La Marcha de la Dignidad celebró este jueves ante la sede judicial del edificio Noga una concentración para protestar por los retrasos en los juzgados de lo Social. Su portavoz, Rafael Polo, afirmó que la exigencia de una Justicia rápida forma parte de sus reivindicaciones básicas de “pan, trabajo, techo y dignidad” desde que nacieron en 2014.

“Si una persona despedida no tiene su juicio hasta dentro de cinco años y entonces le dan la razón con una sentencia favorable no sirve para nada”, declaró a este periódico. 

Las concentraciones se llevaron a cabo en todas las sedes judiciales de las capitales andaluzas y otras como Jerez, Algeciras y Motril bajo el lema “Si la Justicia no es rápida, no es Justicia”.

En la convocatoria se leyó el comunicado elaborado por las Marchas de la Dignidad,  en el que denuncian que “a ningún ministro de Justicia le ha interesado que funcione la Justicia” y tanto el actual titular, Juan Carlos Campo, como sus predecesores “han sido capaces de empeorar la gestión del anterior y así hemos llegado a una situación de absoluta falta de medios humanos, materiales y de recursos”.

Las Marchas de la Dignidad han centrado sus reivindicaciones en la enseñanza y la sanidad públicas o contra los desahucios, y ahora quieren denunciar la tendencia actual hacia la “pérdida de derechos por las personas trabajadoras”, cuya última manifestación son los señalamientos laborales a años vista. 

Frente a los plazos obligados por las leyes, “el incumplimiento de las agendas judiciales resulta generalizado” y lo extraño es que se cumplan las previsiones legales, afirman en su manifiesto. Esos retrasos “obligan de facto a evitar o abandonar las reclamaciones judiciales” y con ello “se desincentiva acudir a los tribunales y se debilita aún más la posición de los trabajadores”.

“Hay una voluntad política deliberada por denigrar la justicia como servicio público. Y esto no es sino el primer paso para iniciar la privatización”, afirman, y como ejemplo de ello observan que “surgen en el mercado toda suerte de mecanismos privados de mediación y fórmulas alternativas para resolución de conflictos”.