El presidente de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE), Enrique Hormigo, pronunció en Sevilla una conferencia dirigida a abogados para alertarles ante aquellos informes que pueden ser invalidados como prueba en un juicio. Muchos proceden de los intrusos que, según sus palabras, “están diezmando la profesión”.

El daño, afirman los detectives legalmente acreditados, viene de diferentes campos de actividad: peritos judiciales de investigación, criminólogos, desde las propias instituciones oficiales y desde las academias que ofrecen “un cursillo para hacerse detective en un mes” sin tener siquiera personal cualificado.

El grupo de intrusos más numeroso pero menos peligroso, afirmó Hormigo, es el de los “iluminados” que se anuncian en páginas de internet y que prometen desde infiltrarse en grupos de amigos a interceptar comunicaciones telefónicas.

El objetivo de la conferencia era mejorar la sinergia entre abogados y detectives con la finalidad última de “dar un mejor servicio al cliente”, según dijo Óscar Fernández León, responsable de la Comisión de Formación del Colegio de Abogados de Sevilla.

Hormigo alertó a los letrados sobre los diferentes motivos que pueden llevar no solo a la invalidez de una prueba sino a una responsabilidad civil, penal y administrativa.

Recordó que, según la Ley de Seguridad Privada, en ningún caso se puede investigar la vida íntima de las personas que transcurra en sus domicilios u otros lugares reservados y tampoco podrán utilizarse en este tipo de servicios medios que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o al secreto de las comunicaciones y la protección de datos.

Primer requisito del encargo: que el solicitante sea el agraviado, no un familiar ni un amigo, y que acredite el interés legítimo alegado.

El detective “trabaja bajo los principios de razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad”, y para valorar cada uno  “ante todo hay que aplicar el sentido común”, señaló el conferenciante.

"Debe ser lo menos intrusivo posible, hacer el menor daño”, afirmó Hormigo, y añadió: “Si podemos hacer una investigación en tres días, no debemos utilizar una semana”. Tampoco se debe sobrepasar el objeto del trabajo, por ejemplo investigar una infidelidad matrimonial cuando se están haciendo indagaciones laborales.

José Alberto Domínguez, delegado de APDPE en Sevilla, recordó que hace unos meses fue detenido un intruso que llevaba 15 años con oficina abierta como detective en Sevilla y  “sus informes acabarán llegando a algún juicio”.

La APDPE hace hincapié en que las responsabilidades por intrusismo (con multa de hasta 30.000 euros) no son solo para el que se hace pasar por detective sino también para el solicitante del encargo.

Las condenas en vía penal pueden ser por intrusismo profesional del artículo 403 del Código Penal, por estafa del artículo 248 y por acoso del artículo 172 del Código Penal. La responsabilidad civil vendría por demandas de protección al honor, a la intimidad y a la propia imagen.