Empieza en Sevilla el juicio contra la ‘manada’ de Écija: el fiscal pide 42 años de cárcel para tres hombres acusados de violar a una menor

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla empezó a enjuiciar ayer a tres hombres que están acusados de violar a una joven de 17 años en Écija. Los acusados, todos de nacionalidad colombiana, se enfrentan a peticiones muy duras de cárcel: la Fiscalía reclama 42 años para cada uno y la víctima, 45. Ellos defienden su inocencia y sus abogados lograron que el tribunal viese durante la primera sesión un vídeo que la menor subió a Instagram y que, en su opinión, puede ser clave para probar que existió consentimiento. Los tres encausados son J.H.E., de 32 años en el momento de los hechos; L.A.C., de 35; y C.A.C., de 21.

Según relata la Fiscalía en su escrito de calificación provisional, los acusados y la víctima coincidieron en la madrugada del 31 de marzo de 2024 en una discoteca de La Carlota (Córdoba). Ellos le ofrecieron llevarla de vuelta a Écija en su coche y ella estuvo de acuerdo. Iba con un amigo. Al llegar al pueblo, los encausados dejaron primero al otro pasajero y a continuación, “desviándose del camino usualmente transitado y recomendado” para ir a casa de la menor, se dirigieron a una explanada junto a un concesionario en el Camino de Fuensanta. Y allí, “desde las 7:52 hasta las 8:17 horas aproximadamente”, realizaron “actos de contenido sexual” contra la joven “por turnos”, de modo que “en el momento en que lo hacía uno de los acusados, los otros dos estaban presentes”.

Los presuntos violadores no sólo actuaron “sin el consentimiento de ella y pese a su negativa”, sino que “aprovecharon su actuación conjunta y el amedrentamiento que ello provocaba en la víctima”. Ese es el factor de intimidación grupal que tantas sentencias ha marcado desde la de la manada de los Sanfermines.

Las acusaciones atribuyen a cada procesado tres delitos de violación: uno como autor material y los otros dos, como cooperador necesario (de las agresiones perpetradas por el resto del grupo). El Ministerio Público pide catorce años de prisión por cada delito, mientras que la víctima eleva la solicitud a quince años. Conforme a la ley, el tope de tiempo que estarían entre rejas serían veinte años. El fiscal, además, propone que sean expulsados de España cuando cumplan dos terceras partes de la pena y que no puedan regresar en un plazo de ocho años.

En cuanto a la responsabilidad civil, también hay una notoria diferencia entre las dos acusaciones: la Fiscalía pide que los tres investigados indemnicen a la joven con 30.000 euros, mientras que la familia de ella sube la cantidad a 90.000 euros. En ambos casos sería abonada conjunta y solidariamente para resarcir a la víctima por el daño moral que le ocasionaron.