La sentencia absolutoria ha provocado la consecuente mezcla de alegría e indignación entre los que hasta ahora formaban el bando de los acusados, que tras la absolución dirigen ahora sus miradas hacia la denunciante y hacia sus propios compañeros de Asuntos Internos, que "no hicieron todo lo posible para averiguar toda la verdad y confiaron sólo en lo que les contó la denunciante". Han sido ocho años de causa judicial, casi tres de ellos con suspensión de empleo y sueldo, de ahí que los abogados de algunos de los policías no estén conformes del todo con este desenlace.

"Una vez demostrada la inocencia de los policías acusados, es el momento de pedir responsabilidades a la persona que ha denunciado los hechos ocultando datos esenciales, como que el dinero que se decía sustraído realmente estaba en el local y que una amiga suya se guardó en el sujetador los fajos de billetes cuando se fueron los policías. Habría que pedir responsabilidades a los testigos que esta señora aportó", apunta Manuel Manzaneque, abogado de José Manuel P.G. y otro agente.

"Y sobre todo", continúa, "había que pedir responsabilidades a los policías de asuntos internos". "Su actuación provocó que otros compañeros suyos hayan estado tres años suspendidos de empleo y sueldo y sometidos al oprobio y al escarnio público simplemente porque los investigadores no hicieron todo lo posible para averiguar el contenido íntegro de las grabaciones y confiaron sólo en lo que la denunciante les contó de una manera absolutamente sesgada", añade.

Manzaneque también recuerda, en alusión a las imágenes de la testigo que se guardó fajos de billetes en el sujetador horas después de que los agentes hubiesen abandonado la tienda, que el perito informático de la tendera explicó en el juicio que los policías de asuntos internos "podrían haber accedido a la totalidad del disco duro y averiguar la verdad de lo ocurrido simplemente poniendo el nombre del usuario y la clave, que estaba en poder de la denunciante y pudo haber sido solicitada por dichos policías investigadores". "Esto no puede quedar así, esto no puede salir gratis", sentencia.

Javier Carnerero, abogado de otros dos policías, también lamenta la situación que han tenido que vivir los funcionarios policiales. "Me gustaría llamar la atención sobre la ligereza de las denuncias contra los policías que desempeñan su labor profesional a diario como cualquier otro trabajador y padecen no sólo la pena de banquillo, en este caso durante ocho largos años, sino la suspensión de empleo y sueldo, lo que afecta de lleno a su economía familiar y les acarrea graves problemas de insolvencia con repercusión personal, familiar, social y profesional", explica. "¿Y ahora qué?", se pregunta.