunció que estaba intentando un acuerdo con la Abogacía del Estado respecto a su cliente. Por su parte, el abogado de la Diputación de Sevilla ha solicitado ampliar la acusación a Carlos Podio respecto a los delitos de fraude, falsedad documental y malversación, aunque anunció que se adhería a los términos del acuerdo de la Fiscalía. Respecto a este asunto, el tribunal explicó que las nuevas acusaciones pueden crear indefensión, pero se pueden admitir en el momento procesal oportuno, "que no es este".

Según el escrito inicial de acusación de la Fiscalía, Alfonso Lorenzo Iglesias habría recibido comisiones ilegales por valor de 1.385 euros de la trama; Galeote Espejo 20.000 euros; el funcionario también acusado Martín Barroso 67.336 euros; Méndez Cuadrado 5.800 euros; Carlos Manuel Podio Lora 111.822 euros, así como regalos de telefonía; Elías Oliver Morales 17.221 euros y dos coches en los que el acusado se habría ahorrado el IVA; Heredero López habría recibido 25.400 euros; Cruz Garrido 852 euros, así como artículos de informática; González Palacios 2.610 euros y una cámara de vídeo; y Cristóbal Pérez Martínez 38.929 euros.

Los tres disconformes

Las defensas de Rubén Francisco Galeote Espejo, Antonio Nicolás Méndez Cuadrado y Cristóbal Pérez, de su lado, han expresado la "no conformidad" de los mismos respecto al acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y el resto de encartados. Durante su declaración, Galeote negó tener la capacidad de decisión sobre los contratos, algo que corresponde, según él al jefe de Demarcación de Carreteras que estaba en Sevilla.

De este modo, aseguró desconocer la razón por la que aparece su nombre en dos facturas de la contabilidad B de Fitonovo puesto que "nunca" tuvo competencia en la adjudicación de contratos. A preguntas del fiscal afirmó que es "una víctima" y que la única explicación que se le ocurre para que su nombre haya aparecido en las facturas es que "Pulido haya usado mi nombre para engañar a su propia empresa".

Según la Fiscalía, la dirección de Fitonovo, "creó una infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de una facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos" y, "al mismo tiempo, creó una trama societaria que, en paralelo a una actividad comercial legal, acaparó contratos públicos usando medios ilícitos".

La empresa se habría servido supuestamente del "pago de comisiones en forma de entregas de efectivo o regalos a funcionarios o autoridades para lograr la adjudicación de los contratos públicos o para, una vez adjudicados, ejecutarlos incumpliendo los términos del contrato en beneficio de la empresa y perjudicando a la administración, a la que se facturaban servicios o trabajos no realizados".

Según detalla la Fiscalía, en las contrataciones restringidas, para las cuales se requiere al menos tres ofertas, "se establecía en connivencia con el funcionario una concurrencia ficticia en la que formalmente aparecían tres empresas distintas pero que en realidad actuaban en unidad de dirección con Fitonovo, fijando unas ofertas de las que siempre salía adjudicataria esta empresa".

En los concursos públicos, Fitonovo habría obtenido "información privilegiada de los contratos, conociendo de antemano los pliegos de condiciones técnicas o administrativas o las ofertas presentadas por otras empresas, lo que les permitía articular las ofertas en condiciones ventajosas", una información procedente de los funcionarios "en nómina" de Fitonovo.

"En otros casos, se llegaba a acuerdos para repartirse la contratación pública con empresas competidoras, llegando a acuerdos sobre las ofertas a presentar, los contratos de los que resultaría adjudicataria cada una o la subcontratación de los trabajos una vez adjudicados", agrega la Fiscalía, que aprecia "fraude en la ejecución del contrato, sobre todo cuando Fitnovo concurría como subcontratista de otra empresa adjudicataria, pagando comisiones a los representantes de la contratista y a los funcionarios para realizar menos trabajo del contratado".

"Dado que el pago de comisiones a funcionarios como compensación de las conductas anteriores no podía justificarse de forma lícita, la empresa constituyó una caja B con la que pagar las comisiones entregadas a los funcionarios o para pagar regalos que se le hacían a estos", especifica el escrito de acusación del Ministerio Público, precisando que dicha "caja B" era alimentada "mediante facturación falsa de empresas suministradoras o proveedoras" de Fitonovo.