El concejal de Cambia San Juan contraataca a la edil del PP que lo acusó de llamarla "gitana de mierda"

Juan Carlos Navarrete, el concejal de Cambia San Juan que fue absuelto de la acusación de amenazas y racismo, va a contraatacar y va a denunciar a Dolores Amaya, la concejala del PP que lo llevó a juicio por supuestamente haberla coaccionado y llamado “gitana de mierda” durante una discusión en una nave municipal. Lo hace tras saber que su absolución ya es firme, una vez que la acusación particular no ha recurrido la sentencia, que ya le abrió la puerta a una eventual querella porque el juez ordenó investigar al testigo que llevó la concejala popular por supuestamente mentir ante el tribunal.

Navarrete ha dado instrucciones a su abogado para que interponga una querella precisamente contra ese mismo testigo por falso testimonio. Se trata de un asesor de la Delegación de Asuntos Sociales, que es la dirigida por Amaya, aunque en el juicio aseguró que nunca trabajó para ella sino para Medio Ambiente. Este trabajador también afirmó que oyó el famoso “gitana de mierda” y que tuvo que interponerse entre Amaya y Navarrete para frustrar el supuesto ataque físico. Y eso lo dijo justo después de que la sala entera viese que no había sido así gracias a la grabación de una cámara de seguridad instalada en el lugar de los hechos. “Hay que poner en tela de juicio la parcialidad del testigo”, llegó a apuntar la fiscal, que respaldó la absolución del encausado.

Lo más relevante, en todo caso, es que Navarrete también ha pedido a su letrado que denuncie a la propia Amaya por dos presuntos delitos. Uno es el de falsa denuncia y otro, inducción al falso testimonio, de nuevo relativo a la declaración de su asesor.

El antiguo Juzgado de Instrucción número 13, ahora llamado plaza 13 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, enjuició el caso el pasado 28 de enero y dictó sentencia el 2 de febrero. Su decisión fue taxativa: Navarrete, que en ese momento era delegado de Infraestructuras, no cometió ninguna infracción penal.

El juez sólo consideró probado que Navarrete y Amaya se encontraron el 23 de junio de 2025 “en un almacén municipal sito en una nave industrial de la Plaza de la Mujer Trabajadora” y allí “tuvo lugar una discusión” entre ambos que fue presenciada por un asesor municipal vinculado a la concejala del PP y el encargado general de Infraestructuras, asociado al edil de la formación local Cambia San Juan. Y hasta ahí llegó el relato de hechos.

Tras oír a los dos implicados y los dos testigos y visionar las imágenes (sin audio) de la cámara que grabó la escena, el magistrado estableció que la versión de Amaya “adoleció de falta de la necesaria persistencia y corroboración periférica”, es decir, que ni el testimonio fue convincente ni aportó pruebas que lo respaldasen. Por tanto, “no puede afirmarse que haya quedado desvirtuada la presunción de inocencia” de Navarrete.

La sentencia no se quedó ahí. También ahondó en la declaración de Amaya, que en el juicio “esencialmente” reiteró lo que había planteado en su denuncia, “aunque añadió que ella le contestó ‘racista’” y matizó que la expresión “gitana de mierda” se la dijo a ella, mientras que en la denuncia “consta que ella se fue” antes de que el otro profiriera la supuesta ofensa. El testigo de la defensa que estaba delante, por su parte, “negó que el denunciado amenazara a la denunciante y que le dijera esa repudiable expresión”.

La grabación de la cámara de seguridad, cómo no, resultó clave. “Lo que refleja es una discusión en la que los dos hacen aspavientos con los brazos y es ella la que se dirige al denunciado, quien, aunque se lo ve alterado, no se acerca a la denunciante sino que más bien se aleja de ella”, describía la sentencia.

La resolución judicial es firme desde justo un mes después del juicio. En una providencia fechada el 2 de marzo, el juez declara su firmeza porque ha “transcurrido el plazo sin que se haya interpuesto recurso alguno”.

Una gobernabilidad difícil

En el momento de los hechos y del juicio, el PP y Cambia San Juan cogobernaban San Juan de Aznalfarache. Tras la sentencia, la coalición apenas tardó en resquebrajarse y romperse. El 9 de febrero, el concejal Carlos Amado pidió la “dimisión inmediata” de Amaya y el cese fulminante del asesor que “mintió en el juzgado”. El 17 de febrero, los populares formalizaron el final de la coalición con el cese de los cuatro concejales de Cambia San Juan que había necesitado para alcanzar la mayoría absoluta, ya que en el Ayuntamiento hay 21 ediles.

Como es natural, ya desde la “oposición”, Cambia San Juan cargó duramente contra la alcaldesa, María Luisa Moya, su “falta de liderazgo”. Aunque esté respaldada por el PP provincial, la gobernabilidad se le hará muy dura porque no podrá aprobar nada sin el apoyo de otros partidos.