El sindicato SPJ-USO critica a la Junta de Andalucía por cómo está organizando el "acoplamiento" de funcionarios a los nuevos juzgados

El sindicato SPJ-USO ha hecho suya este lunes la expresión “tsunami judicial”, acuñada en su día por Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), para criticar al consejero andaluz de Justicia, José Antonio Nieto, por cómo ha organizado "una de las fases mas importantes" de la implantación de los tribunales de instancia: el "acoplamiento en destino" de muchos funcionarios, que básicamente consiste en que elijan a qué tarea quieren ser asignados cuando entre en vigor la Ley de Eficiencia Judicial promovida por el ministro Félix Bolaños. Según la organización sindical, la Consejería "sigue dando muestras muestras de su incapacidad para gestionar el cambio más grande que ha sufrido la Justicia en último siglo".

SPJ-USO critica en concreto la resolución de la Secretaría General de Servicios Judiciales en la que se consulta a los funcionarios de los partidos incluidos en la tercera fase del despliegue de la Oficina Judicial sobre su preferencia para trabajar en los diferentes servicios comunes (tramitación o ejecución) o en el Registro Civil. Los trabajadores afectados tienen entre este lunes y el miércoles para decir dónde prefieren acabar.

"El personal de Justicia ha de manifestar su preferencia para ser acoplado, tras la desaparición de los antiguos juzgados, en el servicio común de tramitación o en el servicio común de ejecución, un proceso respecto del cual la Consejería de Nieto ha puesto negro sobre blanco lo que ya había manifestado verbalmente en varias ocasiones: su incapacidad para de desarrollar dicho proceso con las mínimas garantías exigidas", denuncia el sindicato.

A su juicio, la Junta está "incumpliendo" lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y "obliga al personal funcionario solicitante a consignar una serie de datos que ya tiene en su poder mediante el sistema Sirhus que la misma Consejería gestiona". "Lo realmente grave es que esta dejación de funciones e incapacidad se intenta ocultar mediante la traslación al personal funcionario participante de lo que ella misma tenía que garantizar y gestionar", dice SPJ-USO. "El personal funcionario será responsable de la veracidad de los datos proporcionados con su solicitud y pùede incurrir en un delito de falsedad documental en caso de consignar datos o documentos falsos, incompletos o inexactos”, advierte.

"Por si fuera poco", prosigue la organización, "el consejero amenaza al personal funcionario con responsabilidades penales si no le hacen su trabajo". Eso, en su opinión, supone un "desprecio" a los funcionarios y el resultado será "un caos judicial inminente" porque "pretende implantar de inmediato y sin medios la última fase, la más compleja, de este nuevo modelo judicial".

Según SPJ-USO, Nieto "tenia una herramienta para evitar ese caos" que está recogida en la Disposición Transitoria 5ª de la nueva Ley. De esta forma, "podría proponer a la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia una fecha diferente para el establecimiento de las oficinas judiciales afectadas por la tercera fase de la implantación", ya que concurren "circunstancias excepcionales" relacionadas con las infraestructuras o los medios tecnológicos "que justifican dicha petición". En cambio, agrega el sindicato, el consejero "ha decidido optar por otras prioridades, quién sabe desde qué intereses".