El conflicto judicial en el Colegio de Aparejadores de Sevilla abre nueva página: El Consejo Andaluz ha dado un plazo de diez días a la candidatura de José Manuel Flores, que tomó posesión el pasado 6 de agosto, para que responda al recurso de la lista perdedora en las elecciones y su acusación de que el recuento de votos se hizo en contra del mandato del juzgado de incautar y no contabilizar los votos por correo.

Las elecciones entre los 2.075 arquitectos técnicos sevillanos tuvieron lugar el 1 de junio y la Mesa Electoral proclamó ganador a José Manuel Flores, de la candidatura Juntos, por 431 votos, frente a los 258 logrados por la lista de Súmate, de Rafael Esteve.

Esta última denunció desde el inicio del proceso presuntas irregularidades en el voto por correo, que fue determinante para la victoria electoral de Flores (92% de los votos frente a 8%). En el voto presencial, Esteve alcanzó el 65% del escrutinio y Flores el 35%.

Un segundo recuento realizado el 2 de agosto por la Mesa Electoral reafirmó la victoria de Flores por exactamente el mismo número de votos (431 frente a 258) y le proclamó presidente, con su inmediata toma de posesión.

La Comisión Electoral del colegio consideró que este nuevo proceso se había hecho conforme a la orden de la juez que instruye la denuncia penal por presuntos delitos de suplantación de identidad y falsedad en documento oficial cometidos en la recogida de los votos por correo.

“Escrutar solo los votos no impugnados o anulados”

Ahora, el Consejo Andaluz de Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, en una resolución del 18 de agosto a la que tuvo acceso este periódico, ha admitido el recurso de alzada de Esteve y ha dado a la parte contraria diez días para formular alegaciones.

Alega la candidatura de Súmate que el nuevo recuento se hizo en contra del mandato de la juez de instrucción 19, que había acordado realizar una nueva votación o “continuar el escrutinio de los votos no impugnados o anulados”, lo que interpreta como el recuento exclusivo de los votos presenciales.

Según el recurso, se incluyeron los votos “que están bajo investigación judicial”, pues el juzgado había acordado la “incautación, intervención y depósito en la sede del colegio, a disposición judicial, del voto por correo su totalidad” para llevar a cabo una investigación encargada a la Policía.

La candidatura perdedora pidió que el Consejo Andaluz anule la toma de posesión de Flores y "averigüe la legalidad del proceso", en el que denunció otras presuntas irregularidades como que la fiscalización del recuento debía ser realizado de una manera acordada entre todas las partes y no por el notario dispuesto por la Comisión Electoral. 

Añadió que “la proclamación de electos se ha realizado de forma irregular y en fraude de ley y es nula de pleno derecho al vulnerarse reiterada y flagrantemente los Estatutos del colegio“ cuya reputación “se está viendo mancillada por el irregular proceder de sus órganos de gobierno”.