Derecho Penal El ministro de Justicia participa en unas jornadas sobre la instrucción penal

  • Entre los ponentes figuran el fiscal jefe, Luis Fernández Arévalo, y el magistrado Carlos Lledó

  • Debatirán la investigación con medios tecnológicos y la autonomía policial

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, clausurará el  20 de marzo en Sevilla unas jornadas sobre los Problemas de la Instrucción Penal organizados por la Unión Española de Abogados Penalistas. A lo largo de dos días, participarán en los debates el fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, y el magistrado Carlos Lledó, entre otros.

Las jornadas, que se desarrollarán en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho, comenzarán el 19 de marzo con una mesa redonda sobre las diligencias policiales de investigación y la autonomía policial a cargo del fiscal jefe, Luis Fernández Arévalo; el catedrático de Derecho Gonzalo Quintero y el ex jefe superior de Policía en Andalucía Occidental José Antonio de la Rosa.

Una segunda mesa redonda tratará la fundamentación de las medidas de investigación tecnológica a cargo de los abogados sevillanos Alfonso Martínez del Hoyo, José María Calero y Adolfo Cuéllar.

Posteriormente otra mesa redonda abordará la defensa de las personas físicas y jurídicas durante la instrucción con intervención de Carlos Lledó, nuevo presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, y los abogados Fermín Morales Prats y Encarnación Molino.

El 20 de marzo tendrá lugar una mesa redonda sobre la duración de las diligencias previas con participación de Victor Moreno Catena, catedrático de Derecho Procesal, y los letrados penalistas sevillanos Francisco Baena Bocanegra y Juan Carlos Alférez.

Está previsto que clausure las jornadas el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

La Unión Española de Abogados Penalistas, constituida en 2013, tiene como finalidad la de velar y promover la adecuación del Derecho penal y del Proceso Penal a las exigencias del Estado de Derecho, a las garantías internacionales sobre derechos fundamentales y a los valores y principios del proceso justo en materia criminal, protegiendo en especial el derecho de defensa y la intervención del abogado en el proceso.

 

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