La juez de Instrucción número 11 de Sevilla, Cristina Loma, investigará finalmente la denuncia presentada por la asociación de juristas 17 de marzo en relación con el fajín de Franco que, como desde hace muchos años, lució la pasada Semana Santa la Virgen del Baratillo. La denuncia fue remitida al reparto del decanato por el juez de Instrucción 7, Eugenio Pradilla, a quien había correspondido inicialmente la investigación y quien, no obstante, dictó un auto, una semana después de la salida procesional, en el que rechaza que la Policía Nacional controlara la salida de la virgen con la prenda militar.

El juez explica en ese ato, que tiene fecha del 25 de abril, que “no puede cumplirse” lo solicitado por cuanto “la procesión tuvo lugar el pasado 17 de abril –ignora este instructor si con fajín o sin fajín– y ya nada cabe ordenar, en el supuesto de que ello fuera procedente”.

Los denunciantes, que presentaron la denuncia en el juzgado a pesar de la Fiscalía no aprecia ningún delito, habían pedido igualmente que se identificara a los costaleros del paso de la Virgen de la Caridad del Baratillo y también a las personas hubieran ordenado que se luciera el fajín para poder dirigir el procedimiento penal contra ellas. Sobre este aspecto, el juez señala que esta petición sería “más fácil de determinar, aun ya celebrada la procesión y no es difícil que la hermandad identificara a los costaleros que portaron la imagen, los miembros de la junta de gobierno que dispusieron que así fuera o, en su caso, los hermanos de la hermandad que lo hubieran aprobado en cabildo”.

En cualquier caso, el magistrado señala que esa medida supondría “practicar diligencias de investigación que corresponden al juzgado que deba instruir la causa”, y el supuesto planteado “no parece contemplarse” en las normas de reparto del decanato, “que son esenciales para poder trabajar sin presiones y evitar que se escoja al magistrado ad hoc, según el interés del denunciante”, dice el instructor, que señala que se estaban denunciando “hechos futuribles” y en este caso la denuncia debía remitirse al decano para su reparto entre los juzgados de la capital.

Por todo ello, el juez rechazó que se oficiara a la Policía Judicial para que comprobara los hechos, “al carecer de sentido ya la solicitud” y acordó remitir la causa a reparto, que ahora ha recaído finalmente en el juzgado de Instrucción número 11. Este nuevo juzgado ya ha abierto diligencias previas para investigar los hechos, según fuentes judiciales.