Un juzgado de Sevilla ha archivado la causa contra diez personas, socios y empleados de un magnate petrolífero nacido en la India que está acusado en España de fraude al IVA en la compraventa de hidrocarburos.

En el auto de archivo, el juez de instrucción 16 entiende que todas estas personas actuaron engañadas o como empleadas de Ajoy G., de 57 años, que está en orden de búsqueda y captura internacional desde que “presumió que la defraudación iba a ser detectada por la Agencia Tributaria y abandonó el territorio español”.

El auto de archivo, al que tuvo acceso este periódico, recoge que entre los investigados ahora exculpados figuran la esposa del empresario y su secretaria, que en algunas de las declaraciones “se insinuaba” que también era su amante.

Sobre Ajoy G. pesa una orden internacional de captura que ha sido imposible llevar a efecto, pero curiosamente el empresario tiene cuentas en Instagram, Facebook, Linkedin y otras, donde actualiza regularmente sus perfiles. También su empresa tiene una página web donde relata los sucesivos y ambiciosos proyectos en  los que se embarca.

El sobreseimiento se ha dictado ahora contra ocho empleados del empresario, que se unen a otras dos personas  que estaban apartadas del procedimiento desde julio de 2018. Entonces “quedó acreditado que cuando descubrieron las maquinaciones de Ajoy G. y antes de que por la Agencia Tributaria se incoara ningún procedimiento sancionador, voluntariamente regularizaron el pago del IVA”.

Los restantes investigados “actuaron sin tener  conocimiento concreto de los planes de Ajoy G. de apoderarse del IVA”, dice el juez. Eran empleados del magnate y “tenían conocimiento de una serie de transferencias bancarias que se realizaban desde las empresas españolas hacia cuentas en el extranjero”, pero todo lo hacían por orden del principal investigado.

Explica el auto que “las objeciones que como simples comentarios le plantearon estaban hechas siempre desde su situación de subordinación entre el director y dueño de la empresa y sus empleados”, aunque “la  alarma se agravó para los empleados cuando empezaron a llegar, a partir de noviembre de 2015, requerimientos de pago de la Agencia Tributaria”. Lo pusieron en conocimiento de Ajoy G., éste “hizo reiteradas promesas de arreglar la situación pero no hizo nada efectivo”.

Como responsable de las empresas aparecía  Enrique F.B., un testaferro que “era un simple tractorista y encargado de la explotación de una finca agrícola que desde el año 2003 era propiedad de Ajoy G.”

El tractorista “desconocía el contenido de su nombramiento como administrador” y aceptó el cargo “sobre la base de una relación de dependencia y absoluta confianza”.

El empresario “le justificó  su nombramiento porque trabajaba como encargado de la finca, lo que hacía conveniente que fuese administrador para realizar las gestiones propias”, según el auto de archivo.

El tractorista incluso prestó un dinero al empresario, que no ha cobrado, y sufrió el acoso de los cobradores de morosos entre marzo y mayo de 2016, cuando ya Ajoy G. había huido y los clientes no recibieron los hidrocarburos que habían pagado.

En cuanto a la esposa del empresario, el juez entiende que no se ha demostrado ninguna participación en la defraudación y además permaneció en España cuando su marido huyó.

También se archiva la causa respecto a la secretaria particular del empresario, que según el auto le acompañaba en sus viajes.  Sobre ella, otros investigados dijeron “que no se enteraba de nada de lo que estaba pasando, pues  obedecía ciegamente”, y algunos testigos llegaron a insinuar la existencia de una relación sentimental.