El ex director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla Joaquín Peña (PP), que está siendo juzgado en la Audiencia Nacional por las mordidas pagadas por la empresa Fitonovo para hacerse con la adjudicación de contratos municipales, ha negado este martes en su declaración en el juicio que ofreciera información privilegiada a alguna empresa sobre el macroconcurso de 48 millones que se adjudicó en el año 2012 y también ha rechazado que conociera que la empresa Fitonovo estuviera pagando mordidas por la adjudicación de los contratos municipales.

En la segunda sesión del juicio ha comenzado la declaración de Joaquín Peña, uno de los tres acusados que junto a los ex concejales de IU Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García que no han llegado a un pacto con la Fiscalía para reducir sus condenas. A preguntas del fiscal, el ex director general de Medio Ambiente -que se enfrenta a una petición de cinco años y medios de cárcel por delitos de cohecho y tráfico de influencias- ha negado que antes de que se publicara el concurso público del macroconcurso de parques y jardines 400/2012 que tenía un importe global de 48 millones de euros él asesorara u ofreciera información privilegiada a alguna de las empresas, algo que ha negado "rotundamente".

En este sentido, Joaquín Peña también ha negado que conociera que alguno de los funcionarios de su departamento estuviera ofreciendo dicha información, puesto que, según ha dicho, en caso de haberlo conocido habría actuado poniéndolo en conocimiento de sus superiores para que se abrieran las correspondientes diligencias informativas sobre el funcionario en concreto.

En la misma línea, el representante de la Fiscalía le ha preguntado si tuvo conocimiento de que los dueños de Fitonovo estaban "untando sistemáticamente y pagando mordidas" a los funcionarios a cambio de la adjudicación de los contratos. Peña ha contestado que de haberlo conocido, habría actuado en primer lugar "apartando" al funcionario y, en su caso, poniendo los hechos en manos del jugado de guardia o de la Policía . "No me cabía en la cabeza que nadie estuviera cobrando por ese tema", ha explicado el ex director de Medio Ambiente, a lo que el fiscal le ha espetado: "¡Estamos aquí por eso!". Y Peña ha añadido que las medidas que tiene un director general no son las mismas que las puede disponer la Policía.

El fiscal del caso, durante el interrogatorio.

El fiscal también le ha preguntado si cuando llegó al cargo dio alguna instrucción para que no se contratara más con Fitonovo puesto que era una empresa vinculada a los "socialistas", en alusión a los anteriores gobiernos locales del PSOE. Según ha declarado Joaquín Peña, cuando accedió a la dirección general "en el ambiente había que Fitonovo era muy favorecida" en la contratación y lo que dijo es que si había otras empresas en las mismas condiciones que no se llamara a Fitonovo, puesto que "concentraba un riesgo grande" debido a las numerosas contrataciones que tenía en Parques y Jardines, dado que en caso de que fallara el servicio se quedaba "desasistido". Fitonovo, ha añadido, concentraba entonces "dos tercios" de los contratos de conservación de Parques y Jardines, y la conservación de juegos infantiles, lo que suponía el 75% del presupuesto de la contratación de su departamento, y la intención que tenían era la de "abrir al mercado" estas adjudicaciones.

El coche lo pagó él "hasta el último euro"

En su declaración, el fiscal le ha preguntado igualmente si alguna de las empresas que participó en el macroconcurso de Parques y Jardines le regaló un vehículo Volkswagen Passat que Peña adquirió por 21.046 euros tan sólo cinco días después de que una de las sociedades vendiera su participación en la UTE que se había adjudicado varios lotes. El acusado ha asegurado que la Policía no ha comprobado el contrato de financiación que suscribió con el concesionario de la firma. "Lo pagué yo hasta el último euro", ha aseverado el ex director de Medio Ambiente.

En relación con el macrocontrato de 2012, ha afirmado que fue un éxito de convocatoria -se presentaron 120 empresas a los seis lotes en que se dividió- y el proceso fue "lo más objetivo y más claro posible", que se publicó en el diario de la Unión Europea y en el BOE, y en el que las empresas tenían un "interés inusitado" en participar.

Joaquín Peña ha reconocido que cuando llegó a Medio Ambiente la relación con el jefe de servicio de Parques y Jardines Francisco Amores Carredano -uno de los acusados que ha reconocido los hechos en el acuerdo alcanzado con la Fiscalía- se deterioró "bastante pronto" y tuvo un enfrentamiento porque fue "desleal" y lo criticaba "en público y en privado".

El fiscal le ha interrogado por la inclusión de la empresa Albaba, de la que era administrador un amigo suyo -Alfonso Lozano Pastrana, uno de los acusados que ha reconocido los hechos- y en este sentido, Joaquín Peña ha negado que esa amistad fuera el motivo de que comenzara a recibir contratos porque de los 213 contratos que se hicieron durante su mandato, Albaba fue invitada en unas 14 ocasiones y sólo fue adjudicataria "tres veces", ha afirmado. Sí ha reconocido que a Alfonso Lozano lo conoce desde hace más de 30 años y porque ambos militaban en el PP, y ha dicho que aunque fue una vez a cenar a su casa y éste lo invitó a su boda y al bautizo de su primera hija, "las cuestiones personales las dejo en la puerta".

Así, ha dicho que no es cierto que en el departamento hubiera una consideración de que esta empresa era de "los favoritos del director general", puesto que no cuadra con el hecho de que sólo fuese adjudicataria en tres ocasiones y además su relación de amistad no llegaba al límite de que "condicionara su decisión", porque además "nunca se ha desviado de la propuesta" que le hacían los técnicos del servicio.

La Fiscalía acusa a Joaquín Peña de haber influido mediante una "indicación expresa" a su subordinado Francisco Amores para que favoreciera a la entidad Albaba, de la cual era administrador de hecho su amigo Alfonso Lozano, en el macroconcurso de los 48 millones. El Ministerio Público también le atribuye haber "impedido" la labor de control e inspección sobre la ejecución del contrato "a sabiendas de que la cesión" de una de las empresas a Albaba de uno de los lotes "no había sido consentida por el Ayuntamiento de Sevilla", algo que también ha rechazado el ex director general acusado.

El Ministerio Público pide por un delito de cohecho una condena de cuatro años y el pago de una multa de 6.000 euros para Antonio Rodrigo Torrijos y para José Manuel García, en relación con las mordidas de 155.000 euros pagadas supuestamente por Fitonovo para “financiar” este partido, mientras que reclama cinco años y medio de cárcel y multa de 10.200 euros para Joaquín Peña, al que atribuye además de un delito de cohecho otro de tráfico de influencias.