La Junta de Andalucía ha rectificado su decisión de declarar en desamparo al hijo de 15 años de una ciudadana rumana que lleva 17 viviendo en España y, tras analizar la valoración de los expertos y confirmar que el deseo de A. es regresar con su familia, ha archivado ese procedimiento que había ejecutado el pasado 13 de febrero. La madre, Mioara Muresan, denunció entonces que la Administración se lo había retirado sin haberle dado ninguna explicación y que lo habían sacado del instituto donde estudiaba para llevárselo a un centro de menores.

En una resolución firmada ayer mismo, sin embargo, la jefa del servicio de Protección de Menores en Sevilla varía el rumbo del caso, declara la “caducidad” del procedimiento y por tanto lo archiva, aunque también insta a “realizar un seguimiento” del núcleo familiar para evitar la “posible repetición” de la “situación de desprotección” que originó la reacción administrativa. Esa tarea recaerá en un equipo multidisciplinar desde los servicios sociales.

El menor A., de 15 años y sin padre conocido, es el mayor de tres hermanos. Los otros son un chico de 11 años y una niña de 4. Según un informe emitido en julio de 2022 por los servicios sociales, el núcleo familiar presentaba como característica principal la “gran inestabilidad” de la madre “en todos los aspectos”, hasta el punto de que sus hijos tenían “miedo a una agresión física” por parte de su progenitora. Esa coyuntura estaba agravada por el conflicto entre la mujer y el padre de su segundo hijo por la custodia compartida.

El menor fue diagnosticado de trastorno de conducta alimentaria y fue derivado a una unidad de salud mental en marzo de 2021. Los informes también reflejaban “la problemática derivada de su no identificación con su sexo de nacimiento” y un ingreso hospitalario por ingesta de pastillas en mayo de 2022.

El 2 de febrero de 2023, el equipo de Menores dictaminó que el menor estaba en “una situación de desprotección grave” y enumeraba indicadores como “maltrato físico y emocional, negligencia hacia las necesidades escolares o falta de colaboración de la progenitora”. En otro informe del 6 de febrero, Protección de Menores proponía declarar en desamparo a los tres hijos.

La Administración, pese a todo, realizará un "seguimiento" de la familia para "minimizar riesgos"

El 13 de febrero, la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Sevilla acordó el inicio del procedimiento de desamparo y la declaración provisional de desamparo del menor y fundamentó esa “posible situación de desprotección” en factores como “ideación suicida, conductas de autolesión y absentismo escolar”. Tras iniciarse ese procedimiento, otro informe corroboró la conflictiva situación de la familia y alertó sobre “la exposición” del adolescente “en los medios de comunicación por parte de la progenitora”.

El 11 de agosto, sin embargo, Protección de Menores concluyó que la “situación global de desprotección” de A., aun siendo “grave”, era “de carácter moderado”. “Teniendo en cuenta su edad y su deseo explícito de retornar con su progenitora y con sus hermanos”, los expertos proponían revocar la resolución provisional de desamparo de A. y no declarar el desamparo de sus hermanos. También aconsejaban “realizar un seguimiento” de los menores y efectuar “trabajo específico” para así “evitar la posible repetición de la situación de desprotección” y “minimizar los riesgos existentes”.

El miércoles 16, el menor compareció ante el equipo que había seguido su caso y manifestó su “deseo de regresar al domicilio familiar junto con su madre y hermanos” y trabajar en los “indicadores de riesgo” que han detectado los especialistas.

El abogado estudia pedir una indemnización por daños morales

El abogado de Muresan, José Antonio Sires, destacó ayer su “complacencia” por una “rectificación administrativa” que, a su juicio, “evidencia que la retirada del menor del centro educativo sin que su madre lo supiera fue irregular y sin garantías legales y jurídicas”. Al margen del procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla por la querella presentada por la madre contra la Junta, el letrado estudia la correspondiente acción judicial para “el resarcimiento de los daños morales que hayan sufrido tanto ella como el menor por la actuación incorrecta de la Administración”.