Una juez de Sevilla ha archivado la denuncia contra el alcalde de Gines, Romualdo Garrido Sánchez, y su antecesor Manuel Camino Payán (ambos del PSOE), que fueron denunciados por supuestamente permitir que un hermano del segundo explotase el bar del Centro de la Tercera Edad pese a que no pagó el agua ni la luz durante 16 años ni el canon estipulado durante 12.

Respecto al actual alcalde, la juez explica que en cuanto conoció la denuncia pidió ser informado, “reaccionó prontamente para restaurar la legalidad, ordenó solo tres días después el cese del bar” y acordó con el concesionario un plazo de pago de los cánones que aún no habían prescrito (los posteriores a 2013).

Sobre el ex alcalde Manuel Camino Payán, la juez afirma que la situación irregular de la concesión otorgada a su hermano Agustín no nació cuando accedió a la Alcaldía en 2007 sino que “existía de forma continuada desde al menos el año 2003”. 

“Resulta además que las únicas alertas que existieron por parte de la Intervención municipal ocurren en los años 2003 y 2005, cuando aún el investigado Manuel Camino no era alcalde”, según un auto de la juez de instrucción 13 al  que ha tenido acceso este periódico.

Archivo definitivo para el alcalde, la secretaria y el interventor

La abogada Teresa Mira, que defendió a la secretaria municipal investigada, destaca que el auto tiene la particularidad de decretar el sobreseimiento libre y definitivo respecto a esta funcionaria, el interventor municipal y el actual alcalde. 

El archivo es provisional respecto a los hermanos Agustín y Manuel Camino.

El grupo municipal de Imagines, que denunció el caso, había pedido que la Intervención General de la Junta elaborarse un informe sobre los hechos, pero la juez responde que tal organismo “no goza de competencias para controlar financieramente a los ayuntamientos”, e incluso si se elaborase tal peritaje por un técnico competente “no le correspondería a él valorar jurídicamente los hechos”, sino al juez.

El concesionario del bar lo tenía desde el año 2000 y nunca hasta la rescisión de 2016 pagó los suministros de agua y  luz. Dejó de pagar el canon de 300 euros anuales en 2004.

“No consta que ni formal ni informalmente, en diciembre de 2007, cuando se adjudica la concesión por el investigado Manuel Camino Payán a su hermano, ni cuando en enero de 2008 firmaron el contrato, se advirtiese al entonces alcalde de la prolongada situación de impago del canon, y menos aún de los  suministros nunca pagados desde el año 2000”, afirma el auto.

Tampoco consta fiscalización ni advertencia posterior a la firma del contrato en enero de 2008.

“Es indudable la desatención y falta de control por parte de los diversos intervinientes municipales”, señala la juez, que lo atribuye a la falta de designación en el pliego de concesión de un personal de control. 

Ello permitió el “claro aprovechamiento y beneficio económico para el concesionario”, pero esta “lamentable falta de control no permite encontrar indicios de actividad dolosa penal“.