El supuesto infiltrado en entorno de la familia del Cuco, que entregó más de 600 horas de conversaciones grabadas, puede ir a prisión por no haber pagado la multa de 2.520 euros que le impuso el juez de lo Penal número 10 de Sevilla por un delito de quebrantamiento después de que fuesen sorprendidos en un vehículo en dirección a Sevilla el 14 de noviembre de 2010 con el entonces menor Javier García Marín, sobre el que pesaba una orden de alejamiento de la familia de Marta del Castillo.

El juez de lo Penal número 10 de Sevilla, David Candilejo, ha dictado ahora un auto en el que recuerda que el supuesto infiltrado, P. B. R., no ha satisfecho voluntariamente la multa, "ni tampoco se han encontrado bienes suficientes para hacerla efectiva por la vía de apremio, teniendo pendiente pago en la actualidad la cantidad de 1.325 euros".

El juez recuerda que el artículo 53.1 del Código Penal establece que si el condenado no ha satisfecho la multa impuesta quedará "sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas". En el caso de P. B. R., el magistrado considera que procede imponerle la pena de 110 días (tres meses y 20 días) de privación de libertad como responsabilidad personal subsidiaria.

En el mismo auto, el juez ha dado un plazo a la Fiscalía y a la defensa para que se pronuncien sobre la "concesión o no de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, o el cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria mediante trabajos en beneficio de la comunidad o el modo de ejecución de la pena impuesta".

En el juicio por el quebrantamiento un agente del Grupo de Menores (Grume) de la Policía que se encargó de la investigación de la desaparición y muerte de Marta del Castillo aseguró que el supuesto infiltrado no es más que un "delincuente" y que los datos que ha aportado a dicha investigación sólo son "paparruchadas".

En la sentencia, el juez desmontó todos los alegatos de P. B. R., al declarar probado que aunque éste comunicó al Grume que la familia del Cuco tenía intención de llevarlo a Sevilla, la Policía "no acordó ninguna medida en concreto, no estableció ningún control en carretera" y no le dio ninguna instrucción sobre cómo actuar.

En febrero pasado, el juez decidió que la madre del Cuco, Rosalía García Marín, que también fue condenada por el quebrantamiento, no ingresara en prisión. El juez decidió en este caso suspender la pena privativa de libertad, después de que la madre del Cuco abonase 1.000 euros de la multa de 2.520 euros, por haber vulnerado la orden de alejamiento que impedía que su hijo, Francisco Javier García Marín, se acercara a menos de 50 kilómetros de la familia de Marta del Castillo.