Los sevillanos mantienen una litigiosidad constante contra su Ayuntamiento por reclamaciones patrimoniales, principalmente derivadas de caídas en la calle: en los cinco años comprendidos entre junio de 2015 y septiembre de 2020 presentaron un total de 2.490 demandas, de las que 339 terminaron en los tribunales. Y de ellas, 238 fueron ganadas por el Consistorio y 106 por los ciudadanos.

Así se desprende de los datos facilitados por el propio Ayuntamiento en una respuesta al grupo municipal de Vox, a los que tuvo acceso este periódico. La totalidad de las 2.490 reclamaciones fueron rechazadas, en su mayor parte por desestimación, seguida de no admisión a trámite, remisión a otras dependencias por no ser competencia de la Gerencia de Urbanismo y, finalmente, por silencio administrativo.

Pero 339 afectados decidieron llevar su caso a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, que en el periodo analizado les dieron la razón en 106 casos y en otros 238 confirmaron la decisión del Ayuntamiento.

El año de mayor judicialización fue 2016, con 576 reclamaciones en vía administrativa y 121 juicios, de los que 71 terminaron a favor del Ayuntamiento y 50 del  reclamante.

Las reclamaciones patrimoniales por caídas en la calle tienen un plazo de prescripción de un año y en los supuestos de daños físicos ese plazo se computa “desde la producción del hecho causante o desde el momento de determinarse el alcance de las secuelas”.

Peregrinación de una ciudadana por una caída en Semana Santa

Pepi es una funcionaria que sufrió la fractura del tobillo al tropezar con una valla mal colocada que protegía los palcos de la plaza de San Francisco el 19 de abril de 2019, madrugada de Viernes Santo.

Estuvo ingresada cuatro días en el hospital Virgen Macarena y fue operada dos veces. Pasó 52 días sin poder apoyar el pie, 69 días en rehabilitación y 175 sin trabajar.

La suya ha sido una auténtica peregrinación de administración en administración, sin que nadie asuma su competencia: primero Fiestas Mayores dijo que el vallado donde se produjo la caída era responsabilidad de la dirección general de Movilidad del Ayuntamiento,  pero poco después este servicio devolvió el caso a la unidad de Apoyo Jurídico adscrita a la delegación de Gobernación y Fiestas Mayores.

Meses después, el coordinador general de Fiestas Mayores afirmó que “se trata de una valla cedida al Consejo General de Hermandades y Cofradías para proteger el montaje, uso y desmontaje de los palcos colocados en la plaza de San Francisco”. Es de las que se colocan tras los palcos de la plaza de San Francisco “para cerrar el acceso a los mismos al tránsito peatonal no autorizado y debería estar cerrando el hueco de las escaleras”, según el informe, por lo que el Ayuntamiento no se considera responsable de su “colocación, custodia, uso y tutela”, que “corresponde al organismo que la solicita”.

A ello respondió el Consejo que esos vallados  “precisamente en la fecha y ubicación que indica, ni se instalan ni se manipulan en modo alguno por nadie afecto a este Consejo General”.

Por el contrario, las vallas “son utilizadas, colocadas, movidas y custodiadas por las fuerzas de Policía para regular el flujo de personas durante la madrugada del Viernes Santo, jornada más sensible en cuanto a medidas de seguridad, escapando por tanto al control de este Consejo”.