Juicio de los ERE

Los peritos de las defensas reprochan a la IGAE que afirme que el Parlamento fue "engañado"

  • Los expertos de la IGAE insisten en que el Parlamento fue "inducido a error por el Consejo de Gobierno de la Junta, porque el proyecto de Presupuestos que se le remitió estaba fraudulentamente elaborado", en el sentido que recoge el diccionario de la RAE de "engañoso o falaz"

Los nueve peritos observan un documento en una de las pantallas de la Sala. Los nueve peritos observan un documento en una de las pantallas de la Sala.

Los nueve peritos observan un documento en una de las pantallas de la Sala. / Raúl Caro/EFE

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Los peritos propuestos por las defensas de varios de los 22 ex altos cargos procesados en el caso de los ERE han reprochado este miércoles a los peritos de la Intervención de la Administración General del Estado (IGAE) que han elaborado el informe pericial oficial que sostengan en su dictamen que el Parlamento andaluz fue "engañado", en relación con la concesión durante una década de las ayudas sociolaborales y a empresas a través de la partida 31L.

La segunda sesión de la práctica de la prueba pericial conjunta, en la que intervienen nueve expertos, se inició como concluyó ayer, con el debate y las discrepancias sobre las competencias de la Dirección General de Presupuestos en la elaboración de los presupuestos de la Junta, en los que se incluía la partida 31L -conocida popularmente como el fondo de reptiles- para el pago de estas ayudas mediante las transferencias de financiación de la Consejería de Empleo al IFA/IDEA.

Es precisamente en el transcurso de ese debate donde el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Juan Ramallo Massanet, propuesto a instancias de la ex consejera de Economía y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, ha reprochado a los peritos de la IGAE que concluyan que los parlamentarios andaluces no se enteraban de lo que sucedía con las ayudas, una expresión con la que, según Ramallo Massanet, los peritos de auxilio judicial "están preparando el terreno para luego hacer una acusación tan seria como que el Parlamento aprueba una ley fraudulenta o errónea".

Los catedráticos de Derecho Financiero y Tributario Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez. Los catedráticos de Derecho Financiero y Tributario Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez.

Los catedráticos de Derecho Financiero y Tributario Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez. / Raúl Caro/EFE

El catedrático ha insistido en que estas observaciones de la IGAE "van al corazón del sistema democrático" al apuntar a una supuesta "inutilidad del Parlamento" en lo que se refiere al control de la ley de Presupuestos.

En ese momento, el perito Ángel Turrión (IGAE) ha intervenido para señalar que "nunca" han afirmado en su informe que la ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma andaluza sea "errónea y fraudulenta", pero en cambio el dictamen sí recoge que el Parlamento fue "inducido a error por el Consejo de Gobierno de la Junta", porque el proyecto de ley de Presupuestos que se le remitió "estaba fraudulentamente elaborado" y ha añadido que al referirse al término fraudulento, lo hace en el sentido que recoge estrictamente el diccionario de la Real Academia Española de la lengua, de "engañoso o falaz".

"Nunca hemos ninguneado al Parlamento", ha aseverado Turrión, que ha agregado que en base a esa "fraudulenta elaboración" del Presupuesto, el Parlamento andaluz aprobó una partida, las transferencias de financiación, que el propio Parlamento "dice que debía ser destinado a la cobertura de pérdidas" en la agencia IDEA y en caso de que sobraran esos fondos debían ser reintegrados. "Eso lo hemos dicho y está demostrado con la documentación, no es un juicio de valor", ha sentenciado Turrión.

Por su parte, el catedrático de Derecho Administrativo Juan Antonio Carrillo Donaire, que ha elaborado un dictamen a instancias de la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo, respondió con dureza al perito de la IGAE, al señalar que su afirmación sobre las transferencias es "un sofisma y parte de una afirmación falaz: el Parlamento jamás ha sostenido que las transferencias de financiación siempre se dirigen a cubrir el estado de pérdidas de los entes instrumentales de la Junta de Andalucía".

Y Turrión replicó señalando que "hay más de 40 normas y 20 leyes" -de las cuales ha citado la ley 8/1997 de acompañamiento al Presupuesto para 1998; la ley 15/2001; y la ley 7/2013, de presupuestos para 2014-, en las cuales se dice qué son y para qué sirven las transferencias, y según el perito de la IGAE en estas tres leyes el Parlamento ha puesto de manifiesto que las transferencias sólo pueden ser utilizadas para cubrir la cuenta de pérdidas y ganancias.

Una imagen de los nueve peritos en el juicio de los ERE. Una imagen de los nueve peritos en el juicio de los ERE.

Una imagen de los nueve peritos en el juicio de los ERE. / Raúl Caro/EFE

Por su parte, el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Juan Zornoza, que junto a Miguel Ángel Martínez Lago ha elaborado un informe para la defensa del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano -que es defendido por el abogado José María Mohedano, que también representa al ex presidente de la Junta José Antonio Griñán-, aseveró que las transferencias "sirven para lo que el legislador dice cuando las otorga".

Al inicio de la segunda sesión de la prueba pericial, el debate continuó sobre las competencias de la Dirección General de Presupuestos y si tenía facultades decisorias en la elaboración del mismo, punto en el que Zornoza y Martínez Lago insistieron en que la Dirección General de Presupuestos "no decide respecto de las propuestas de gasto que le formulan las consejerías".

Ni buzón de correo ni componedor de fichas presupuestarias

El catedrático Juan Antonio Carrillo opinó sobre este punto que la función de la Dirección General de Presupuestos "no es ni la de ser un buzón de correo o un componedor de fichas presupuestarias, sino la de coordinación de ese proceso" de elaboración presupuestaria, lo que no implica que "tome decisiones".

Por su parte, Ángel Turrión afirmó hasta en tres ocasiones que la ley de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía le otorga a la Dirección General de Presupuestos "todas las competencias en materia de elaboración de presupuestos que la ley andaluza otorga al consejero de Hacienda para la elaboración del presupuesto, absolutamente todas", por cuanto la ley realiza una "habilitación amplia" a esta dirección general y, a su juicio, no se concede una habilitación amplia "a quien no tiene poder decisorio alguno".

El perito de la IGAE distinguió que los Presupuestos y la Contabilidad son dos instrumentos "distintos" y aseguró que en esta causa judicial, en la que se investigan las ayudas concedidas durante una década, lo que hay es "un problema estrictamente presupuestario, no contable".

Juan Zornoza replicó que la única "decisión real" sobre cuánto y en qué se va a gastar "la toma el Parlamento", puesto que la Dirección General de Presupuestos "pinta muy poco, por no decir nada en la fase de presupuestación", lo que provocó una nueva reacción en contra por parte de los peritos de la Intervención.

Martínez Lago completo la opinión de su compañero al afirmar que la Consejería de Hacienda tiene un "papel relevante" en la elaboración del presupuesto pero "no es el factótum" que lo controla todo, la aprobación, supervisión y el control presupuestario; y ha añadido que es el Parlamento el que aprueba la ley de presupuestos y los informes de rendición de cuentas de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

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