La juez de instrucción número 1 de Sevilla ha considerado que "no aparece debidamente justificada la perpetración del delito" en el caso de los seis policías acusados de robo durante una inspección contra el contrabando de tabaco en una tienda del distrito Macarena. En el auto, firmado el 21 de junio, la magistrada María Elvira Alberola acuerda el sobreseimiento provisional del caso y su archivo, además de dejar sin efecto las medidas cautelares, una vez que la resolución sea firme. El pasado 19 de junio la fiscalía solicitó el archivo de la causa.

El abogado de los policías, Simón Fernández, ha afirmado que es "muy triste que se haya tardado cuatro años en el visionado de una grabación que hubiera aclarado el primer día que todos los policías decían la verdad. Y más triste aun que el retraso viniera motivado por la negativa de la propia DGP que aseguró no tener medios para el volcado de las imágenes". 

El letrado recordó que los investigados se han pasado todo este periodo insistiendo en su inocencia y en que se viera la grabación completa y han sufrido además de la suspensión de empleo y sueldo, la imposición de una orden de alejamiento y la incredulidad de algunos de sus propios jefes más directos. Los seis policías nacionales, que formaban parte del Grupo 3º Operativo de Respuesta del citado distrito, llegaron a estar suspendidos de empleo y sueldo durante casi tres años.

La intervención se produjo la noche del 19 de mayo de 2015. Tras ella, la dueña del negocio, de nacionalidad rumana, denunció que los agentes le habían sustraído 17.000 euros y exigido otros 5.000 para no volver a molestarles.

Aportó en la denuncia una serie de imágenes de una cámara de seguridad en la que aparecía uno de los agentes guardándose un fajo de billetes en el bolsillo. Sin embargo, la grabación estaba cortada y, después de más de tres años, la Policía Científica pudo extraer las imágenes originales. En ellas, se veía como poco después de la marcha de los policías, llegaba una mujer al local y se guardaba más dinero en el sujetador.

En este punto, el auto de archivo explica que no ha quedado acreditado durante la instrucción que uno de los agentes investigados pidiera dinero al marido de la denunciante. Sobre los 17.350 euros que la denunciante manifestó que le habían quitado los policías, el auto señala que " si bien se observa en las cámaras cómo los agentes investigados hacen un recuento del dinero en el establecimiento" y lo meten en una bolsa, "no se observa en la grabación " que los agentes la sacaran, extremo que fue negado por los acusados. Del mismo modo, recoge como en las imágenes aportadas cuatro años después se observa cómo otra mujer presente en la tienda en esos momentos se esconde "una importante cantidad de dinero" tras hablar con el marido de la denunciante.