La actual interventora general de la Junta, Amelia Martínez Sánchez, fue la consejera de la Cámara de Cuentas de Andalucía responsable del informe que respaldó los avales concedidos por la agencia IDEA a la empresa Isofotón por importe de 29 millones de euros en los años 2010 y 2011.

Amelia Martínez Sánchez, que entonces era consejera nombrada a propuesta del PP y que en septiembre de 2019 fue nombrada interventora general por el Gobierno de Juanma Moreno, y fue, por tanto, la responsable del informe de la Cámara de Cuentas realizado en noviembre de 2015 sobre la “Fiscalización de los recursos y aplicaciones de fondos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)” referido al ejercicio del año 2012, según han confirmado a este periódico fuentes del caso.

Los informes de fiscalización se reparten en la Cámara de Cuentas entre los distintos consejeros, por departamentos, y cada uno de ellos es “responsable” del informe, aunque los mismos se aprueban finalmente por el Pleno del órgano.

En los últimos años, Amelia Martínez, como auditora del órgano fiscalizador ha testificado en el juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE contra los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y también en el primer juicio celebrado por las irregularidades en los avales y préstamos concedidos por Invercaria a la empresa Aceitunas Tatis.

En el juicio de los ERE, Amelia Martínez recordó que emitió un voto particular discrepando del informe definitivo que la Cámara de Cuentas hizo sobre las ayudas de los ERE por los “cambios” que sufrió al haberse suprimido las explicaciones de los técnicos sobre las irregularidades, y añadió que se detectó “menoscabo de fondos públicos” en las ayudas otorgadas a través de la partida 31L.

En el juicio de Aceitunas Tatis, la auditora Amelia Martínez explicó que las ayudas concedidas por la sociedad de capital riesgo andaluza tenían que haber estado “sometidas a la orden de incentivos de diciembre de 2008”, lo que habría implicado que se cumplían los “requisitos de publicidad y comunicación”, como por ejemplo su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y además que las mismas se concedieran de acuerdo a un “procedimiento” marcado precisamente en dicha norma.

Los informes son responsabilidad de los consejeros, aunque se aprueban por el Pleno

Además de su intervención en estos dos procesos, Amelia Martínez fue la consejera responsable del informe sobre los avales de la agencia IDEA a la empresa malagueña Isofotón. Este informe, que según algunas defensas, puede suponer un giro en la macrocausa, fue revelado esta semana en su declaración judicial por el ex director de la agencia IDEA Antonio Valverde ante la juez de Instrucción número 3 de Sevilla, donde puso de manifiesto que la Cámara de Cuentas de Andalucía analizó pormenorizadamente los avales concedidos a la empresa malagueña y concluyó que no se apreciaban “defectos formales ni de contenido”.

En ese informe, según expuso Antonio Valverde, se indica que precisamente los expedientes de los avales a Isofotón formaban parte de la “muestra seleccionada” por el órgano fiscalizador para la realización de ese dictamen correspondiente al ejercicio del año 2012.

Las incidencias detectadas en la muestra de avales se recogen en el anexo 3.3 del informe de la Cámara de Cuentas, donde se detalla que los tres avales concedidos a Isofotón en los años 2010 y 2011 por importes de cinco, 12 y 12 millones aparecen “sin defectos formales” y “sin defectos de contenido”. Sí apreció, no obstante, el órgano fiscalizador que en los expedientes “no constan informes de seguimiento de los planes de salvamento o reestructuración y/o del correcto uso y destino de las ayudas ni información suficiente facilitada por la empresa beneficiaria”.

La actual interventora general declaró en el primer juicio de los ERE y en el de Invercaria

El ex director de IDEA Antonio Valverde añadió que el gabinete jurídico de la Junta emitió, como parte de los trabajos para ese informe de fiscalización, el dictamen D044/2014, de 30 de diciembre de 2014, que establece la consideración de los avales como “operaciones financieras”, por lo que la concesión de esas garantías “en modo alguno es equivalente a la concesión de una subvención” y de ahí que no se les puede aplicar la normativa de subvenciones.

También señala ese informe del gabinete jurídico, la posibilidad de aplicar de forma supletoria la ley de subvenciones para la recuperación de los fondos en los casos en los que se produzcan impagos e incumplimiento del plan para el que se otorgó el aval.