Candy, el maltratador trans, no quiere estar en la cárcel con los hombres

Candy C. Q., la persona que se cambió de sexo para intentar eludir una condena por violencia machista, no quiere estar en prisión con el resto de hombres. En una carta dirigida a este periódico, y enviada desde la cárcel de Sevilla-I, este maltratador trans relata que se encuentra actualmente en el módulo 102 de dicha prisión y que comparte este departamento con 79 presos, todos ellos hombres. Candy fue detenida el pasado mes de julio tras un periodo fugado, e inmediatamente ingresó en prisión.

En su misiva, Candy denuncia que está sufriendo una "situación hostil" desde el 7 de julio, dos días después de su entra en la cárcel, cuando fue destinada al módulo 102. Asegura que la educadora le ha dicho "usted no tiene tetas como yo, para mí es un hombre" (frase que remarca en rojo), lo que para el preso "da a presumir la ignorancia de la ley trans y la poca profesionalidad" de esta trabajadora. La rea insiste en que "se está atentando" contra su integridad física y su salud mental.

"Me tengo que duchar en las duchas de los internos comunes, vulnerando mi intimidad. En el comedor me siento acosada, intimidada, he tenido que denunciar a dos internos por agresión violenta sexual e insultos y discriminaciones", relata. Candy no culpa a los presos sino a la dirección y equipos técnicos del centro, a los que acusa de vulnerar el reglamento penitenciario. Recuerda que comparte módulo con internos condenados por delitos sexuales y que el juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Sevilla es conocedor de la situación, "sin haber dado ninguna respuesta".

Pide que se le cambie de módulo, ya que sostiene que le "pertenece" por su sexo. Insiste en que ha enviado numerosas instancias y escritos sin que le hayan hecho caso. "Llevo más de cuatro meses en este módulo y estoy asustada e intimidada y con un gran problema de salud mental. Ni siquiera los psicólogos del centro son capaces de ayudarme ni solucionar la situación. Temo por mi vida", denuncia. Igualmente, Candy explica que la asistencia médica en el centro penitenciario "es horrible". "Llevo sin gafas desde hace más de tres meses, perdiendo vista, y no puedo conciliar el sueño".

Candy fue detenido a principios de julio por la Policía Local de Espartinas. Sobre ella pesaban hasta cinco órdenes de busca y captura, por no haber ingresado voluntariamente en prisión para cumplir una condena firme de un año y tres meses por quebrantamiento de otra pena. Fue reconocida por agentes de la Policía Local de dicho municipio del Aljarafe cuando estaba sentada en un velador de un bar. Al serle solicitada la identificación, afirmó que no la llevaba consigo y aportó datos falsos que correspondían a su hermano. Tras una segunda solicitud, accedió a dar sus datos reales. Una vez consultados los antecedentes y las órdenes en vigor, la Policía Local procedió a su detención y entrega a la Guardia Civil de Gines.

El juzgado de guardia de Sanlúcar la Mayor decretó su ingreso en prisión. Pasó dos días en el módulo de ingresos y después fue trasladada al módulo 102. La detención ocurrió cinco días después de que el Juzgado de lo Penal 3 de Sevilla rechazara una petición para declarar prescrita la pena de 15 meses de prisión a la que fue condenado por un delito de quebrantamiento de condena y otro de amenazas. El Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, en un auto fechado el 26 de junio de 2025, confirmó que la sentencia dictada en septiembre de 2019 no adquirió firmeza hasta el 13 de noviembre de 2020, y que el plazo de cinco años para la prescripción de la pena aún no ha concluido.

La sentencia por la que debía ingresar en prisión se originó tras una década de malos tratos, tanto psicológicos como físicos, a los que la víctima fue sometida por su ex pareja. La víctima rompió la relación hace siete años y había presentado denuncias en numerosas ocasiones ante los juzgados de Violencia sobre la Mujer. En 2014, le fueron concedidas varias órdenes de protección, las cuales el agresor quebrantó en numerosas ocasiones. En 2019, fue condenado a 15 meses de prisión. Después de varios recursos desestimados, se ordenó su ingreso inmediato en prisión el 11 de septiembre de 2023. Un mes antes de esta orden, el agresor acudió al Registro Civil y se registró como mujer.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias no han querido pronunciarse sobre el caso concreto de Candy, pero sí que han apuntado sobre el procedimiento de asignación de módulos para los internos que cuando un recluso ingresa en un centro penitenciario por parte del equipo técnico se realiza una "valoración holística, integral de la persona" y se hace una propuesta a la dirección del centro que es la que finalmente decide dónde irá el interno, pero en esa valoración "no sólo se tiene en cuenta una única condición" del reo, sino que se valora el conjunto de las circunstancias.