Un grupo de 431 abogados y procuradores de Sevilla ha pedido al Ministerio de Justicia y al Consejo Genera del Poder Judicial (CGPJ) que dote a los funcionarios de Justicia de medios telemáticos para trabajar desde casa durante la alarma por coronavirus para evitar el colapso judicial y garantizar derechos fundamentales.

El escrito ha sido suscrito por profesionales de Sevilla y otras provincias como Málaga, Granada o incluso Burgos y Vigo, y está encabezado por las letradas sevillanas Carmen García Rivero y Concepción del Toro Cruz. Va dirigido al decano de su colegio profesional, Óscar Cisneros, al Ministerio de Justicia, al CGPJ y al Consejo de la Abogacía de España.

Destacan que, con independencia de las actuaciones urgentes, “la gran mayoría de las gestiones judiciales se hayan paralizadas” debido al estado de alarma. Añaden que los abogados y procuradores, por imperativo legal, están equipados “sobradamente para trabajar de forma telemática, lo cual vienen realizando de manera habitual desde el establecimiento de Lexnet y plataformas homólogas”.

Por ello, “no hay prohibición alguna para no continuar tramitando en la medida de lo posible telemáticamente el resto de los escritos y proveídos de los procedimientos judiciales”.

Recogen que “escasos juzgados están tramitando telemáticamente ni siquiera las actuaciones urgentes”, a pesar de las consecuencias que para los derechos fundamentales tiene esta actuación judicial: “Sin que les asista ninguna razón jurídica, la gran mayoría de la plantilla de los juzgados permanece en casa sin realizar ningún trabajo telemático judicial, con lo que se está desamparando miles de derechos fundamentales y propiciando un colapso judicial sin precedentes“.

Exigen que se faciliten los medios tecnológicos precisos a los funcionarios de justicia que se mantienen en plantilla, quienes deben estar disponibles durante su jornada de trabajo “garantizando la práctica de cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso”.

En concreto, piden que se garantice la presentación, recepción y tramitación de los escritos que se presenten ante los tribunales, que hasta ahora son  rechazados, al fin de “garantizar el derecho a la tutela judicial a cualquier ciudadano, al que se le pueda causar un perjuicio irreparable”.

Con ello “se aprovecharían los recursos personales de la administración de Justicia y se paliaría en parte la indefensión ciudadana ante la ausencia de Justicia”.