El pádel es un modo de desconectar del trabajo para muchos, pero para los vecinos del centro deportivo Hacienda la Santa, en Espartinas ha sido un suplicio durante más de cuatro años. Cuando el número de pistas pasó de una a tres, el ruido "insoportable" a sólo 10 metros del salón de su casa hizo que un matrimonio emprendiera un movimiento que ha terminado ante los tribunales para poder estar "tranquilos" en su casa. Ambos sufrieron "un trastorno adaptativo ansioso depresivo de carácter moderado que requirió actividad curativa de carácter sintomático", según recoge la sentencia del Juzgado de lo Penal número 11 que ahora les da la razón.

El Juzgado de lo Penal número 11 de Sevilla ha condenado a M. A. M. T. a seis meses (una multa de 1.800 euros) por un delito contra el medio ambiente y 360 euros de multa por dos delitos de lesiones. Además lo inhabilita durante un año para el ejercicio de "cualquier actividad, profesión u oficio relacionado con el pádel, sea o no renumerada". Además, la pareja denunciante, cuya representación legal ha ejercido el abogado José María Núñez, recibirá cada uno 6.751,05 euros de indemnización.

La pesadilla para esta pareja comenzó en el verano de 2008. El ayuntamiento de Espartinas remitió a nueve vecinos de la zona del centro deportivo denunciado la solicitud de su licencia de apertura a nombre de L. R. F. Un año más tarde, con las pistas de pádel en funcionamiento, una de ellas, L. P. V. presentó varias denuncias ante el Ayuntamiento por el ruido de las pistas y otras incidencias del centro deportivo, aunque al final el consistorio concedió la licencia de apertura en febrero de 2010. En octubre, J. S. J. denunció ante la Policía Local el ruido en zonas recreativas y deportivas.

Según recoge la sentencia, cuando las tres pistas estaban en funcionamiento, el nivel de ruido era mayor del permitido, según mediciones realizadas en octubre de 2010. En febrero de 2011, ante las denuncias de una pareja vecina del centro deportivo, el Seprona comprueba que con una sola pista en funcionamiento supera en más de cinco decibelios el nivel del ruido de fondo. Días después, la Guardia Civil realizó una nueva medición, esta vez en el mismo centro deportivo, con las pistas en funcionamiento. Sin embargo cuando solicitó realizar la prueba con las instalaciones vacías, el acusado M. A. T. M. , que entonces era socio al  50% del centro deportivo, se negó a facilitarlo.

Las pistas fueron cerradas cautelarmente por el Juzgado de Sanlúcar la Mayor en septiembre de 2011 y en febrero de 2012 empezaron a funcionar de nuevo después de instalar paneles acústicos. La colocación de esta medida para solucionar el problema del ruido ha sido alegado por los acusados como un gesto de buena voluntad para reparar el daño. Sin embargo, la sentencia del Penal 11 de Sevilla ha entendido que los paneles "interrumpen la acción delictiva que permanece en el tiempo, no reparan el daño provocado".