Las ayudas de 850.000 euros a la diseñadora flamenca Juana Martín se produjeron a instancias de la propia Junta de Andalucía. Así lo ha asegurado este martes el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, en su declaración en el segundo juicio de la macrocausa de Invercaria, en el que ha afirmado que fue el entonces consejero de Innovación Francisco Vallejo quien en el año 2006 sugirió el proyecto de inversión.

Tomás Pérez-Sauquillo, que al igual que Juana Martín se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de 8 años de prisión por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, ha declarado que Vallejo y su jefe de gabinete le comentaron que la consejería de Cultura decía que "había que potenciar la marca Andalucia en el sector textil" y le sugirieron la posibilidad de invertir en la empresa de la diseñadora córdobesa, una profesional "muy reconocida y premiada" en un sector que, según Pérez-Sauquillo, era "prioritario" tanto para Invercaria como para la agencia Idea. Según Perez-Sauquillo, Juana Martín en principio "no quería" esa financiación.

Por ello, en noviembre de 2005 se reunió con Juana Martín y se acortó un primer préstamo, materializado el 16 de enero de 2006, de 120.000 euros para la empresa Juana Martín Diseño, todo ello, después de haber estudiado el proyecto de inversión en el comité de inversiones de la sociedad de capital riesgo, ha precisado Pérez-Sauquillo, quien ha añadido que se hizo todo lo necesario para que se cumplieran los requisitos de esta inversión.

El expresidente de Invercaria ha indicado, a preguntas del fiscal delegado de Anticorrupción Manuel Fernández Guerra, que en el proyecto de inversión en Juana Martín hubo incluso "menos análisis" que en otras piezas de Invercaria que han sido archivadas, como ha ocurrido recientemente con las ayudas a la empresa Kandor Graphics. El ex directivo ha dicho que en este caso hubo un "resumen ejecutivo, un análisis de la inversión y una propuesta de inversión" que consistía en la apertura de tiendas de "prêt a porter" en las ciudades españolas más representativas. 

Tomás Pérez-Sauquillo, que a partir de mañana no acudirá al juicio al tener que someterse a una intervención quirúrgica, ha descargado la responsabilidad respecto al análisis del proyecto de inversión de Juana Martín en el que fuera director de Promoción de Invercaria y también acusado Cristóbal Cantos -quien paradójicamente fue quien denunció las supuestas irregularidades en las ayudas en el año 2012-, del que ha aseverado que estuvo "muy implicado en la inversión de Juana Martín" y fue el técnico que realizó los estudios previos a la inversión, como el estudio de viabilidad.

El ex presidente de Invercaria ha defendido que todas las operaciones que se realizaron en el proyecto de Juana Martín estaban amparadas en el acuerdo del consejo de administración y ha destacado que en esta inversión, como en el resto de las que se realizaron durante su mandato en Invercaria (2005-2010), "no hubo ninguna advertencia en contra" por parte de los técnicos.

El principal acusado ha señalado que los proyectos de capital riesgo precisan de una "maduración de cinco, seis o siete años" para que puedan ser rentables y, en este sentido, ha afirmado que la empresa de Juana Marín "hoy vale lo que jamás pensábamos que podría valer", debido a su reconocimiento incluso a nivel internacional, aunque ha señalado que en este caso el periodo de maduración fue mayor por la crisis económica del 2008.

Las defensas alegan la falta de concreción de las imputaciones

El segundo juicio de la macrocausa de Invercaria -el primero acabó con la condena del ex presidente de Invercaria a tres años y medio de cárcel- ha comenzado en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla con la presentación de las cuestiones previas, en las que varias de las defensas han alegado la falta de concreción de las imputaciones.

El abogado Francisco Javier Vidal Martínez, que defiende a Pérez-Sauquillo, ha planteado una batería de cuestiones previas que van desde el supuesto "cambio de criterio" de la Fiscalía por el archivo de varias piezas de la macrocausas, la falta de concreción de los hechos delictivos que se le imputan, y la denuncia de que se trata de una "investigación prospectiva".

El letrado ha solicitado la acumulación de las diferentes piezas de la macrocausa para la celebración en un único juicio porque, según ha dicho, la Audiencia va a estar "siete u ocho años celebrando juicios con unas pruebas que son comunes en el 80% de las piezas", pero el tribunal presidido por el magistrado Juan Antonio Calle Peña -que en su día fue ponente de la sentencia del caso de los ERE que condenó a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán- ha expresado el rechazo del tribunal aludiendo a la intangibilidad de las resoluciones judiciales, dado que la separación en piezas para su enjuiciamiento fue avalada en su día por la Audiencia. La Fiscalía se había opuesto a la acumulación señalando que no hay "identidad" ente los hechos que se enjuician en esta pieza y los que se analizaron en el juicio por las ayudas a Aceitunas Tatis.

La abogada Dolores Moreno Martínez, que representa a Juana Martín, ha confirmado como el propio Pérez-Sauquillo en su declaración, que fue la propia Invercaria quien se interesó por el "éxito de Juana Martín" y le propuso la nueva línea de prêt a porter. La letrada ha coincidido en que su clienta "no ha sido informada de los hechos concretos que se le imputan", añadiendo que no hubo "ningún pacto" para la malversación de fondos, y ha criticado la "petición desorbitada de penas".

Y el abogado José María Calero, que representa a Cristóbal Cantos, ha pedido la nulidad del auto de apertura de juicio oral de 2017 y de otro auto que rechazó el recurso contra el auto de procesamiento, solicitando que las actuaciones se retrotraigan y se acuerde el archivo contra su cliente. En cualquier caso, el defensor ha insistido en que la acusación es "inconcreta y no permite conocer la necesitar determinación de qué se tiene que defender" el ex director de Promoción.

Según el letrado aunque los hechos que se le atribuyen a Cantos fueran ciertos "no son delictivos", puesto que remiten a conductas culposas, que podrían conllevar "repsonsabilidades disciplinarias o civiles, pero no responsabilidades delictivas", por lo que "nunca debió abrirse el juicio oral", dado que el Código Penal "no contempla la prevaricación ni la malversación de forma culposa".

También ha denunciado Calero que en este caso tampoco se ha concretado con respecto a la conducta de Cantos si la autoría que se le atribuye es "directa, por inducción o por cooperación necesaria".

En la misma línea, el abogado Miguel García Diéguez, que defiende al ex director financiero Antonio Nieto ha denunciado la "absoluta indefensión de todos y cada uno de los acusados" por esa "inconcreción" de los escritos de acusación del fiscal y de las acusaciones personadas, y también ha señalado que no se ha hecho el ofrecimiento de acciones para que ejerza la acusación a Inverseed (la sociedad que siguió a Invercaria) para que se pronuncie sobre si se considera perjudicado en este proceso, en el que sí está representada la agencia IDEA, de la que dependía Invercaria.