El juez autoriza a los taxistas investigados por el monopolio del aeropuerto acudir solo a descargar pasajeros

El juez que investiga a un grupo de 26 taxistas imputados por la denominada 'mafia del taxi' ha suavizado las medidas cautelares que les impuso en enero pasado, cuando se desarrolló la operación Aertase. El titular del juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, Sergio Escalona, ha dictado un auto por el que modifica esas medidas en el sentido de permitir que estos conductores puedan acercarse al aeropuerto de San Pablo para realizar la "descarga" de pasajeros que hayan recogido fuera del aeródromo sevillano. Eso sí, sólo podrán acercarse en esas condiciones, dado que el juez mantiene el resto de medidas adoptadas.

En el auto dictado, al que ha tenido acceso este periódico, el juez, con el apoyo de la Fiscalía, modifica las dudas medidas que impuso a este grupo de taxistas del conocido como grupo del aeropuerto, en el único sentido de "permitir a los investigados acceder a las instalaciones del aeropuerto de Sevilla en la zona destinada a descarga de usuarios, y a los solos efectos de dejar en ella a los que hayan recogido fuera del aeropuerto, manteniendo el resto de las prohibiciones acordadas". Así, estos taxistas, prosigue el juez, tienen prohibido "acceder al resto de instalaciones del aeropuerto de Sevilla o acercarse intencionadamente a las mismas, a una distancia inferior a 500 metros, con el ámbito subjetivo señalado" en los autos dictados con fechas 11 y 31 de enero pasados.

El abogado Simón Fernández Rebollo, del bufete Constitución 23 y que representa a varios de los taxistas de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi a la que pertenecen los investigados, ha mostrado su satisfacción por la decisión judicial. "Valoramos muy positivamente la decisión del instructor, adoptada con el apoyo de la propia Fiscalía y en contra de las demás partes del procedimiento; porque ello supone un paso más para la solución del conflicto entre diversas asociaciones de taxistas y la constatación de que es posible la convivencia pacífica entre todos ellos, como así vienen defendiendo sus representados", ha precisado el letrado.

La instrucción está "prácticamente finalizada"

¿Qué ha llevado al juez a suavizar las medidas cautelares? El magistrado argumenta en el auto para rebajar la prohibición el "tiempo transcurrido" desde el inicio de la investigación, "el actual estado de la instrucción, prácticamente finalizada, y la ausencia de incidentes en el cumplimiento de la medida en última fase de la investigación, permiten esta modificación, a los efectos de paliar las consecuencias de las mismas en la actividad laboral de los investigados".

No obstante, el instructor relata que, considerando la "gravedad de los hechos y a fin de impedir altercados o que se puedan repetir la comisión de hechos investigados, protegiendo a las víctimas de los mismos", procede el mantenimiento de la prohibición de acceder al resto de las instalaciones, y de acercarse a las mismas, salvo para descargar usuarios", algo que estima "adecuado y proporcionado para salvaguardar dichos fines", concluye.

La prohibición de acercamiento se extiende a las licencias de los taxistas investigados, entre los que está toda la junta directiva de la asociación Hispalense de Solidaridad del Taxi, entre ellos el presidente de la misma, Antonio Velarde, que fue uno de los detenidos en esta operación llevada a cabo por la Brigada de Información de Sevilla.

En enero pasado, el juez adoptó estas medidas para “cortar de raíz” la actividad criminal de los investigados. El magistrado detalló entonces cómo el grupo de taxistas del aeropuerto se valieron de la violencia y de las amenazas para obtener un "gran lucro" económico con el monopolio de las carreras que allí realizaban y a las que no tenían acceso el resto de taxistas de la capital andaluza.

Para el instructor, de las investigaciones realizadas por la Brigada de Información de la Policía Nacional, se desprenden "fundados indicios" de la comisión por parte de los investigados de cuatro delitos -amenazas, coacciones, daños y dirección y pertenencia a organización criminal-, que se castigan con hasta ocho años de prisión, según apunta la resolución judicial, a la que tuvo acceso este periódico.

Los taxistas investigados se "organizaron para monopolizar el servicio del aeropuerto, impidiendo con violencia a otros profesionales trabajar en las instalaciones con amenazas y coacciones". En cuanto a las acusaciones contra el grupo de taxistas del aeropuerto, el juez explicó que éstos se "organizaron para monopolizar el servicio de transporte de pasajeros en el aeropuerto de Sevilla, impidiendo con violencia a otros profesionales del sector trabajar en las instalaciones, mediante amenazas, coacciones y otros actos de intimidación, individualmente y en grupo". Para ello, los investigados establecieron "un sistema de vigilancia y control,dañando bienes de los profesionales que pretendían realizar su trabajo en el aeropuerto, consiguiendo con ello un gran lucro económico debido a las tarifas de traslado a/o desde el aeropuerto de los usuarios".