El edificio Viapol se quedará sin juzgados el 13 de noviembre: Primera Instancia se muda ya a la Ciudad de la Justicia

El edificio Viapol, que fue construido en 1987 y ha albergado parte de la planta judicial de Sevilla durante décadas, se quedará vacío de juzgados el próximo 13 de noviembre. Para ese día está previsto que concluya la mudanza a la Ciudad de la Justicia de los 25 órganos que aún sobreviven allí, todos juzgados de Primera Instancia. Según ha informado la Junta de Andalucía, ese traslado que ya arrastra meses de retraso respecto al plan inicial comenzará el próximo lunes 27 de octubre.

Las dependencias judiciales ocupan uno de los lados del rectángulo que es el edificio Viapol, en concreto el que tiene la entrada por la calle Vermondo Resta. Las plantas 1ª y 2ª y parte del sótano 3 son propiedad de la Administración autonómica (4.975 metros cuadrados) y el resto, 10.700 metros cuadrados, llevan años en régimen de arrendamiento. En él se ubican el Registro Civil Único, el Servicio Común de Notificaciones y Embargos y los 215 juzgados de Primera Instancia. Y hasta que se marcharon a Palmas Altas en 2023 también había allí catorce juzgados de lo Contencioso-Administrativo y tres de lo Mercantil (estos sólo llevaban allí desde 2015).

La Justicia abandonará Viapol el 13 de noviembre. Así ha trascendido después de que el Consejo de Gobierno de la Junta haya tomado conocimiento este miércoles de la puesta en marcha de la segunda fase de la Ciudad de la Justicia con la entrada en funcionamiento del edificio B, destinado a la susodicha jurisdicción de Primera Instancia. La instalación del mobiliario, el traslado de la documentación y la habilitación de las once salas de vista ya ha comenzado, mientras que la mudanza de los 25 juzgados comenzará el 27 de octubre y se realizará "de manera progresiva" para que acabe a mediados de noviembre.

Para adecuar este edificio a su uso judicial, la Consejería de Justicia ha invertido casi dos millones de euros en obras cuyo fin ha sido mejorar la climatización, la insonorización y las comunicaciones, así como dotar el bloque de despachos y salas de vista. El reparto de espacios se ha realizado conforme al modelo de tribunales de instancia, secciones y servicios comunes que prevé la Ley de Eficiencia del Servicio de Justicia, que entrará en vigor en Sevilla el 31 de diciembre.

Las obras del edificio B están finalizadas desde el verano. El traslado estaba previsto para esa época aprovechando que agosto es un mes inhábil para los juzgados, pero se retrasó a petición de los operadores jurídicos para que todo el personal estuviera incorporado para la mudanza tras las vacaciones estivales. La mudanza progresiva al edificio, en el que trabajarán unos 380 profesionales, ha sido consensuada.

El edificio albergará 25 juzgados de Primera Instancia, 51 despachos, once salas de vista, dos salas multiusos, servicio de reprografía, archivos, zonas comunes de oficina y todos los servicios complementarios necesarios. Las salas de vista y zonas para el público se concentrarán en la planta baja, mientras en el resto estarán los despachos y las zonas de trabajo de los profesionales.

El traslado de los juzgados de Primera Instancia "permitirá dejar libre el edificio Viapol antes del 15 de noviembre", según la Junta. Ese es el día en el que que finaliza el contrato de arrendamiento firmado entre la Administración y la propiedad del inmueble. Actualmente, ese alquiler le costaba 1,7 millones de euros al año a la Junta. En Viapol seguirán el Registro Civil y el Servicio Común de Notificaciones y Embargos, pero esas instalaciones son propiedad de la comunidad autónoma.

Con la puesta en marcha del edificio B ya son dos los que funcionan en la Ciudad de la Justicia. La Junta, además, ya ha licitado el proyecto de adecuación del resto de inmuebles del complejo. "Cuando esté completa, Sevilla contará con la Ciudad de la Justicia más moderna y la segunda más grande de España tras la de Barcelona, con más de 130.000 metros cuadrados para unificar todos los órganos actualmente dispersos en varios edificios tanto en propiedad como alquilados", asegura el Gobierno andaluz.