El presidente y fundador de la asociación de usuarios de bancos, cajas de ahorro y seguros (Adicae), Manuel Pardos Vicente, ha negado este jueves ante la juez de Instrucción número 20 de Sevilla que "inflara" el número de socios de la entidad para que ésta recibiera casi 700.000 euros en ayudas de la Junta de Andalucía, cuando en realidad sólo le correspondían algo más de 47.000 euros.
Manuel Pardos ha prestado declaración como investigado a través de una videoconferencia desde Zaragoza, ciudad donde reside, en el marco de la investigación abierta por delitos de falsedad documental y fraude de subvenciones, por haber "inflado" presuntamente el número de asociados de esta entidad, que casi cuadruplicó.
El presidente de Adicae ha afirmado que aunque puede haber algún "error" en el número de socios aportado para recibir las subvenciones, da por buena la cifra aportada. Adicae ofreció a la Junta número de socios que no se correspondían con la realidad, según recoge la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en un informe remitido al juzgado, en el que señala, por ejemplo, que en el año 2018 sostuvo que tenía 13.018 en lugar de los 4.652 socios que la Policía estima como la cifra real -el mínimo de socios para recibir la subvención era 6.000- y de esa forma recibió 147.238,32 euros de subvención ese año, algo que también ocurrirá con las ayudas correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017.
En su descargo, Manuel Pardos ha asegurado que "no ha habido intención de inflar artificiosamente la cifra de socios" y a pesar de esos errores que reconoce, sostiene que la cifra aportada para las subvenciones es correcta.
Así ha distinguido entre el afiliado que se apunta a Adicae, los socios anuales, y otros que se apuntaban ante determinados procedimientos colectivos, como los casos de Fórum Filatélico y Afinsa. Ante las respuestas que iba dando, la juez le ha recordado en varios momentos de su declaración que podía acogerse a su derecho a no declarar, pero el investigado ha insistido en su línea de defensa.
También ha alegado que es una persona mayor, que nunca ha cobrado de la entidad y que todo se hacía por el buen fin de la asociación, y en este sentido ha defendido que toda la gestión económica se centralizaba en Zaragoza por personal del departamento de administración.
La juez iba a tomar declaración también, a través de una videoconferencia desde Madrid, al ex secretario general de Adicae Fernando Herrero Sáez de Eguilaz -que actualmente figura como vocal de su junta directiva-, cuya declaración se ha aplazado por motivos técnicos. Quién sí ha declarado, en este caso presencialmente en el juzgado, ha sido Borja Martín Ordás, que fue coordinador de Adicae en Andalucía desde mayo de 2013 hasta septiembre de 2019. Este investigado ha afirmado que toda la gestión de la entidad estaba centralizada en Zaragoza y ha explicado que el control de los socios no se hacía en la delegación de Adicae en Andalucía, poniendo como ejemplo que las fichas de los afiliados se mandaban también a Zaragoza.
Según un informe llevado a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por orden del Juzgado, Adicae logró acceder "de forma irregular" a cerca de 700.000 euros en subvenciones entre los años 2015 y 2018, aportando a las autoridades de consumo de la Junta de Andalucía datos relativos a su número de asociados que llegaron casi a cuadruplicar las cifras reales.
La organización obtuvo fraudulentamente 693.519,72 euros en cuatro años de tres líneas de subvenciones de la Junta, señala la UDEF, que relata que el número de socios "ha podido ser inflado con el fin de cobrar algunas de las subvenciones emitidas por la Consejería de Consumo y Sanidad de la Junta de Andalucía".
Los investigadores de la Policía detallan que la Junta entregó en esos cuatro años un total de 740.573,10 euros en subvenciones a Adicae, pero de ese dinero debería haber recibido sólo la cantidad de 47.053,38 euros, por lo que el resto de las subvenciones fueron "recibidas de forma fraudulenta y ascendieron a 693.519,72 euros".
La UDEF afirma que "todo hace indicar que por parte de Adicae han contabilizado los socios 'no al día', así como los socios que 'nunca han sido asociados' de Adicae con el fin de recibir e inflar al máximo las subvenciones recibidas". Se trata del 94% de los fondos públicos que recibió de la Dirección General de Consumo entre 2015 y 2018.
La Dirección General de Consumo, que en esta legislatura está adscrita a la Consejería de Salud y Familias de la Junta, tiene tres líneas de subvenciones dirigidas a las organizaciones inscritas en el registro andaluz de organizaciones de consumidores. La primera está destinada a asociaciones de ámbito provincial y para acceder a ellas requiere que a la finalización del ejercicio anterior tuviesen al menos 600 socios al corriente de pago de sus cuotas. La segunda, para federaciones a nivel autonómico, implica que deben contar con un mínimo de 6.000 socios. La tercera, también para las federaciones, está condicionada a justificar no menos de 10.000 asociados.
Según la investigación de la UDEF, las subvenciones obtenidas de manera "fraudulenta" fueron, por un lado, las siete recibidas por Adicae Andalucía en 2015, 2016, 2017 y 2018, correspondientes a las dos líneas dirigidas a federaciones de ámbito autonómico. Y ello al haber declarado más de 13.000 asociados -hasta 13.969 en 2015- cuando el "total de socios presuntamente reales" osciló entre 3.665 el primer año y 4.652 el último.
En cuanto a las ayudas públicas dirigidas a asociaciones provinciales, la Policía Nacional concluye que hubo fraude en las recibidas en Almería y Córdoba tanto en 2016 como en 2018, en la de Granada de 2016 y la de Jaén de 2018. En el caso de Adicae Córdoba, en 2016 llegó a declarar 1.056 socios cuando a juicio de los agentes de la UDEF sólo tenía 245.
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