Once personas reconocieron este jueves haber participado en una estafa a personas de edad muy avanzada en las revisiones de su instalación de gas. Aceptaron condenas de de multa y hasta un año de prisión por delitos de intrusismo profesional y estafa.

El juicio no llegó a celebrarse en la Sección Tercera de la Audiencia ante la conformidad alcanzada entre la Fiscalía y las defensas de los acusados. La Fiscalía aplicó la atenuante de dilaciones indebidas (puesto que los hechos datan de 2012) y rebajó sus peticiones de condena, que antes alcanzaban los cinco años de cárcel para el dueño de la empresa utilizada en las estafas.

Este empresario, Rafael S.C., valiéndose en muchos casos de personas sin la cualificación necesaria como instalador de gas, consiguió que 44 ancianos le pagaran cantidades muy superiores a las de mercado por revisiones de la instalación de gas, en ocasiones mucho tiempo antes de que venciera la anterior inspección.

Rafael S.C., con antecedentes por delitos de estafa, se benefició también de la atenuante de reparación del daño ya que depositó antes del juicio 10.000 euros para hacer frente a la responsabilidad civil de 32.326 euros que, según la Fiscalía, suman el total de las estafas.

Además ha sido condenado a una multa de 180 euros como cooperador necesario del delito de intrusismo a que han sido condenados la mayoría de sus “instaladores”.

Los acusados hacían creer a los usuarios que pertenecían a las compañías Gas Natural o Repsol Butano, que veían de parte de la Junta de Andalucía y que se trataba de la revisión obligatoria. Amedrentaban a las víctimas diciendo que se exponían a una multa, al corte de suministro o a una explosión de gas. A una señora le hicieron firmar un documento sin decirle que en realidad era un contrato de cinco años de mantenimiento.