El juicio ERE de Río Grande se suspende 20 años después de los hechos: "Veremos dónde estamos cuando se celebre", dice el juez

El juicio de la macrocausa de los ERE relativo a las ayudas que la Junta de Andalucía concedió en 2005 a la empresa Río Grande, que obviamente gestionaba el famoso restaurante de la calle Betis, se ha suspendido este miércoles porque uno de los principales acusados, el igualmente conocido Juan Lanzas, cambió casualmente de abogado hace poco tiempo y el letrado que lo representa ahora no ha tenido tiempo de preparar el caso. La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha tomado esta decisión tras escuchar los argumentos de todas las partes y ya ha adelantado que la vista oral no se celebrará a corto plazo porque su agenda está repleta. "El letrado va a tener tiempo suficiente para preparar el juicio. Veremos dónde estamos cada uno de nosotros cuando se señale", ha llegado a decir el presidente de la Sala con patente resignación.

Según ha explicado el nuevo letrado de Lanzas, el conseguidor de los ERE porque mediaba entre la Administración y las empresas beneficiarias de las ayudas, la notificación del Colegio de Abogados con su designación le llegó justo antes del puente del Día de Andalucía. "No he podido ver ningún documento de las actuaciones, con cuatro o cinco días ha sido imposible", ha resaltado el profesional, que ha asegurado que pedía la suspensión "no para retrasar el proceso" sino para disponer de "un margen razonable para estudiar el asunto".

Consultadas el resto de las partes, las únicas que se han opuesto a esa solicitud han sido la Junta de Andalucía y la defensa de una mujer acusada de beneficiarse de una parte de la ayuda pese a no trabajar nunca para la empresa. "La situación no encaja en ningún supuesto de suspensión del juicio oral", ha dicho la abogada de la Administración. "El compañero ha tenido un tiempo razonable para estudiar la causa. Además, tenemos interés en que se celebre porque mi cliente tiene 80 años", ha explicado la abogada de la encausada.

El resto de participantes, incluida la Fiscalía Anticorrupción, se ha mostrado a favor de la suspensión. "Se puede incurrir en una causa de nulidad [si se celebrase] por vulnerar el derecho a la defensa", ha alegado la representante del Ministerio Público.

Tras oír a todos, el tribunal ha deliberado en la misma sala durante un minuto y el presidente ha comunicado que acogía la petición de la defensa de Lanzas. "No apreciamos ningún tipo de deslealtad y sí una causa justa de suspensión por la premura en su nombramiento", ha dicho el magistrado Francisco de Asís Molina. También ha avisado de que encontrar un hueco en la agenda "será complicado". "Desgraciadamente, por la carga de trabajo de la Sala, el letrado va a tener tiempo sufieiente para preparar el juicio", ha ironizado. "No vamos a poder señalarlo en fechas cercanas. Es muy complicado para nosotros, estamos totalmente cogidos en fechas", ha añadido.

Las claves del caso

La Fiscalía Anticorrupción solicita siete años de cárcel para el conseguidor de los ERE Juan Lanzas en relación con una ayuda de 1,5 millones que la Junta concedió a la empresa Río Grande. En la causa hay un total de ocho acusados, entre ellos la administradora única del restaurante, Carmen García, que se expone a la misma petición de siete años por un delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversación de caudales públicos; y una intrusa que nunca trabajó en el establecimiento y supuestamente se benefició de una póliza de seguro, con una solicitud de cuatro años y medio de prisión para ella.

En su escrito de calificación provisional, la Fiscalía señala que la administradora de Río Grande, "sabedora de que la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Trabajo y al margen de los procedimientos legalmente establecidos, podía otorgarle fondos públicos para obtener liquidez inmediata, consiguió que el director general beneficiara a la empresa con una ayuda por importe de 1.531.299,91 euros" que se concedió mediante "el sistema irregular de pagos cruzados para el abono de primas de seguro" así que esos pagos "no quedan reflejados en la contabilidad de la agencia IFA-IDEA".

Río Grande solicitó el 15 de julio de 2005 un ERE para 12 de los 33 trabajadores de la plantilla. Alegó causas organizativas y presentó un memoria explicativa en la que describía "resultados negativos, especialmente en 2004", aunque "es cierto que la empresa declaró beneficios por importe de 1.250.594,42 euros".

La empresaria, prosigue la Fiscalía, "se valió" de Lanzas para lograr la ayuda. Este acusado, "abusando de su posición como secretario general de UGT" entre 1997 y 2002 y de su relación con Estudios Jurídicos Villasís o la consultora Vitalia, "fomentó activamente la concesión y pago de la ayuda a sabiendas de su ilicitud" realizando gestiones con la Consejería de Empleo. Fue él quien puso en contacto a la mercantil con el entonces director general de Trabajo, Javier Guerrero, y "recibió como remuneración la cantidad de 93.090,17 euros" que Carmen García realizó en 2006 a la empresa Atrado Mensajería.

Esa sociedad, propiedad de Lanzas, formaba parte de un conjunto de "empresas instrumentales y personas interpuestas que se utilizaban tanto para facturar como para recibir parte de los fondos públicos que le correspondían conforme a lo acordado los responsables de Vitalia, como para generar saldos disponibles en efectivo entregados a otras personas", argumenta la Fiscalía.

Todos los pagos realizados por el ERE de Río Grande, según el Ministerio Público, se hicieron a través del "irregular sistema" que la propia Dirección General de Trabajo llamó "pagos cruzados". "Este método consiste en el desvío de fondos públicos mediante escritos en los que la Dirección General ordenaba a las aseguradoras o mediadoras aplicar fondos ya recibidos de IFA/IDEA desde su destino inicial (el pago de determinadas pólizas) a otro distinto (el pago de pólizas diferentes)", detalla la fiscal. Esta operativa, que "provocó la carencia absoluta de control en el pago de las ayudas" porque los pagos cruzados no aparecían en la contabilidad de la Administración, "fue utilizado en la totalidad de los pagos" a Río Grande.

La concesión de estas ayudas, concluye la Fiscalía, "no fue sometida a fiscalización previa" de los interventores de la Consejería, "tal como era legalmente exigible", ni fue vigilada después por la Administración. "No existe documentación que acredite el mínimo cumplimiento de las normas que regulen la concesión de subvenciones", apostilla la acusación.