Una asociación protectora de animales ha denunciado al Ayuntamiento de Brenes porque supuestamente estuvo enviándole animales abandonados o malheridos para suplir un servicio que el Consistorio no prestaba, y lo hizo pese a conocer que estaba funcionando sin licencia.

La asociación La Sonrisa Animal ha denunciado en la Fiscalía de Sevilla al Ayuntamiento y a la anterior concejala de Medio Ambiente por presuntos delitos contra la Administración de Justicia.

Sostiene que el cierre de la protectora se produjo poco tiempo después de conocer la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo que, en marzo de 2018, condenó al Ayuntamiento a abonar a La Sonrisa Animal 2.426 euros por los gastos en los que incurrió por retirada de animales abandonados.

Marcelino Contreras (UPAN), ahora alcalde en funciones de Brenes y máxima autoridad municipal cuando ocurrieron los hechos, ha declinado comentar los aspectos de la denuncia hasta que no la reciban oficialmente. “Entonces contestaremos a la vista de lo que denuncien”, afirma a este periódico.

Según los hechos probados de la sentencia, entre abril y junio de 2016,  periodo al que se refieren esos gastos, el Ayuntamiento no prestaba servicio de recogida o refugio para animales perdidos o abandonados ni había suscrito convenios de colaboración con entidades o asociaciones de defensa de los animales.

Cuando el Ayuntamiento era requerido por un animal abandonado o malherido, “se limitaba a dar una indicación informativa de listado de asociaciones a las que pudieran recurrir los denunciantes”, entre las que se encontraba La Sonrisa Animal.

La sentencia se produjo en marzo de 2018 y el 26 de junio del mismo año, menos de tres meses después de conocerla, el Ayuntamiento resolvió el cierre y clausura de la actividad por falta de licencia, resolución contra la que la protectora ha interpuesto el correspondiente recurso.

El Ayuntamiento “no solo ha tenido constancia de las circunstancias concretas en las que esta entidad ha desarrollado la actividad de recogida y tenencia de animales, sino que además se ha valido de ella para la ejecución de competencias que eran propias del Ayuntamiento”, dicen los denunciantes. Con ello “se aprovechaba  económicamente, al no destinar partida presupuestaria alguna a dicha actividad aun cuando estaba obligado a hacerlo”, mantiene.

El Ayuntamiento “era plenamente consciente de la situación en la que esta entidad desarrollaba su actividad y de la inexistencia de licencia“, pero al mismo tiempo “instaba a la ciudadanía a llamar a esta misma entidad para que se hiciera cargo de la recogida y custodia de los animales abandonados precisamente en las instalaciones que ahora pretende cerrar por falta de licencia”, afirma en su escrito.