La Fase 2 de la desescalada judicial no arrancará en Andalucía este martes 26 de mayo, como habían acordado el ministerio de Justicia, la Fiscalía, el CGPJ y las comunidades autónomas. La principal novedad era la incorporación del 60-70% de las plantillas, pero la medida se aplazará unos días a la espera de terminar el estudio sobre los juzgados donde es posible mantener la distancia de seguridad de dos metros, dato del que a su vez depende la incorporación de parte de los funcionarios en jornada de tarde o en teletrabajo.

El principal retraso se registra en las provincias de Málaga y Sevilla.

En el caso de Sevilla, por ejemplo, las mediciones empezaron este lunes. Comenzaron por los juzgados del Edificio Noga y los de Violencia contra la Mujer de la avenida de la Buhaira. El martes se inspeccionarán los juzgados de Menores, Fiscalía de Menores y Familia (avenida de la Buhaira) y el Edificio Viapol. El miércoles se medirán los juzgados del Prado de San Sebastián y también está pendiente de hacerse el mismo proceso en casi toda la provincia, informan a este periódico fuentes sindicales.

El director de la Oficina Judicial de la Junta, Carlos Sierra, informó este lunes del retraso en la Mesa Sectorial con los sindicatos de Justicia, donde también se acordaron las medidas de seguridad que deberán observar los funcionarios que opten por el teletrabajo desde su casa.

La medición de las distancias de seguridad se ha externalizado a una empresa especializada en riesgos laborales, que está llevando a cabo su trabajo en presencia de los sindicatos y de los responsables de mantenimiento de los edificios judiciales sevillanos.

El problema que están encontrando es que a veces sería posible conseguir la distancia de seguridad con un simple desplazamiento de mesas, pero en ese caso los puestos de trabajo se alejarían de las columnas donde se encuentran las conexiones eléctricas e informáticas.

Algunos juzgados de la provincia como Lebrija, Sanlúcar la Mayor o Utrera sí que tienen problemas para mantener esa separación mínima entre puestos de trabajo, según los sindicatos.

En función de los resultados de este estudio se decidirá cuántos funcionarios de cada órgano judicial pasarían a teletrabajo o al turno de tarde, aunque también se baraja la posibilidad de colocar mamparas de separación.

El trabajo de tarde parece el último recurso porque obligaría a un desembolso adicional en forma de servicios de seguridad, sobre todo en los  juzgados de la provincia, y a mantener otros gastos como el aire acondicionado encendido y doble servicio de limpieza después de cada turno.