La juez de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, que investiga la macrocausa de la mafia del taxi, ha decidido aplazar al próximo 12 de marzo la declaración como investigado del delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, una decisión que se ha producido tras la petición realizada por una de las defensas al coincidir la declaración prevista para el próximo lunes, 18 de febrero, con otra actuación judicial fijada previamente para ese mismo día.

Al margen del aplazamiento de la declaración, el delegado de Seguridad y Movilidad, Juan Carlos Cabrera, ha presentado un recurso contra la decisión de la juez de imputarle en este proceso, al estimar que la resolución por la que la instructora acuerda su citación para el próximo 18 de febrero deber ser declarada nula “por su completa y absoluta falta de motivación”.

El abogado de Cabrera considera que la imputación del edil vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y le causa indefensión por la “absoluta falta de concreción tanto de los hechos como de los delitos en que se basa la imputación”, por cuanto nada de ellos se menciona en la providencia y esto deriva en que el concejal “ni siquiera puede intuir las razones que sustentan la imputación penal”. El letrado José Manuel García-Quílez añade en su escrito que, en el presente caso, el delegado de Movilidad “no conoce porque nada se le comunica ni notifica al respecto, ni siquiera mínimamente,sobre cuáles son los hechos punibles en los que pudiera haber tenido alguna participación en algún momento”.

La defensa cita jurisprudencia de la Audiencia de Sevilla, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional para exponer que, jurisprudencialmente, “se exige que la imputación sea concreta, proporcionando información sobre los hechos indiciarios obrantes en la investigación de los que podría ser responsable el llamado en calidad de investigado y sobre la preliminar trascendencia jurídico-penal individualizada”.

El letrado concluye que “no se ha facilitado ni siquiera de manera mínima una expresión concreta y precisa de los hechos punibles cuya comisión se le atribuye, ni se especifica en qué concreto delito ha podido tener participación o intervención”.