Este sábado 14 de enero finaliza el plazo de desalojo voluntario que la entidad financiera había dado a Dolores Jiménez para que abandonara su vivienda actual tras dejar de pagar el alquiler social. Para intentar establecer una especie de medidas cautelares que permitan que Dolores Jiménez permanezca en su casa, se han presentado seis demandas ante el Juzgado de Primera Instancia número 29 de Sevilla (el encargado de las cláusulas abusivas). El abogado ha solicitado la nulidad de una serie de cláusulas: intereses de demora, comisiones deudoras, gastos de ejecución, etc.

Esta vecina de Bormujos ha acumulado dos años de impagos por la pérdida de empleo de su marido y por su delicada salud tras haber estado en coma. Según el abogado, José Montero, que llegó directamente desde Bilbao para hacerse cargo del caso altruistamente, una vez que finalice el plazo voluntario, el banco puede solicitar que se reanude el procedimiento.

Sobre la documentación presentada, explicó que son "contra la hipoteca que ya no existe, pero he pedido la nulidad de las cláusulas que hubo en esa hipoteca. El Tribunal Supremo estableció recientemente que los préstamos aunque estén caducados o sean nulos, la nulidad sigue siendo imprescriptible. Voy a quitar las cláusulas de unas hipotecas que han hecho que esta situación llegue aquí", explicó el abogado.

Para que Dolores Jiménez se quede en su casa, José Montero explicó que dentro de las seis demandas presentadas, ha pedido la medida cautelar de urgencia de que permanezca con la posesión de la vivienda relacionado con otro procedimiento. Según la ley, de aquí a 20 días debe de haber una vista que determine si se aplican o no. "Hay juicios pendientes que van a impedir que continue el juicio del desahucio. Voy a hilar este con los seis que he venido a crear aquí para paralizar el desahucio de manera indirecta". 

Según comentó el abogado, el Tribunal Constitucional tiene sentencias en las que se indica que mientras haya "juicios embrionarios que tienen relación con otros, debe esperarse hasta la adultez para que podamos hablar con el mismo lenguaje

El desahucio fue fijado, en principio, para el 14 de octubre por el Juzgado de Primera Instancia quedó paralizado por un informe del Ayuntamiento donde se acredita la "vulnerabilidad social y económica" de su familia. La vivienda está completamente adaptada a las condiciones de falta de movilidad de la mujer y, según el alcalde de Bormujos, Francisco Bormujos, el Ayuntamiento no dispone de ninguna vivenda con esas características.

José Montero estimó en unos 6.000 euros la deuda que el banco sostiene que existe. "Ella ahora está a disposición de poder pagar su alquiler social, pero la entidad no nos da ningún paso para poder solucionarlo amistosamente". La intención del letrado es conseguir jurídicamente que Dolores Jiménez permanezca dentro de la casa. "Si sale ahora, el problema es que si dentro de dos años nos dan la razón se va producir un daño irreparable, que es que no va a poder volver a su casa, un hogar que está adaptado para su situación habitacional", argumenta. 

La entidad bancaria transfirió el alquiler a otra empresa distinta. "El derecho del cobro del contrato de alquiler no lo tiene ya el banco, el 20 de diciembre se trasladó a una empresa que se llama Promontoria Real Estate", afirmó el letrado.

La mujer está afectada por un importante grado de discapacidad, reside en régimen de alquiler social junto a su marido y su hijo en una vivienda dada en pago como consecuencia de los problemas afrontados para abonar las cuotas de la hipoteca inicialmente concertada para la adquisición de la misma.

Una moción municipal

El alcalde de Bormujos, Francisco Molina, recordó que desde el Ayuntamiento se ha intentado acercar posturas con la entidad bancaria, sin conseguirlo. "Tenemos el borrador de una moción municipal que será llevada a pleno a finales de enero para que el municipio no trabaje con entidades que no incumplan el código ético de buenas prácticas en la banca o que tengan fondos buitre", afirmó.