La Audiencia de Sevilla, en una ponencia de la juez Mercedes Alaya, ha reabierto de nuevo la causa judicial por la adjudicación de la Mina de Aznalcóllar y ha ordenado que declare como investigado Vicente Fernández Guerrero, actual presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y entonces secretario general de la dirección general de Industria de la Junta.

En un auto al que ha tenido acceso este periódico, Alaya indica que de lo practicado por el juzgado de instrucción 3 de Sevilla con posterioridad al primer revocamiento del sobreseimiento provisional, en octubre de 2016, “no se ha llegado a desvirtuar la provisoria calificación como arbitrarias de las resoluciones de la Junta de Andalucía relativas al concurso de adjudicación de los derechos mineros de la mina de Aznalcóllar”.

“Resulta evidente que el Grupo México, como licitador, no cumplió con los requisitos legalmente imprescindibles para pasar a la segunda fase relativos a la acreditación de su personalidad jurídica y capacidad de obrar”, dice el auto de la Sección Séptima, que ordena que se reciba declaración en calidad de investigados a los empresarios Isidro y Mario López Magdaleno y a Vicente Fernández.

También pide que por la Junta de Andalucía se informe a través de la UCO de los cargos que ostentaban los miembros de la Mesa de Contratación y la Comisión Técnica tres meses antes de comenzar el procedimiento de licitación y los puestos que desempeñaron tras el mismo, especificando las fechas de ascenso.

Esta misma diligencia “es aconsejable que se practique  respecto del que fuera secretario de la consejería de Innovación Vicente Fernández Guerrero”.

Los ascensos de esas personas “podría constituir indicio de un delito de cohecho” pues “podrían considerarse una recompensa por los actos ilícitos presuntamente realizados”.

El tribunal estima íntegramente el recurso de apelación formulado por Emérita Resources, que perdió el concurso y que denunció un posible delito de malversación por “la ilícita elección de la oferta de Minorbis-Grupo Mexico, que no cumplía los requisitos de las bases del concurso y que además era menos rentable económicamente para las arcas públicas“.

Delitos de prevaricación, malversación, cohecho y tráfico de influencias

Junto a los presuntos delitos de prevaricación, malversación y cohecho, la Audiencia apunta que se debería  investigar otro posible delito de tráfico de influencias por el estudio de los correos electrónicos entre Vicente Fernández y los representantes de Minorbis. De ellos “se desprende una excelente relación personal entre ambas partes mediante correos enviados y contestados inclusive en sábados y domingos a horas intempestivas”.

En dichos correos se expondría la solicitud por parte de los empresarios a Vicente Fernández de su intermediación en asuntos administrativos para los proyectos empresariales de la citada empresa, así como  un viaje de varios días de todos ellos, junto con “una  persona del círculo íntimo” de Fernández.

“La grosera y burda ilegalidad” cometida por las empresas que se constituyeron para la adjudicación “encontró su complemento adecuado, en primer lugar, en el perfecto conocimiento que la Administración tenía desde el inicio, a través del Memorándum de Entendimiento, que establecía que aunque ganara Minorbis la adjudicación iba a aceptarla una sociedad distinta y controlada por Grupo México”.

El auto de la Audiencia recuerda que Minorbis era una entidad creada el 19 de marzo de 2014, menos de un mes antes de presentar su solicitud de participar en el concurso y sin ninguna experiencia en la actividad de la minería y las bases del concurso establecía la necesidad de que los licitadores tuvieran experiencia.

Frente a su “nula experiencia”, su rival Emérita acreditó “hasta cinco permisos de investigación en diferentes zonas mineras”.