El presidente y fundador de la asociación de usuarios de bancos, cajas de ahorro y seguros (Adicae), Manuel Pardos Vicente, declarará el próximo jueves, día 25 de marzo, como investigado por delitos de falsedad documental y fraude de subvenciones, por haber "inflado" presuntamente el número de asociados de esta entidad, que casi cuadruplicó, para percibir casi 700.000 euros en ayudas de la Junta de Andalucía, según han confirmado a este periódico fuentes judiciales.

La investigación se inició por parte del juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla en el año 2019 y junto a Manuel Pardos ha sido imputado el ex secretario general de la entidad Fernando Herrero Sáez de Eguilaz -que actualmente figura como vocal de su junta directiva-, y Borja Martín Ordás, que fue coordinador de Adicae en Andalucía desde mayo de 2013 hasta septiembre de 2019.

Según un informe llevado a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por orden del Juzgado, Adicae logró acceder "de forma irregular" a cerca de 700.000 euros en subvenciones entre los años 2015 y 2018, aportando a las autoridades de consumo de la Junta de Andalucía datos relativos a su número de asociados que llegaron casi a cuadruplicar las cifras reales. 

Según la investigación, la organización obtuvo fraudulentamente 693.519,72 euros en cuatro años de tres líneas de subvenciones de la Junta, señala la UDEF, que relata que el número de socios "ha podido ser inflado con el fin de cobrar algunas de las subvenciones emitidas por la Consejería de Consumo y Sanidad de la Junta de Andalucía".

Los investigadores de la Policía detallan que la Junta entregó en esos cuatro años un total de 740.573,10 euros en subvenciones a Adicae, pero de ese dinero debería haber recibido sólo la cantidad de 47.053,38 euros, por lo que el resto de las subvenciones fueron "recibidas de forma fraudulenta y ascendieron a 693.519,72 euros".

Para ello, Adica ofreció a la Junta número de socios que no se correspondían con la realidad. Así, por ejemplo en el año 2018 sostuvo que tenía 13.018 en lugar de los 4.652 socios que la Policía estima como la cifra real -el mínimo de socios para recibir la subvención era 6.000- y de esa forma recibió 147.238,32 euros de subvención ese año, algo que también ocurrirá con las ayudas correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017.

La UDEF afirma que "todo hace indicar que por parte de Adicae han contabilizado los socios 'no al día', así como los socios que 'nunca han sido asociados' de Adicae con el fin de recibir e inflar al máximo las subvenciones recibidas". Se trata del 94% de los fondos públicos que recibió de la Dirección General de Consumo entre 2015 y 2018.

La Dirección General de Consumo, que en esta legislatura está adscrita a la Consejería de Salud y Familias, tiene tres líneas de subvenciones dirigidas a las organizaciones inscritas en el registro andaluz de organizaciones de consumidores. La primera está destinada a asociaciones de ámbito provincial y para acceder a ellas requiere que a la finalización del ejercicio anterior tuviesen al menos 600 socios al corriente de pago de sus cuotas. La segunda, para federaciones a nivel autonómico, implica que deben contar con un mínimo de 6.000 socios. La tercera, también para las federaciones, está condicionada a justificar no menos de 10.000 asociados.

Según la investigación de la UDEF, las subvenciones obtenidas de manera "fraudulenta" fueron, por un lado, las siete recibidas por Adicae Andalucía en 2015, 2016, 2017 y 2018, correspondientes a las dos líneas dirigidas a federaciones de ámbito autonómico. Y ello al haber declarado más de 13.000 asociados -hasta 13.969 en 2015- cuando el "total de socios presuntamente reales" osciló entre 3.665 el primer año y 4.652 el último.

En cuanto a las ayudas públicas dirigidas a asociaciones provinciales, la Policía Nacional concluye que hubo fraude en las recibidas en Almería y Córdoba tanto en 2016 como en 2018, en la de Granada de 2016 y la de Jaén de 2018. En el caso de Adicae Córdoba, en 2016 llegó a declarar 1.056 socios cuando a juicio de los agentes de la UDEF sólo tenía 245.