Un juzgado de Sevilla archiva una denuncia de corrupción arbitral en ligas de fútbol de veteranos
Un árbitro de Dos Hermanas implicó en la presunta trama al responsable del Comité Técnico en Sevilla, a su hijo y al organizador de la Primera División del Aljarafe, pero la Justicia no ve indicios de delito
El denunciante aseguró que varios equipos pagaban 1.500 euros en concepto de inscripción pero que "se lo reparten" entre los investigados y "se lo gastan en mariscadas"
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El Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla ha sobreseído la denuncia de un árbitro que hace un año y medio destapó lo que consideraba que era una trama de corrupción en el fútbol provincial, en concreto el de veteranos. El trencilla en cuestión aseguró que existía una red de amaños de partidos y señaló al entonces delegado provincial del Comité Técnico de Árbitros en Sevilla, entre otros, pero la investigación no ha dado con indicios sólidos de que existiese delito y el caso ha sido archivado provisionalmente.
La denuncia fue presentada el 1 de marzo de 2024 en la comisaría de la Policía Nacional en Dos Hermanas. En ella, el denunciante informaba de que era “formador de futbol base” y pertenecía al Colegio de Árbitros de Sevilla, así que pitaba partidos por toda la provincia. También reveló que tenía información de que el responsable de la delegación provincial recibía “una cuantía de dinero”, que cifró en 1.500 euros por encuentro, en dos campeonatos de veteranos que se celebraban en el área metropolitana de Sevilla: la Primera y la Segunda División del Aljarafe.
Este dinero, según él, se correspondía con “ingresos realizados en efectivo” por parte de varios equipos. Citó al Tinte de Utrera, el Aiparquet Pañoleta, el Simón Bolívar y el Huracán. “Realizan estos ingresos en concepto de inscripción, pero le consta al dicente que se lo reparten entre el delegado de árbitros, su hijo y el organizador de ambas ligas de veteranos”, según refería el fiscal que llevó el caso.
El denunciante también le dijo a la Policía que unos días antes, tras pitar en febrero un partido entre el Tinte de Utrera y el Dinamo Sevilla, un jugador local “se dirigió a él y le manifestó textualmente que la había cagado y que se había equivocado”, refería el fiscal. Ese futbolista, además, golpeó la puerta del vestuario y la pared “con el puño cerrado”. El trencilla lo reflejó así en un anexo del acta e incluso llamó al 112 porque “temía por su integridad física”.
A raíz de ese incidente, según el denunciante, el entrenador del Tinte habló con la Policía Local y “manifestó que ellos pagan 1.500 euros para que esto no suceda y que ese dinero se lo gastan en mariscadas”.
El Juzgado de Instrucción número 7 investigó todos estos hechos como “un supuesto delito de corrupción en el deporte” derivado de “ciertas cantidades de dinero entregadas ilegalmente en el Colegio de Árbitros de Sevilla por parte de determinados equipos de la zona (provincia de Sevilla) para recibir un trato de favor en los arbitrajes (amañar encuentros)”. Sin embargo, las diligencias practicadas por el juez Eugenio Pradilla no facilitaron indicios suficientes para establecer que los investigados habían cometido alguna infracción, de ahí el sobreseimiento del caso.
Medina Cantalejo y un "entramado mafioso"
El denunciante también indicó a la Policía que “en todas las delegaciones de árbitros de España sucede lo mismo”, en alusión al presunto pago de sobornos para arreglar los resultados de determinados partidos. De hecho, al día siguiente de ir a la comisaría de Dos Hermanas, el árbitro acudió al juzgado de guardia para presentar otro escrito en el que apuntaba más alto y señalaba a Luis Medina Cantalejo, jefe absoluto de los árbitros españoles. En ese manuscrito hablaba de un “entramado mafioso” en el que metía al responsable de los árbitros en Andalucía y a Luis Rubiales.
Esta segunda denuncia hizo que el Juzgado de Instrucción 7, al entender que esos presuntos hechos habían ocurrido en Madrid, pidiese al Tribunal Supremo que dirimiera qué juzgado llevaba cada asunto. Mientras lo decidía, el juez de Sevilla archivó la primera denuncia. Y cuatro meses después, en un auto dictado el pasado 12 de junio, el alto tribunal en efecto atribuyó ese caso (ya cerrado) a Instrucción 7 y la segunda parte de la denuncia a un juzgado de Madrid, en concreto Instrucción 19.
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