La Audiencia da un plazo de tres días para alegar a la personación de la Junta en los ERE

La Audiencia de Sevilla ha dado un plazo de tres días a la Fiscalía Anticorrupción y a las demás partes personadas en la denominada "pieza política" de los ERE para que presenten alegaciones al escrito presentado por la Junta de Andalucía en su intento por personarse de nuevo en el proceso en el que fueron condenados los ex altos cargos, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Así lo ha acordado una providencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla

El pasado 12 de mayo, el presidente de la Junta, Juanma Moreno anunció que la Administración autonómica volverá a "personarse" en la causa del denominado procedimiento específico de los ERE, ahora que la Audiencia de Sevilla ha terminado de deliberar sobre si presenta una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra las sentencias del Tribunal Constitucional que ampararon a los ex altos cargos, con la finalidad de "recuperar los 700 millones" que se destinaron al pago de las ayudas sociolaborales a los prejubilados y a las empresas en crisis.

El presidente de la Junta anunció que la Junta de Andalucía va a "volver a personarse" en la causa del denominado procedimiento específico de los ERE, la denominada pieza política en la que fueron enjuiciados los ex altos cargos, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La Junta de Andalucía, que está personada como acusación particular en la macrocausa de los ERE, pidió en octubre de 2016 el archivo de la pieza política al considerar que no había ninguna "trama criminal" ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE.

Ante esta petición de archivo, la Administración autonómica -presidida entonces por la socialista Susana Díaz- fue apartada de este juicio por la Audiencia de Sevilla, por lo que no ejercició la acusación en el juicio que se prolongó por espacio de un año y que terminó en la condena de los ex altos cargos, luego ratificada por el Tribunal Supremo y más tarde anulada por el Tribunal Constitucional.

Juanma Moreno dijo que la Junta va volver a personarse en la pieza del procedimiento específio por una razón, porque "dada las actuales circunstancias que hemos vivido en el último año, una vez que había una sentencia firme por parte de la Audiencia Provincial y una sentencia corroborada y confirmada por el Supremo, pues la Junta de Andalucía va a volver a personarse y lo va a hacer a lo largo del día de hoy o en el día de mañana". El objetivo, ha proseguido el presidente andaluz, no es otro que "cumplir con la obligación que tiene la Administración de la Junta de Andalucía de evitar cualquier menoscabo de fondos públicos. Nosotros tenemos la obligación de recuperar esos casi 700 millones de euros que, según la sentencia de la Audiencia Provincial confirmada por el Supremo, se desviaron de la Junta de Andalucía".

La Junta reconoce que sólo ha recuperado 28 millones

El gabinete jurídico de la Junta ha aportado a la Audiencia de Sevilla la orden del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, por la que se dispone la personación de la Junta de Andalucía en la ejecutoria de la pieza del denominado procedimiento específico. En esa orden, el consejero reconoce ante la Audiencia hispalense que hasta el momento la Junta sólo ha recuperado 28 millones de los 679 millones concedidos en el periodo 2000-2009. "A pesar de los esfuerzos desplegados, la recuperación efectiva de los fondos defraudados ha sido limitada. Hasta la fecha se han recuperado aproximadamente 28 millones de euros, lo que representa un pequeña fracción del total estimado de 679 millones de euros defraudados", asevera la orden de Sanz.

Así, señala que en el caso de los ERE la Junta ha llevado a cabo toda una serie de actuaciones con el objetivo de "recuperar las cantidades defraudadas por diversas vías, que incluyen el ejercicio de acciones civiles y penales, la incoación de procedimientos administrativos de reintegro, la formulación de reclamaciones ante el Tribunal de Cuentas por responsabilidad contable así como la ejecución de las resoluciones firmes".

En el ámbito penal, detalla, se han reclamado hasta la fecha 287,79 millones en concepto de responsabilidad civil en piezas en las que la Junta ejerce la acusación, "habiéndose dictado sentencias que reconocen prácticamente 20 millones de euros. Quedan más de cien piezas pendientes de enjuiciamiento".

En el Tribunal de Cuentas se han presentado demandas por un total de 169,4 millones, de las cuales 52,19 millones son actuaciones relativas a ayudas sociolaborales; 51,85 millones por ayudas a empresas y 64,36 millones en sobrecomisiones. "Estas acciones buscan la restitución de los fondos públicos mediante la exigencia de responsabilidad a los gestores que, con dolo o negligencia grave, ocasionaron un menoscabo en los caudales públicos", explica la orden del consejero.

Además, se han llevado a cabo procedimientos de revisión de oficio de las ayudas concedidas, especialmente aquellas en las que se detectó la existencia de "beneficiarios no legítimos". Desde fechas anteriores a la sentencia de la pieza política se han iniciado "244 revisiones de oficio de ayudas a empresas, con reclamaciones por valor de 129,1 millones de euros".

El argumentario de la Junta

La Junta de Andalucía ha solicitado su personación en el procedimiento abierto en la Audiencia Provincial de Sevilla para apoyar la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea por las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el ‘caso ERE’. La Junta pretende comparecer en el trámite de alegaciones a favor de elevar una cuestión prejudicial -ese trámite ya se pasó y actualmente el tribunal está deliberando sobre las alegaciones realizadas por las partes personadas- y presentará un escrito argumentando la oportunidad de plantear dicha cuestión ante el Alto Tribunal europeo.

➡️ La Junta de Andalucía quiere llegar hasta el final en la recuperación del dinero defraudado.

- La sentencia de la Audiencia de Sevilla, ratificada por el Tribunal Supremo, cifró el fraude en 679.412.179,09 euros.

➡️ La Junta de Andalucía considera que:

- La doctrina que establece el Constitucional en sus diez sentencias del año 2024 sobre el caso de los ERE “puede generar un escenario de impunidad parcial, no sólo penal sino también civil y patrimonial”, que impediría reparar el daño causado a los intereses de la comunidad autónoma de Andalucía.

- La Junta tiene un “interés legítimo” vinculado a la recuperación del dinero y al ejercicio de la acción civil que se reservó cuando decidió retirar la acusación, en el año 2016.

- Prueba de ese interés legítimo es también que la Junta de Andalucía ya formuló denuncia ante el Tribunal de Cuentas.

- Es “necesario” que la Junta “se persone y sea oída” para poder defender sus intereses patrimoniales.

➡️ El artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la UE obliga a todos los poderes públicos de los Estados miembros a ejercer las acciones de recuperación de fondos públicos que hayan sido defraudados.

- Esta posición responde a la jurisprudencia que ha fijado el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

- La Junta de Andalucía se halla entre los Estados miembros de la Unión Europea

➡️ El artículo 7 de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa establece que:

- Antes de que se dicte una resolución, las personas cuyos derechos e intereses legítimos pudieran resultar afectados tienen derecho a ser oídas, a formular alegaciones, a aportar documentos y a utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico.

➡️ La Junta de Andalucía formula alegaciones A FAVOR de plantear la cuestión prejudicial al considerar que:

- El Tribunal Constitucional se ha extralimitado en sus funciones. Hay motivos para considerar que el Tribunal de Garantías se ha extralimitado en su función de control, invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de jueces y tribunales.

- Sus diez sentencias tendrían una “innegable afectación negativa al resarcimiento económico de la Junta de Andalucía”.

- La interpretación que hace el Constitucional sobre las leyes de Presupuestos de la Junta de Andalucía de entre los años 2002 y 2009 se opone a la normativa y jurisprudencia comunitarias.

➡️ La Junta de Andalucía considera que se podrían estar incumpliendo las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política, siendo procedente plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal europeo.