Álvaro Martín, el juez que procesó a Chaves y Griñán en el caso ERE, es el nuevo presidente de la Audiencia de Sevilla

La Audiencia Provincial de Sevilla ya tiene nuevo presidente. Álvaro Martín, hasta ahora en la Sección Cuarta, regirá el Palacio de Justicia durante los cinco próximos años después de ser elegido este miércoles por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El magistrado, conocido por llevar parte de la instrucción de la macrocausa de los ERE y redactar el auto de procesamiento de todos los ex altos cargos implicados, pone fin así a cuatro años de provisionalidad en el cargo por culpa del bloqueo político de la cúpula judicial. Y lo hará tras imponerse a los otros cinco candidatos: su compañera de Sala Mercedes Fernández, Carmen Pilar Caracuel (Sección Tercera), Víctor Nieto (Sección Octava), Yolanda Rueda (Juzgado de Instrucción número 3) y, por último, Manuel Estrella, que se salió de la carrera tras ser reelegido presidente de la Audiencia de Cádiz.

Tres hombres y tres mujeres optaban por tanto a la plaza que ahora ocupa de forma interina Ángel Márquez, por ser el más veterano del Palacio de Justicia, después de que en los últimos años hubiesen repetido esa situación sus hermanos Juan (desde 2021 a 2024) y Rafael (desde mayo de 2024 a mayo de 2025). Desde la jubilación de Damián Álvarez en noviembre de 2021, el puesto había sido asignado por defecto (y por fuerza) al juez de más edad debido al bloqueo que durante seis años padeció el CGPJ por culpa de los dimes y diretes entre el PSOE y el PP. Ahora, por tanto, empieza una nueva era con un presidente que lo será por voluntad propia, aunque la toma de posesión se demorará seguramente hasta agosto o septiembre porque tanto Márquez como el propio Martín están a punto de irse de vacaciones.

El Pleno del CGPJ convocó la plaza de presidente o presidenta de la Audiencia el 12 de febrero de 2025, el acuerdo se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 26 de febrero y en cuestión de días se presentaron seis candidatos. El primero en hacerlo, y principal favorito desde el inicio, fue precisamente Álvaro Martín, de 55 años y miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial y de carácter conservador.

Magistrado de la Sección Cuarta desde mayo de 2024, aunque ya llevaba un lustro ayudando como juez de refuerzo, antes llevó el Juzgado Mixto número 2 de Alcalá de Guadaíra (2000-2001); el Penal Único de Avilés, en Asturias (2001-2005); el Penal número 2 de Sevilla (2005-2016); y el Juzgado de Instrucción número 4 (2016-2024). También forma parte de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desde 2009.

Su etapa más mediática, en todo caso, fue como juez de refuerzo en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, entre septiembre de 2013 y diciembre de 2016. De hecho, él pidió precisamente la plaza que dejó vacante Mercedes Alaya cuando esta consiguió un puesto en la Sección Séptima de la Audiencia. Martín no sólo investigó varias piezas de la macrocausa de los ERE, sino que también fue quien el 1 de junio de 2016 redactó el auto que procesó a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como al resto de ex altos cargos implicados, en la pieza política.

El resto de aspirantes

Carmen Pilar Caracuel, de 59 años, también pertenece a la APM. Componente de la Comisión de Igualdad del CGPJ, esta magistrada es compañera de Ángel Márquez en la Sección Tercera. La Sala que conforman ambos junto a Luis Gonzaga de Oro-Pulido se ha enfrentado últimamente a causas de gran relevancia política o pública, como el fraude de subvenciones de la cúpula de UGT-Andalucía. Caracuel también dirigió en 2023 un caso de jurado popular especialmente truculento: el de una ciudadana brasileña a la que impuso 38 años de cárcel por asesinar a sus dos vecinos en una finca de Dos Hermanas atropellándolos, golpeándolos con una piedra y acuchillándolos.

Licenciada en Derecho en la Universidad de Córdoba, y muy bética por cierto, Caracuel comenzó su carrera en Cataluña. En 1998 pasó por los Juzgados Mixtos número 4 de Cornellà y Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) y a finales de año fue promovida a magistrada. Debutó como tal en el Juzgado Mixto 5 de Hospitalet. A principios de 2001 retornó a su tierra para dirigir el Juzgado de Menores número 1 de Almería. De allí pasó al Juzgado de Instrucción 14 de Málaga. Tras superar una querella que contra ella interpuso la propietaria de una finca por presunta prevaricación, Caracuel tomó posesión en la Sección Primera de la Audiencia de Málaga el 14 de abril de 2015. En aquel acto, celebrado ante la Sala de Gobierno del TSJA, casualmente estuvo también Mercedes Fernández, otra de las candidatas a la presidencia de la Audiencia de Sevilla. Tras cinco años en la capital costasoleña, Caracuel entró en su actual destino a finales de 2020.

El tercer candidato, por orden cronológico de presentación, es Víctor Nieto, presidente de la Sección Octava de la Audiencia (jurisdicción civil por tanto). Antes fue magistrado en la Sección Segunda, a la que llegó en 2001. Esta no es la primera vez que puja por la presidencia en el Palacio de Justicia: en 2007 se enfrentó a Damián Álvarez, que obviamente ganó, y a Pedro Izquierdo, magistrado de la Sección Primera. De 67 años, Nieto es el número 46 en el escalafón de la carrera judicial en España. También es uno de los fundadores de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria y en 2015 fue premiado con la Cruz Distinguida de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

La cuarta candidata era Mercedes Fernández, otra de las veteranas de la Audiencia (64 años). Ejerce en la Sección Cuarta (es compañera de Álvaro Martín) tras unos años en la Primera y pertenece a la asociación Foro Judicial Independiente (FJI). Licenciada en Derecho en la Universidad de Sevilla, ingresó en la carrera judicial en 1988 y ascendió a magistrada en 1990. También tiene pasado político: entre 2014 y 2017 fue secretaria general para la Justicia. Fernández dejó la Administración tras la llegada de Rosa Aguilar a la Consejería. Cuando entró, era la titular del Juzgado de lo Penal 14 de Sevilla. Cuando retornó, no volvió allí sino a la Sección Primera porque en marzo de 2015 había conseguido esa plaza en la Audiencia. Antes se desempeñó en el Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz (hasta mayo de 1992) o el Juzgado de lo Penal número 5 de Sevilla (hasta finales de 2009). En esta última fecha se trasladó al Penal 14, que además era de nueva creación.

La otra candidata era Yolanda Rueda. Es la más joven del sexteto: 51 años. En 2005, con sólo 31, ya había dirigido el Juzgado Mixto número 1 de Vinaroz (Castellón). Luego pasó por el Mixto número 2 de Tortosa (Tarragona). En 2006 ascendió a la categoría de magistrada y se mudó al Juzgado de Instrucción número 1 de Mataró (Barcelona). Cuatro años más tarde llegó a Barcelona capital para trabajar al frente del Juzgado de lo Penal número 14. Y en 2015 consiguió plaza en la Audiencia de la Ciudad Condal. Rueda, que está afiliada a la asociación de perfil progresista Juezas y Jueces para la Democracia, aterrizó en Sevilla en la primavera de 2022 para ponerse a la cabeza del Juzgado de Instrucción número 3, en el que sigue a día de hoy. Nada más llegar se topó con un asunto de envergadura: la investigación contra 39 personas, entre ellas ex altos cargos de la Junta de Andalucía en la etapa socialista, por las ayudas de 80 millones que recibió la empresa Isofotón. La magistrada se estrenó a lo grande y archivó la causa, que el PP ya veía como un nuevo caso ERE, al aplicar el criterio de la Audiencia, que ya había sobreseído el proceso contra varios implicados por vulnerarse los plazos de investigación.

La no criba de Calificación

El último paso antes de que el Pleno del CGPJ hiciera su criba y se quedase con un ganador fue la ronda de presentaciones individuales de todos los candidatos ante la Comisión de Calificación, celebrada el pasado 20 de mayo. Este trámite estaba regulado en la base cuarta de la convocatoria de la plaza, que establecía que los aspirantes serán citados por la Comisión de Calificación para una comparecencia en la sede del CGPJ. Todos participaron por videoconferencia y expusieron sus proyectos en un plazo máximo de diez minutos por cabeza.

“La comparecencia no constituye por sí mismo un mérito”, matizan las normas. Es más bien “un método para evaluar y facilitar la ponderación de las aptitudes de excelencia jurisdiccional y los méritos reveladores de aptitudes gubernativas, especialmente los referidos a la amplitud y calidad de los conocimientos y habilidades jurisdiccionales y jurídicas alcanzadas en el desempeño judicial o de otras profesiones jurídicas, así como también las aptitudes gubernativas expresadas a través del programa de actuación”, según la normativa.

Una vez concluidas las comparecencias, la Comisión de Calificación debía formular una propuesta con las candidaturas que elevaba al Pleno del CGPJ. Así lo estipulaba la séptima base de la convocatoria, que hablaba de una "terna" de tres aspirantes aunque con la flexibilidad de que hubiera más. Y así lo hizo la Comisión, que de hecho no efectuó selección ninguna porque clasificó a los seis candidatos. De todas formas, por el camino se cayó Manuel Estrella al ser reelegido presidente de la Audiencia de Cádiz.