La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda más representativa entre los jueces y magistrados españoles, ha presentado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un amplio y detallado documento de alegaciones al Plan de Choque previsto para enfrentar la crisis del COVID-19 en la Justicia española. Según esta asociación, "con todos los respetos, las propuestas obedecen a un concepto de administración de justicia al que este CGPJ ya nos tiene acostumbrados y que ha sido pergeñado con desconocimiento de lo que sucede a diario en los juzgados y tribunales españoles". 

Según esta asociación judicial, "al socaire de la paralización efectuada por el mencionado estado de alarma", el CGPJ "ha aprovechado la situación para proponer una batería de medidas que constituyen, en su conjunto, un cambio estructural de modelo procesal". Para esta entidad, la mayoría de las propuestas "no están justificadas por el previsible aumento de la litigiosidad tras la crisis del coronavirus".

Los miembros de Francisco de Vitoria advierte que "por vía de urgencia", trata de introducir reformas "que merecen un gran consenso político".

Otro de los temas que más contraversia está generando entre los juristas es el impacto económico de esta medida. Según Francisco de Vitoria, el plan de choque del CGPJ  se limita "a hacer consideraciones generales sobre si cada medida tiene o no impacto económico. En bastantes de ellas, se dice que la medida no tiene impacto cuando, en realidad, sí la tienen".

Recuerda que sin inversión económica "es imposible neutralizar el efecto de la paralización de la mayor parte de la actividad judicial durante más de dos meses".

Asimismo, recuerdan que las cuatro asociaciones judiciales tenemos planteado un conflicto colectivo ante los tribunales ordinarios frente al CGPJ, al haberse negado a fijar las cargas laborales a efectos de salud laboral.Sobre la eliminación de la oralidad en los procedimientos civiles y laborales, que la asociación tilda de "preocupante",  cree que la huida de la oralidad "hace retroceder nuestro sistema judicial al siglo XIX, a la LEC 1881, eliminando la inmediación y alejando al ciudadano de quien ha de resolver sus cuitas, de manera contraria a la voluntad del legislador constituyente (artículo 120.2 CE)". Para ello proponen eliminar el exceso de juicios por juez dotando de más medios para poder ampliar las horas de Sala en cómputo global.

Tampoco consideran en la asociación Francisco de Vitoria positiva la limitación de los recursos en segunda instancia en los órdenes civil y, sobre todo, social. "Cualquier limitación del derecho al recurso –especialmente en materias sensibles como la laboral o de familia–, supone una pérdida de garantías para los ciudadanos y una merma directa de sus derechos. Esta medida, además, no tiene justificación alguna en el contexto de la crisis del coronavirus, donde el aumento de la litigiosidad se produce mayoritariamente en la primera instancia", explican.

Francisco de Vitoria considera "especialmente reprobable" escoger los juzgados de cláusulas suelo "como modelo a seguir en otras materias y jurisdicciones. Se propone la especialización por materias, reduciendo en muchos casos la oralidad y conforme a un modelo de juzgado centralizado por provincias. Pese a que se apunta a que se podrá seguir este modelo para materias derivadas de la crisis del coronavirus, la mayoría de las medidas propuestas van encaminadas a desatascar los juzgados de cláusulas suelo. En definitiva, medidas para desatascar un modelo que se propone como ejemplo a seguir. Consideramos que carece de lógica dicha propuesta.", añaden.

Respecto a la habilitación del mes de agosto, la asocición judicial recuerda que esta medida supone "un gravamen adicional para los abogados y procuradores, quienes no podrán disponer del mes inhábil en la jurisdicción civil para conciliar su vida familiar ni para funciones organizativas de su propio negocio. Echamos en falta la valoración de las medidas tras la emisión del preceptivo informe de perspectiva de género, conforme a la LO 3/2007 de igualdad efectiva de mujeres y hombres".

Asimismo, advierten de la "burocratización" de la Justicia con este plan de choque y la situación en la que quedan los nuevos jueces. "Especial consideración merece la degradación de la función atribuida a los miembros de las últimas promociones de jueces, a quienes se pretende imponer funciones de refuerzo ampliando el periodo de refuerzo y sustitución o acortando la formación de la promoción actualmente en la Escuela Judicial".