Entre las decenas de juicios que se han suspendido debido a la alarma sanitaria por coronavirus se encuentra el que debía celebrarse a partir este martes 5 de mayo contra la directora en 2005 de una residencia de mayores de Utrera, la doctora y tres enfermeros. La familia de una residente que murió después de que le amputaran una pierna por gangrena pide para ellos  siete años de cárcel por presuntos delitos de homicidio por imprudencia profesional y denegación de auxilio.

La defensa de los cuatro profesionales rechaza cualquier tipo de mala práctica y atribuye el fallecimiento de la anciana a su avanzada edad y numerosas patologías previas.

El juicio iba a celebrarse en diciembre de 2019 pero quedó aplazado al 5 y 11 de mayo y ahora de nuevo se deberá fijar una nueva fecha, a la vista de la suspensión de todas las actividades judiciales no urgente por el estado de alarma por coronavirus. 

María Luisa R.R., entonces de 81 años, ingresó el 16 de junio de 2005 en el geriátrico con diabetes con defectuoso control metabólico, valvulopatía, insuficiencia tricúspide, fibrilación auricular, hipertensión pulmonar y con las secuelas de un ictus que había sufrido en 2004, con una parálisis izquierda que le obligaba a permanecer encamada y con total dependencia de terceras personas, según el escrito de acusación del fiscal al que tuvo acceso este periódico.

Los seis hijos de la anciana advirtieron al personal de que tenía lesiones en el sacro que precisaban de curas diarias y de que era necesario prevenir la aparición de úlceras con cambios de posición cada dos horas, levantar diariamente a la paciente, higiene de la piel, hidratación, lubricación y masaje circular, añade la Fiscalía.

“A consecuencia de la falta de cuidados y atención”, según el fiscal, desarrolló úlceras en ambos pies, el 16 de agosto de 2005 fue derivada a la Clínica de Fátima donde ingresó con lesiones ulceradas e incluso necróticas. A pesar de las curas diarias, no hubo más remedio que amputar la pierna izquierda el 29 de agosto y su estado de salud fue empeorando hasta que falleció el 15 de septiembre de 2005.

Dice el fiscal que durante el tiempo en que estuvo ingresada en el centro no le realizaron las curas exigidas por la praxis médica, con limpieza y desinfección de las úlceras, “sino meramente un cambio de vendaje y taloneras”.

Por un presunto delito de lesiones por imprudencia profesional, la Fiscalía solicita para cada acusado dos años y seis meses de prisión y una indemnización a los seis hijos de  58.958 euros.

"Nefasta asistencia y falta de tratamiento", según los hijos

La acusación particular que ejercen los seis hijos de la fallecida imputa a los cinco acusados un presunto delito de homicidio por imprudencia profesional grave, por el que piden cuatro años de prisión y seis de inhabilitación profesional, y otros tres años de cárcel y tres de inhabilitación por otro delito de denegación de auxilio.

Reclaman una indemnización de 62.310 euros, a los que suman otros 40.000 euros para cada hijo “en concepto de daño moral por las tremendas circunstancias que rodearon el caso y el sufrimiento que ello generó”.

Afirman en su escrito de calificación que la ingresaron temporalmente por ser verano y cuando llegó al centro su madre estaba “sin ningún tipo de úlcera y con la diabetes controlada”.

“La nefasta asistencia y falta de seguimiento”, sin controlarle la diabetes ni realizar los necesarios cambios posturales, terminaron por producirle en el pie unas úlceras “ante la falta de cuidados y una dejadez del personal imputado que raya la crueldad”, afirman.