Casi diez años. Esa es la peculiar pena que está cumpliendo una mujer de Sanlúcar la Mayor por la lentitud de la Justicia. Denunció a su ex pareja por el impago de pensiones de alimentos en 2014 y tras un largo procedimiento en el que hubo hasta un error en la citación del acusado, el juicio se celebrará en febrero de 2023.

Se da la circunstancia de que la propia denunciante facilitó la dirección de trabajo del denunciado para que el juzgado pudiera notificarle la citación y, de este modo, se le localizara rápidamente y acelerar el nuevo señalamiento. A pesar de todo, se señaló para febrero de 2023. Mientras tanto, en marzo de 2022, el abogado Manuel Colorado recibió como respuesta a su queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz por el retraso en el señalamiento de juicio, "un extenso informe en el que queda patente la feroz sobrecarga de trabajo del Juzgado de lo Penal 1".

Según el abogado de la divorciada, Manuel Colorado, un procedimiento penal por impago de pensiones tiene una  tramitación relativamente sencilla. Solo hay que tomar declaración a la afectada, al denunciado y recabar algunos documentos. El letrado, indignado, recuerda que más que dilaciones indebidas "son dilaciones intolerables".  Colorado advierte que es necesario "dar un paso adelante e invertir en tecnología, y dotar a los edificios judiciales de medios actuales y eficaces, porque de lo contrario estamos sin justicia y eso es muy comprometido y alguien tendrá que responder por ello".

"Parece inaudito que el Juzgado de lo Penal no haya tenido antes en consideración que un procedimiento por impago de pensión alimenticia a hijos menores debiera tratarse con carácter preferente; y aún más preocupante resulta que esa valoración la tenga que efectuar un juzgado tras una denuncia formal ante los organismos competentes, y aún así no sea un asunto que haya quedado resuelto en toda la jurisdicción penal, sino que dependerá de la valoración o calificación que cada juzgado de lo penal otorgue a este tipo de procedimientos donde está en juego algo tan esencial y prioritario como es el sustento de los menores", señala el abogado. Como muestra, la mayor de las hijas tenía ocho años cuando comenzó este proceso y, previsiblemente, será mayor de edad cuando se dicte sentencia.

En este tiempo, la mujer ha intentado montar un pequeño negocio, un quiosco,  pero sin muy buen resultado económico, por lo que ella y sus dos hijas han vivido fundamentalmente de la ayuda que le presta su familia.

Un camino de casi diez años

El día 2 de mayo de 2014, esta vecina de Sanlúcar la Mayor interpuso denuncia contra su ex marido por impago de la pensión alimenticia a sus dos hijas, reconocida en la sentencia de divorcio. El juzgado de instrucción 3 de Sanlúcar la Mayor tramitó el procedimiento y el 31 de julio de 2018  -cuatro años después de la denuncia- lo remitió para enjuiciamiento al juzgado penal de Sevilla que por turno correspondiese.

El penal 1, con fecha 12 de septiembre de 2018, dictó un auto de admisión, aceptó las pruebas propuestas y dejó el señalamiento de juicio pendiente para cuando su agenda judicial lo permitiese.

En julio de 2021, el abogado recibió una notificación del juzgado penal señalando su juicio para nada menos que dentro de 27 meses, más de dos años, es decir, el 27 de octubre de 2023. 

En septiembre de 2021 y, "atendiendo a diversas resoluciones del Tribunal Supremo que han considerado que los delitos de impago de pensiones suponen una forma de violencia económica familiar",  el Juzgado de lo Penal 1 adelantó al juicio al 31 de enero de 2022.

Un error en la citación del acusado hizo que se suspendiera la vista oral y se fijó una nueva fecha. Será en febrero de 2023.