Un
jurado popular para juzgar a un teniente de la Guardia Civil investigado por delitos de narcotráfico y cohecho, entre otros. La juez de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, ha acordado que la causa contra un
teniente de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de la Guardia Civil de Montequinto, que fue
detenido en agosto pasado por su presunta relación con el narcotráfico, sea enjuiciado por un jurado popular.
La magistrada dictó el pasado 6 de mayo un auto en el que incoó un procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado, y el 27 de mayo celebró una vista que prevé el artículo 25 de la Ley del Tribunal del Jurado a efectos de concretar la imputación, solicitar el sobreseimiento o pedir la práctica de nuevas diligencias.
A esta comparecencia acudieron los tres investigados, sus defensas y la Fiscalía, que presentó un escrito concretando los hechos imputados y la defensa del guardia civil interesó la práctica de diligencias mediante un escrito presentado ese mismo día. Las otras dos defensas, además, pidieron el sobreseimiento de las actuaciones, según han informado a este periódico fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
El teniente de la Guardia Civil sigue en prisión provisional, mientras que los otros dos investigados en este procedimiento han sido puestos en libertad tras abonar sendas fianzas de 4.000 euros. Uno de estos investigados salió hace unos meses por orden de la Audiencia de Sevilla, mientras que el segundo fue excarcelado el pasado lunes tras abonar la fianza de 4.000 euros que le impuso la instructora.
En esta causa se investigan delitos de cohecho, revelación de secretos, contra la salud pública y hurto en tentativa, de lo que se desprende que este oficial del Instituto Armado podría haber recibido supuestas dádivas o regalos a cambio de colaborar con los traficantes.
En febrero pasado, la juez confirmó que el teniente seguirá en prisión provisional. La causa iba a ser investigada en la Audiencia Nacional, pero en diciembre pasado se inhibió en favor de los juzgados de Sevilla, correspondiéndole la instrucción al juzgado número 10, que ha asumido finalmente la causa. La Audiencia Nacional investigaba inicialmente una causa más amplia pero la archivó, por lo que remitió esta pieza a los juzgados de Sevilla porque los hechos habían ocurrido en esta provincia, de ahí que la competencia para indagarlos sea de estos juzgados.
El teniente estaba siendo investigado desde hace algún tiempo por la unidad de Asuntos Internos en Madrid, desde donde se desplazaron varios agentes en agosto pasado para practicar su detención. El teniente era el jefe de la Usecic, una unidad que tiene su base en la comandancia de Montequinto y desde ahí se desplaza por toda la provincia en función de las necesidades del servicio, reforzando las dotaciones de cada localidad en el caso de que haya eventos como ferias o concentraciones de personas, o en el supuesto de que se haya producido algún incidente o suceso que requiera de una mayor dotación de agentes. Es también la unidad que monta la mayoría de controles en las carreteras de la provincia.
A su llegada a Sevilla, los agentes de Asuntos Internos se entrevistaron con el responsable de la comandancia para informarle de la situación y a continuación procedieron a registrar tanto la oficina del oficial detenido como su domicilio, situado en los edificios de viviendas del mismo acuartelamiento.
La detención del teniente provocó en su momento una fuerte conmoción entre sus compañeros, que permanecían totalmente ajenos a esta investigación. La detención ha supuesto un mazazo en el seno de la Comandancia y especialmente en la Usecic que es una unidad puntera que ha dado grandes resultados en la lucha contra la delincuencia.
No es la primera vez que un agente de la Guardia Civil es detenido en Sevilla por su relación con el tráfico de drogas. En la provincia hay un precedente de una investigación de la Audiencia Nacional que permitió la incautación de un alijo de 1.600 kilos de hachís y acabó con el arresto de un sargento y tres guardias civiles en febrero de 2017. En este caso, la Audiencia Nacional condenó a penas de entre los cuatro y los 14 años de prisión al sargento y otros guardias civiles de la Comandancia del municipio que facilitaron la entrada de hachís desde Marruecos a una organización dedicada al tráfico de drogas. La condena fue confirmada por el Tribunal Supremo.
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