Un abogado sevillano ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción y la oficina antifraude de la Unión Europea (OLAF) un concurso de méritos en el que valoraron con cero puntos sus ocho años como letrado y cinco años en el turno de oficio, excluyeron sus estudios de contabilidad y otorgaron una puntuación mínima a su licenciatura en Derecho.

El letrado Francisco José G.G. concurrió a un proceso selectivo de la Secretaría de Estado de Migraciones para el nombramiento de personal funcionario interino de la escala técnica de gestión de organismos. Una vez rechazado por silencio administrativo su recurso por la valoración de méritos, ha denunciado que la selección “no se desarrolla de una manera limpia ni transparente”. 

En su escrito al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, el abogado afirma que ha participado en un proceso “que no es mas que una puesta en escena” de cara a la UE para “cubrir el expediente” y “finalmente, nombrar a dedo a aquellas personas de confianza que adjudiquen contratos a empresas y particulares concretos, y con intereses comunes”.

También lo ha denunciado ante la Oficina Antifraude de la UE (OLAF) porque son fondos europeos los que serían gestionado por esos funcionarios interinos, según los escritos facilitados a este periódico.

Francisco José considera “inverosímil que no se haya valorado con nada” su Vida Laboral de la Seguridad Social con su actividad jurídica durante ocho años y su correspondiente afiliación al Colegio de Abogados de Sevilla. 

Aportó un certificado con sus cinco años en los turnos de oficio especiales de Menores, Extranjería y Violencia de Género, que tampoco fueron tenidos en cuenta. Argumentó que, aunque gestionado por el Colegio de Abogados, realmente es la Consejería de Justicia quien paga y a quien el letrado debe rendir cuentas en relación a los casos llevado, errores o negligencia. “Es decir, es un servicio a la Administración de Justicia en última instancia”.

También aportó su trabajo como asesor legal para una empresa que gestiona para administraciones públicas la  recaudación de impuestos y tasas, “por lo que en mi humilde opinión entiendo que también me es aplicable como méritos profesionales”.

Como autónomo, tuvo que presentar ante Hacienda, Seguridad Social y otros organismos información económica, contabilidad y libro de facturas, aspectos que tampoco fueron valorados para ser aplicados a las  funciones que se asignan a los aspirantes: planificación de expedientes económicos, control presupuestario e informes económicos.

“Con todos los respetos hacia el tribunal, el que toda esta experiencia profesional sea valorada con 0,24 puntos no es verosímil”, dice sobre un proceso de selección en el que los aspirantes admitidos obtuvieron en este apartado entre 11,5 y 17,5 puntos.

En cuando a méritos académicos, aportó su licenciatura de Derecho y otros títulos que fueron “valorados erróneamente en 0,3 puntos, en vez de los tres puntos que le correspondería”. 

También certificó cursos de informática y contabilidad financiera que influyeron en su capacitación laboral, que fueron excluidos, así como  la formación recibida para ejercer como letrado de oficio y otros títulos que “no fueron valorados en su justa medida”.

El opositor afirma en su escrito a Anticorrupción que puede haber una “intención final” de “nombrar a dedo” a futuros interinos “que ni siquiera han participado en este proceso de selección”, y pide como medida cautelar la suspensión del proceso.