Una médico forense del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla examinará la próxima semana, en concreto el 18 de mayo, al ex presidente de la Junta José Antonio Griñán antes de emitir el informe que será clave para que la Audiencia de Sevilla decida sobre su ingreso en prisión, una vez que ha concluido las sesiones de radioterapia de su tratamiento contra el cáncer de próstata que se le diagnosticó en diciembre pasado, según han confirmado fuentes del caso.

La nueva cita se produce a tan sólo diez días de las elecciones municipales del 28 de mayo, por lo que la decisión definitiva podría incluso conocerse antes de los comicios, aunque que una vez que la forense emita el informe, la Audiencia tendrá que darle traslado del mismo y pedir un pronunciamiento sobre si Griñán debe ingresar en prisión a la Fiscalía Anticorrupción y a la acusación popular que ejerce el PP, tal y como anunció recientemente la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla. Dependerá, por tanto, de los plazos que el tribunal conceda a las partes para emitir sus informes que la resolución se conozca antes o después de la cita electoral.

En enero pasado, el informe elaborado por la forense del IML aconsejó que Griñán no entrara en prisión y eso llevó al tribunal, una vez conocida la opinión de la Fiscalía y de la acusación popular, a aplazar la entrada en el centro penitenciario de Griñán. La forense recomendó entonces que no entrara en prisión hasta que se "confirme la remisión, en su caso, de su patología oncológica". El dictamen advertía de que aún se desconoce "cuál será la evolución" del cáncer de próstata detectado en diciembre pasado a Griñán y, en este sentido, subrayaba que los posibles efectos secundarios y las frecuentes revisiones son "poco compatibles" con la vida en prisión.

Sin embargo, una vez que ha concluido las sesiones de radioterapia, la Audiencia acordó en una providencia dictada el pasado 2 de mayo dar traslado al IML de la documentación médica aportada "a fin de que emita informe, a la mayor brevedad, sobre si el tratamiento que se prescribe es compatible con el ingreso en prisión a efectos de resolver sobre la suspensión de la ejecución a tenor del artículo 80.4 del Código Penal que fue solicitada por la representación del mismo".

En esa providencia, el tribunal recordaba que el informe aportado por los servicios que han atendido a Griñán "se especifica el plan de actuaciones consistente, tan sólo, en tratamiento farmacológico y ejercicios rehabilitadores". La forense, como hizo anteriormente, ha preferido examinar personalmente a Griñán antes de emitir el dictamen.

En este contexto, el recurso de amparo que formalizó la defensa del ex presidente andaluz a mediados de abril es prácticamente la última carta de Griñán para evitar su entrada en prisión. La defensa del ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán formalizó el pasado 12 de abril el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Supremo que confirmó su condena a seis años y dos días de prisión por el caso de los ERE.

El amparo puede ser la última oportunidad de Griñán para impedir lo que cada vez parece más próximo, su entrada en prisión y todo ello a pesar del cáncer que le fue diagnosticado en diciembre pasado. El hecho de que la Audiencia de Sevilla rechazara recientemente suspender la entrada en la cárcel del ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá –que también padece cáncer–, anticipa que el tribunal tomará la misma decisión en su caso. De hecho, el ingreso en prisión del ex presidente andaluz fue aplazado en enero pasado a la espera de que terminaran las sesiones de radioterapia previstas en el tratamiento contra la enfermedad.

Griñán, que en junio cumplirá 77 años, es el único ex alto cargo condenado por la malversación de 680 millones de los ERE que no ha pisado la cárcel, con la excepción del ex director de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, a quien la Audiencia de Sevilla suspendió su entrada en prisión después de que el Tribunal Supremo redujera su condena a tres años.

Todos los ex altos cargos han presentado el recurso de amparo después de que el Tribunal Supremo rechazara el pasado 1 de marzo los incidentes de nulidad planteados contra la sentencia que confirmó su condena, tras haber alegado la vulneración de derechos fundamentales, entre ellos que se había vulnerado el derecho a la presunción de inocencia por la anticipación del fallo de la sentencia en julio de 2022, dado que el contenido de la resolución no se hizo público hasta septiembre del año pasado, cuando se incorporó el voto particular que emitieron dos magistradas que entendían que Griñán y otros cuatro ex altos cargos ajenos a Empleo –Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez Román y Miguel Ángel Serrano Aguilar– debieron haber sido absueltos.