Condenan al gerente de una cooperativa agrícola de Sevilla por desviar más de 200.000 euros "en su beneficio"

La Audiencia de Sevilla ha impuesto un año y dos meses de cárcel al antiguo gerente de una importante cooperativa de la provincia porque cometió un delito de administración desleal. La infidelidad consistió en aprovecharse de su cargo para concederse a sí mismo anticipos y créditos que después no reintegraba. En unos tres años consiguió algo más de 220.000 euros. Y no sólo lo decían la cooperativa, que lo denunció, y el tribunal, que lo ha condenado. También lo admitió el propio gerente, que hace años reconoció la deuda e incluso hipotecó su vivienda para devolver el dinero. Por eso es tan leve la condena que le ha caído en un caso que también sentó en el banquillo a su mujer, la cajera, el contable y otro socio. Los cuatro han sido absueltos.

Los hechos ocurrieron entre 2011 y finales de 2014, según relata la sentencia dictada el pasado 6 de junio por la Sección Primera de la Audiencia. José Antonio M.T. era gerente de la Cooperativa Agrícola San Isidro Labrador (Casil), con sede en Marchena y más de 2.000 socios. Facultado para “efectuar y ordenar traspasos de las cuentas de la cooperativa a las cuentas de los socios”, desde esa posición de privilegio “se aprovechó de la confianza que el consejo rector tenía en él y de la relación de jerarquía que ejercía sobre la cajera y el contable” para obtener fondos de la cooperativa “a través de la autoconcesión de anticipos que él mismo aprobaba”. Es decir, que él se lo guisaba y él se lo comía pervirtiendo “los mecanismos de financiación que la cooperativa ponía a disposición de los socios”.

El gerente logró el dinero “mediante reintegros en caja, cheques o transferencias” y después lo metió en sus cuentas y las de su esposa, pero “sin que esta última tuviera un conocimiento preciso de estas operaciones y su alcance”. Por eso fue absuelta la mujer, representada por la abogada Alicia Tejerina.

El gerente percibió 227.000 euros gracias a estas irregularidades. La cantidad fue fijada por la cooperativa y el acusado la admitió como tal en una escritura de “reconocimiento de deuda y dación de pago” que firmó el 27 de abril de 2015. En otras palabras, asumió que se había quedado ese dinero y a partir de entonces empezó a devolverlo, de ahí que los jueces le apliquen los beneficios de la atenuante de reparación del daño. De todas formas, a día de hoy “quedan pendiente de abonar 75.618,81 euros”. Esa es la indemnización que deberá abonar a Oleand Manzanilla Olive Sociedad Cooperativa, en la que Casil está integrada desde 2024.

En cuanto a la cajera y el contable, trabajaban “bajo la dirección del gerente” y “autorizaron con su firma las operaciones que propuso aquel en su beneficio”, ya que el consejo rector les había dado poderes para emitir cheques y retirar dinero, pero “no queda acreditado que lo hicieran en connivencia” con el condenado, matiza el tribunal. De ahí la absolución de estos acusados, defendidos por José María Núñez y Valle Fernández, respectivamente.

La Fiscalía llegó al juicio pidiendo cinco años de cárcel para el gerente, cuatro años para su esposa y tres años y medio para los otros tres presuntos implicados, en todos los casos por un delito de apropiación indebida. En las conclusiones definitivas, sin embargo, retiró la acusación contra el último encausado y rebajó a tres años y medio su petición de pena para el matrimonio. También redujo la cantidad defraudada y no devuelta, de 340.388,50 a 75.618,81 euros. La cooperativa, por su parte, encuadró los hechos en un delito de administración desleal y pidió un año de prisión para su antiguo gerente.

La Audiencia comparte el criterio de Casil más que el de la Fiscalía y condena a José Antonio M.T. por administración desleal, pero suaviza la pena con dos atenuantes: reparación del daño, por la devolución de gran parte de la deuda; y dilaciones indebidas, por la excesiva duración del proceso judicial (diez años).

"Todo su patrimonio" para reparar el daño

El juicio dejó en evidencia el “abuso” del gerente, pero también sirvió para valorar “la importancia del esfuerzo reparador” que está acometiendo para redimirse de sus pecados y devolver a la cooperativa lo que le corresponde. “Son unánimes los testimonios de miembros del consejo rector y del auditor que destacan el reconocimiento por parte del acusado de las cantidades percibidas y su voluntad de ir reparando el perjuicio ocasionado [...], hasta el extremo de que la cantidad todavía pendiente de abono parece garantizada con la vivienda de la que es titular”, argumenta la Sala. La sentencia incluso cita una significativa frase de un testigo: “Él y su mujer pusieron todo su patrimonio a disposición de la cooperativa, que por ejemplo se puede quedar con su vivienda”.

En el polo opuesto, el tribunal también es duro con algunas excusas del procesado, como la de que “su modo de proceder no difería del seguido por otros socios” o que “había miembros del consejo rector que debían 180.000 o 200.000 euros” a la cooperativa. “Su alegación no resulta admisible [...]. Su posición [...] y la confianza depositada por el consejo rector [...] lo situaban en un plano diferente y superior a los demás socios”, espeta la Audiencia. Gracias a eso logró “la financiación que ha reconocido que de otro modo no hubiera tenido”. “Es evidente que no podía responder de las obligaciones que contrajo con la cooperativa como parece que sí han hecho otros, al no haber procedimiento alguno contra ellos”, dice la Sala.