Luisa María Flores Flores sigue siendo guardia civil en activo, a pesar de que lleva años sin ponerse el uniforme ni acudir al trabajo. Se negó a cumplir una orden de un superior que ella consideraba ilegal y desde entonces acumula una pila de expedientes disciplinarios, suspensiones de empleo y sueldo, bajas médicas, denuncias, condenas y recursos. Un embrollo jurídico del que creía que había salido cuando cumplió la última de sus sentencias, una pena de seis meses de prisión por decir que uno de sus superiores expelía un "fétido olor" corporal. Ese tiempo estuvo también inhabilitada y sin sueldo.

En julio finalizó su condena. A pesar de ello, todavía no ha vuelto a cobrar su salario (disminuido en casi 600 euros por la pérdida del complemento de destino) por cuestiones burocráticas. Ni se ha podido incorporar a su trabajo pues sigue de baja médica forzosa. No sabe cuándo lo hará. Acumula deudas y préstamos y tiene la cuenta bancaria en números rojos. Vive de la caridad de sus amigas y acaba de abrir un crowdfunding en internet para tratar de conseguir dinero para comer. "No tengo ni para gasolina", dice, en su casa de Chipiona, donde vive y cuida de su madre anciana y enferma de alzheimer.

Hija y nieta de guardias civiles, Luisa Flores tenía una hoja de servicios brillante hasta el 9 de diciembre de 2016, fecha en la que comenzó la pesadilla que aún hoy la tiene sin dormir, "muerta en vida". Ese día asistió a una víctima de violencia machista que tenía una valoración de riesgo extremo según el sistema de seguimiento integral de los casos (Viogén). Es decir, existía una probabilidad muy alta de que la mujer fuera atacada por su agresor. 

Fotos de Luisa Flores con el uniforme de la Guardia Civil y una figura de un agente benemérito.

Este sistema funciona con una serie de preguntas a la víctima y en función de sus respuestas hay una escala de riesgos: no apreciado, bajo, medio, alto y extremo. Cuando las mujeres se encuentran en esta última fase, la de riesgo extremo, es obligatorio que estén protegidas por la Guardia Civil (o la Policía Nacional en función de la zona en la que se produzcan los hechos) durante las 24 horas del día.

Después de comunicar esta situación de riesgo extremo al superior que estaba de comandante de puesto en funciones, tal como establece el protocolo, recibió un mensaje de WhatsApp en su teléfono móvil, enviado por un alférez. "Luisa, dice el capitán que le bajes el riesgo a la víctima porque no tiene patrullas". La agente llamó por teléfono a este mando y le comunicó que ella era la instructora de esas diligencias y que no consideraba adecuado rebajar el nivel de riesgo de la víctima. Eso suponía en la práctica una falsificación del informe, pues había que manipular las respuestas para que el sistema bajara la calificación. 

Entre las preguntas figuraban si el agresor tenía antecedentes penales, si tenía antecedentes por violencia doméstica, si había estado en prisión o si consumía drogas. Todas las respuestas eran afirmativas. La agente se negó a cambiar la valoración y hubo que buscar una patrulla de la Sierra de Cádiz para que pudiera proteger a la víctima. "Yo, como persona y como guardia civil, no hubiera podido cargar con una muerta a mis espaldas".

La agente Luisa María Flores.

Poco después, la agente Luisa Flores solicitó protección porque el agresor de la víctima de la que se había negado a rebajar la valoración de riesgo extremo le había pintado el coche. La conocía de un incidente anterior porque el agresor había intentado matar antes a su madre y fue esta agente la que intervino. Además, vio movimientos sospechosos en torno a su domicilio. "El capitán tenía que dar la orden para que me pusieran protección y no lo hizo. Yo hacía el servicio y me pasaba las noches vigilando mi casa y el coche". 

En febrero de 2017, la Guardia Civil le da de baja forzosa por estrés. "A usted le gusta mucho trabajar, trabajar y trabajar, por eso nos hemos vistos obligados a tomar esta determinación", cuenta que le dijeron. Ya estando de baja, le autorizaron la protección. La examinó un médico de la Comandancia, que no le apreció nada. Finalmente el psicólogo le dio de baja por estrés laboral. Y, momento surrealista, como el profesional que la atendió trabajaba también en la base de Rota, le hizo el informe en inglés.

Después la fueron diagnosticando sin verla, lo que le supuso una serie de denuncias al Colegio de Médicos. Pidió que se le abriera el protocolo de acoso, después de que le negaran la reincorporación al trabajo. A raíz de ahí fueron llegando expedientes disciplinarios. Hasta ocho. Ha ganado prácticamente todos. Muchos de ellos vinieron acompañados de suspensiones de empleo y sueldo por periodos de entre tres y seis meses.

Uniforme de la Guardia Civil.

"Me citaban para reconocimientos médicos cuando tenía a mi madre ingresada en el hospital. Porque yo tenía que comunicar cuando mi madre estaba hospitalizada. Obviamente no podía ir a Madrid y dejar a mi madre sola. Eso significaba que yo me negaba a pasar los reconocimientos médicos por motivos injustificados y por tanto me expedientaban y me suspendían de empleo y sueldo. Solicitaba cambios de cita o que me reconocieran por videoconferencia, pero no era posible". 

Mientras tanto, los expedientes prosperaban y ella se pasaba periodos de hasta seis meses sin cobrar. Esto la obligó a endeudarse cada vez más, a refinanciar préstamos para poder ir viviendo. Luego recibía el dinero atrasado, pero ya su deuda había ido creciendo.

También la expedientaron por aparecer en los medios de comunicación de uniforme, de baja y sin autorización. Ella alegó que había salido con su uniforme impoluto y pulcro, y no como el de uno de sus superiores que siempre expelía un "fétido olor" y que descuidaba su aseo e higiene personal, para el que por tanto también solicitaba que se la abriera expediente. Ese escrito llegó al superior en cuestión, que se querelló contra ella por injurias.

El caso terminó en el tribunal territorial militar de Sevilla, que la condenó a seis meses y medio de prisión. Los hechos ocurrieron estando ella de baja, no en el ejercicio de sus funciones como guardia civil, a pesar de lo cual fue enjuiciada por un juzgado militar y no por uno civil. Además, estuvo inhabilitada durante estos seis meses de prisión. Esto supuso un perjuicio económico enorme para la agente, que ya había acumulado deudas anteriores por las suspensiones previas y por los costes judiciales de su caso.

La nueva condena le obligó a ir incrementando sus préstamos y se encuentra en una situación desesperada. Ahora, una vez finalizada la pena, sufre un retraso debido a cuestiones burocráticas. Su documentación se envió el 27 de julio al Ministerio de Defensa. En agosto no se publicaron boletines. No cobrará al menos hasta octubre. Y lo hará con un sueldo reducido en casi seiscientos euros por la pérdida del complemento de destino.

Está actualmente en números rojos. Sus amigas le ingresan dinero para ayudarle. Con eso va haciendo ingeniería financiera. No paran de llamarle desde distintas empresas de crédito a lo largo del día. "No tengo dinero para pasar la ITV del coche, ni para gasolina, ni para llevar a mi madre al médico, ni para comer. Me veo en la ruina por proteger a una víctima de la violencia machista, que podía haber muerto. Sin embargo, ahora la que está muerta en vida soy yo".

La guardia Flores ha abierto una cuestación en internet para quien quiera colaborar en su causa. En ella, explica que debe más de 60.000 euros "entre préstamos de defensa de abogados y continuas retiradas de sueldo por apertura de falsos expedientes, y por hacer bien mi trabajo como Guardia Civil y defender la vida de una ciudadana que tenia riesgo extremo y por lo tanto que peligraba su vida". "No puedo trabajar porque amenazan con abrirme expediente por falta grave y expulsarme, además de que tengo a mi madre con alzheimer a mi cargo y con estos medios escasos con los que me han dejado, ni para poder hacer frente a los pagos de farmacia o para poder dejarla al cuidado de alguien especializado".

Ni puede trabajar fuera de la Guardia Civil ni tampoco la reincorporan. Le diagnosticaron un trastorno de personalidad, sin que el médico la viera, lo que le llevó también a costearse una psiquiatra para tratar de tumbar este dictamen. Se queja de cierta misoginia y cree que los superiores que maniobraron contra ella nunca lo habían hecho contra un hombre.

No quiere manchar el nombre de la institución y deja claro que sus quejas no van contra la Guardia Civil, sino contra una serie de miembros que le han hecho la vida imposible. De hecho, su casa está llena de motivos relacionados con el instituto armado y fotos de ella de uniforme. De todo este asunto ha dado cuenta a la Casa Real, a la que ha informado mediante correos electrónicos para que esté al tanto de su situación y a la que agradece la atención recibida. Al igual que lo hace con el Estado Mayor de la Guardia Civil.

Su caso ha llegado al Tribunal Constitucional, que no admitió su recurso por no haber agotado la vía judicial, lo que era incierto. El propio tribunal admitió en una segunda resolución que esto había sido un error material, pero tampoco admitía el recurso al entender que el asunto "no trascendía del caso concreto por plantear una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica o con unas consecuencias políticas generales". Hoy se siente amordazada y maniatada.