Esta señora es un caso extraordinario en la sociedad española. Se ha encumbrado como una heroína a una persona por el simple hecho de haber ejercido sus funciones de juez instructora en determinadas causas, cuya importancia judicial se la ha otorgado ella misma, con su peculiar modo de ejercer la jurisdicción. Sus méritos han consistido en impulsar determinadas instrucciones judiciales cuajadas de políticos socialistas del máximo nivel, pero sin terminar ninguna y, lo que es peor, dejando todas ellas cuando las abandonó en un estado procesal absolutamente inmanejable, hechas unos zorros.

Un amplio sector de la opinión pública y de los medios de comunicación siente una rendida admiración, rayana, a veces, en la adulación más afectada, ante cualquier cosa que diga o haga la interfecta. Son numerosas las piezas de opinión de la mayoría de los medios de prensa en las que se ha venido justificando, ensalzando o enalteciendo la conducta de la Juez, hasta extremos a veces sonrojantes. En estos mismos medios, las informaciones que han venido dando cuenta de sus actuaciones jurisdiccionales o incluso privadas han arramblado con los mínimos estándares de objetividad, cayendo permanentemente en la lisonja, cuando no en el ditirambo.

Por su parte, en las redes sociales Twitter y Facebook tenemos noticia de páginas murales de fans de la Juez, ciénagas en las que sus partidarios expelen toda clase de exabruptos hagiográficos y publican enlaces a las publicaciones que tratan a su diosa como se merece.

De todo ello surgió una leyenda, una de cuyas dos piezas fundamentales son los obstáculos que habría tenido que sortear nuestra heroína. Obstáculos que le habrían puesto los poderes que ella investigaba, con la finalidad de dificultar su egregia labor y así eludir sus responsabilidades en toda clase de desmanes que el fino olfato de la Juez justiciera descubría en cada esquina.

Veamos cada uno de los asuntos que tanto han contribuido a engrandecer la leyenda de esta juez como una luchadora infatigable contra los abusos y presiones que supuestamente recibía desde los poderes que ella investigaba.

El intento de recusación

Una imputada en el caso Mercasevilla, la responsable del área económico-financiera de la entidad, recusó a la Juez por su interés personal en el asunto, alegando, por un lado, que el marido de la recusada, a la sazón, auditor de Mercasevilla, podría haber estado asesorando a su cónyuge en la causa que se ventilaba en su juzgado, poniendo de manifiesto, por otro lado, la pérdida de imparcialidad en la que habría incurrido la Juez, al haber sido despedido su marido como auditor de la entidad. Aunque la recusación fue rechazada por la Audiencia, no resulta fácil, ni razonable incluir este asunto en la nómina de los supuestos abusos y presiones que habría sufrido la Juez, por parte del poder que ella investigaba. Por una parte, porque la recusante, una empleada de Mercasevilla, lo fue a título personal, y, por otro lado, porque la recusación no estaría tan mal encaminada, cuando fue apoyada por la Fiscalía.

Las actas de los consejos de gobierno de la Junta

Esto es simplemente una pamema, una tormenta en un vaso de agua provocada por la soberbia de las partes contendientes, sin la más mínima enjundia. No es, por tanto, muestra de otra cosa que de lo ya dicho, ni puede servir para acreditar otra cosa que la ya expresada y, mucho menos, que este incidente pueda ser demostrativo de que el poder político influyó en la causa de los ERE en su beneficio. Veamos sucintamente de qué va este asunto.

A la Juez se le metió en la cabeza que la Junta le facilitase las actas de todos los consejos de gobierno semanales celebrados durante el período objeto de investigación (2000-2010), cerca de 500. Ella sabía perfectamente que esta prueba no iba a aportar absolutamente nada a la instrucción, pues las actas de los consejos sólo contienen el título de los acuerdos que se adoptan, un breve fundamento y poco más, sin reflejar ningún extremo de las deliberaciones. Y digo que lo sabía, porque en el momento en el que pide esta prueba documental ya figuraban en las diligencias judiciales varios acuerdos del Consejo de Gobierno de la Junta y ella se había hecho una idea de lo sucinto e insustancial de su contenido, más allá del objeto de lo acordado, que tendrá, en cada caso, el interés que tenga. Pues bien, siendo esto así, lo que debió hacer la Secretaría del Consejo de Gobierno es aportar al juzgado todas las actas y desactivar, de este modo, esta inútil y peregrina iniciativa de la Juez. En lugar de eso, alguien cuya identidad nada cuesta imaginar, en un ataque de soberbia institucional, decide rechazar la solicitud de la Juez, sobre la base de que las deliberaciones del Consejo de Gobierno son secretas y, por tanto, secretas deben ser las actas de sus sesiones. Y, como consecuencia, la Junta plantea un conflicto de jurisdicción ante el Tribunal Supremo. Qué mejor escenario para esta Juez, qué mejor argumento para reforzar su perfil de heroína que no se arredra ante las fauces del poderoso y corrupto dragón, que pretende ocultar sus fechorías con argumentos leguleyos. Como era de esperar, el Supremo le da la razón a la Juez y obliga a la Junta a aportarle las actas requeridas. ¿Aportaron algo a la instrucción? Por supuesto, no aportaron nada, pero dejaron en el ambiente ese insidioso aroma que colaboró al engrandecimiento de la leyenda y a extender la idea, ya como hecho incontrovertido, de que el gobierno socialista de la Junta boicoteaba las investigaciones de la Juez.

Bulos y escraches

En este apartado se suelen citar varios ejemplos. En primer lugar, unas declaraciones de Alfonso Guerra, en las que se refería a la existencia, literalmente, de “una relación fuerte personal entre la jueza y el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido”. Nunca he logrado entender dónde está la ofensa en esta afirmación, incluso aunque fuera falsa, que todo apunta a que no lo es. Esto es absurdo por completo y no se nos ocurre otra explicación que esta: mentes calenturientas han debido relacionar las palabras de Guerra con ciertos bulos infames que corren por la ciudad, de los que no estamos dispuestos a hacernos eco en estas páginas.

Se mencionan también en este apartado las acusaciones a la Juez, de acompasar el calendario procesal al calendario electoral, en perjuicio del PSOE. Si bien es verdad que debe de resultar poco menos que imposible sortear el denso y proceloso calendario electoral español, no deja de ser cierto que la Juez ha parecido escoger el dictado de algunas de sus más explosivas resoluciones en los momentos más delicados para el partido de sus víctimas procesales.

Y, en lo que se refiere al escrache sindical que padeció la juez en una ocasión, sin que merezca defensa alguna, tampoco puede decirse que dicha actuación sea muestra de una situación reiterada y persistente, en manera alguna.

Irregularidades procesales

Se ha criticado a la Juez por la demora injustificada de citaciones, los interrogatorios inquisitoriales, la imputación selectiva de políticos dependiendo de si estaban o no aforados, la solicitud, a veces repetida, de expedientes y documentos de tamaños inmanejables y de dudosa utilidad para la causa, y un sinfín de prácticas irregulares. Hay quienes creen que estas denuncias suponen presiones inaceptables sobre la Juez. A mí, en cambio, lo que me parece realmente digno de destacar e inaceptable es que estas conductas procesales que se denuncian las permita sin escándalo el sistema judicial de nuestro país y que jamás hayan sido corregidas por los órganos superiores. En particular, la Juez retuvo para sí durante años la instrucción de la causa, orillando la circunstancia de que, desde el minuto cero, aparecían relacionadas numerosas personas aforadas, con el mismo o incluso más intenso nivel de vinculación con los hechos investigados que muchos de los imputados. Este hecho habría obligado a la Juez a apartarse de la instrucción, elevando el asunto al tribunal competente, algo que sólo hizo cuando… le salió de las narices, porque no hay otro motivo a la vista para explicarlo. Este clamoroso retraso indebido ha sido una vergüenza y un escándalo, de los que han sido cómplices varios de los órganos judiciales superiores, que debieron tomar cartas en el asunto y decidieron mirar para otro lado.

En este orden de cosas cabe citar también el episodio relativo al despido de la unidad de la Policía Nacional adscrita al Juzgado al inicio de la investigación y su sustitución por la UCO de la Guardia Civil y la desvergonzada actitud procesal de la Juez, desentendiéndose de las diligencias practicadas por aquella, volviendo a pedir documentos ya aportados. Esta, por cierto, es una de las causas principales de los enormes retrasos sufridos por la instrucción de la causa de los ERE que cabe achacar, en exclusiva, al capricho de su señoría.

Dentro de esta conducta anómala tiene un puesto relevante el artificio que utilizó la Juez en la instrucción, a cuenta del informe de los peritos de la IGAE. Los pormenores de esta argucia y sus letales consecuencias para los imputados, especialmente para mí, se cuentan en otros lugares del libro, aportando, por cierto, algunas primicias. Baste con que digamos ahora que existen pruebas bastante concluyentes de que la Juez conocía la parte esencial de las conclusiones de dicho informe pericial, cuando me tomó declaración como imputado (a mí y a otros), informe que yo y los demás solo conocimos meses después. No es necesario aclarar que dicha circunstancia me produjo una intensa indefensión, máxime teniendo en cuenta que este informe, a la postre, ha sido casi la única prueba de cargo contra mí (y contra muchos otros) en el proceso.