La Fiscalía solicita cuatro años y medio de cárcel para siete personas acusadas de una estafa inmobiliaria a 26 familias en Marchena. Los acusados cobraron anticipos de hasta 23.291 euros y se comprometieron a entregar las viviendas en un plazo máximo de 24 meses pero ocho años después los pisos seguían sin construirse ni el dinero se había devuelto a los afectados.

La sociedad Martia Gestión Inmobiliaria, de la que eran propietarios o trabajadores los acusados, compró en febrero de 2006 un solar en la calle Madre de Dios de Marchena y empezó a promocionar la construcción de 51 viviendas en tres fases.

“A sabiendas de que nunca iban a construirse”, según el fiscal, los acusados procedieron a la venta de los pisos y pidieron a los compradores el pago por adelantado de una parte del precio.

Así, entre abril y julio de 2017 firmaron 26 contratos, por los que recibieron un total de 581.149 euros. Los perjudicados entregaron cada uno cantidades entre 19.933 euros y 23.291 euros.

En los contratos aseguraban haber suscrito una póliza de aseguramiento que garantizaría la devolución de las cantidades satisfechas, si bien nunca llegaron a contratarla. Tal cláusula fue incluida “con claro ánimo de incentivar a los compradores a entregar el dinero”. También pidieron licencia de obras al Ayuntamiento de Marchena, que les fue concedida, y un préstamo bancario que resultó impagado.

Las cantidades que los compradores fueron entregando no se ingresaron en una cuenta bancaria abierta a tal efecto, como exige la ley.

Los siete promotores serán juzgados del 19 al 23 de noviembre en la Audiencia de Sevilla. El fiscal pedirá para cada uno cuatro años y medio de cárcel por un delito continuado de estafa, junto a una multa de doce meses a razón de 10 euros diarios (3.600 euros) y la devolución de las cantidades estafadas.