Qué dice la sentencia de los ERE de los acusados El tribunal sitúa a Fernández y a Viera como claves del sistema para defraudar

Antonio Fernández llegando a la Audiencia para recoger sentencia de los ERE Antonio Fernández llegando a la Audiencia para recoger sentencia de los ERE

Antonio Fernández llegando a la Audiencia para recoger sentencia de los ERE / Antonio Pizarro

La Audiencia de Sevilla sitúa a los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera entre las piezas clave para la creación del sistema para defraudar, dado que ambos firmaron el convenio marco de 17 de julio de 2001 que se utilizó durante una década para la concesión de las ayudas.

Sobre el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, la sentencia recuerda que, además de suscribir el convenio marco, impartió "directrices" al director general de Trabajo Javier Guerrero sobre la aplicación del convenio. Y como consejero de Empleo recibió en el mes de julio de 2005 el informe adicional al informe de cumplimiento del IFA de 2003 en el que se denunciaban las deficiencias en la tramitación de las subvenciones y en el que a modo de conclusión se decía lo siguiente: "Vistas las anteriores deficiencias se puede concluir que la citada Dirección General ha tramitado subvenciones excepcionales prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido".

El tribunal le reprocha que tenía conocimiento del "déficit" generado en el IFA, que reflejaba que la dirección general de Trabajo "comprometía ayudas por un montante global superior al importe de las transferencias de financiación al IFA de cada año", y conocía igualmente que Guerrero "no era competente para dar las ayudas".

Sobre el ex consejero de Empleo José Antonio Viera, el otro firmante del convenio marco, el tribunal señala que también fue destinatario de los informes de Control Financiero Permanente del IFA y añade que "a partir de la reunión del Consejo Rector del IFA de fecha 27 de mayo de 2003, junto con Antonio Fernández, tomó la decisión de sustraer del conocimiento del mismo todas las ayudas sociolaborales con el argumento de que tratándose de ayudas a trabajadores, la cuantía debía calcularse en atención a lo que iba a cobrar cada trabajador y no por la cuantía total de la que era beneficiaria la empresa". Por lo que, dado que las cuantías totales de las ayudas sociolaborales solían superar con creces el límite competencial de 1.200.000 euros, "evitaban que tuviera que ser después autorizado por el Consejo de Gobierno de la Junta", y la consecuente publicidad que ello conllevaba, al ser publicado dicho acuerdo, de haberse adoptado, en el Boletín Oficial de la Comunidad.

De otro lado, el ex director de Trabajo Javier Guerrero fue quien "generó el déficit" en el IFA/Idea, al contraer "obligaciones muy por encima del crédito presupuestario".

Además, Guerrero dio órdenes directas a las compañías de seguros y mediadoras, de destinar a otras pólizas las cantidades que les habían sido transferidas por IFA/IDEA (pagos cruzados), generaba aún mayor déficit, en este caso, oculto a la contabilidad de IFA/IDEA, puesto que se detraían fondos de pólizas que, para IFA/IDEA, ya habían sido parcial o totalmente abonadas.

El tribunal concluye que Guerrero era plenamente consciente de la "palmaria ilegalidad" de los actos en los que participó. Disponiendo de los fondos vinculados al programa 31L con fines ajenos al fin público al que estaban destinados.

Por su parte, el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo recibió el informe definitivo de cumplimiento de Idea del ejercicio 2003, donde se alertaban de las distintas deficiencias generadas por el uso de las transferencias de financiación.

Magdalena Álvarez era consejera de Hacienda cuando se produjo el cambio del sistema mediante la modificación presupuestaria de 18 de abril de 2000 y "siendo Consejera de Economía y Hacienda, se siguió haciendo este uso inadecuado de las transferencias de financiación en las distintas modificaciones presupuestarias que se produjeron, incrementando el programa 22E y luego 31L, en lo relativo a las transferencias de financiación al IFA, en materia de relaciones laborales".

El ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías presidía la Comisión General de Viceconsejeros -los consejillos-, por "donde pasaban todos los expedientes de modificación presupuestaria, así como el anteproyecto de presupuestos de cada año".

Dice la sentencia sobre la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo que "conocía" que "la Intervención de la Consejería de Empleo no fiscalizó, ni pudo fiscalizar ningún expediente de concesión de subvenciones sociolaborales, ya que estos expedientes no existían, ni podían existir".

Del ex viceconsejero de Economía y Hacienda José Salgueiro, el tribunal dice que "tuvo conocimiento" de cómo se consignaba la actividad de las ayudas el IFA en su presupuesto y dio su "aprobación a que figuraran como ingresos" las cantidades recibidas de las transferencias de financiación del programa 31L.

El "Visto Bueno" de Barberá

Del ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el tribunal destaca que además del conocimiento del sistema "se ocupó de ayudas concretas" y una vez que Juan Márquez fue nombrado director general de Trabajo, "conoció todo lo que se daba y a quien se daba, pues ponía el Visto Bueno, en cada una de las órdenes de pago de se enviaban a Idea".

Del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, la sentencia indica que en el ejercicio de su cargo, y pese al conocimiento de las normas aplicables a la materia y de los datos que arrojaba el seguimiento de la ejecución de los presupuestos y evaluación del programa 31L, de la Consejería de Empleo y de IFA/IDEA, "se elaboraron los proyectos de presupuestos y se tramitaron las modificaciones presupuestarias, vulnerando la finalidad legal de la partida presupuestaria, Transferencia de Financiación, que no era otra que la cobertura de las pérdidas de una entidad pública".

Por su parte, el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, su participación en los hecho "proviene de su asistencia, deliberación y acuerdos de la Comisión General de Viceconsejeros -los denominados "consejillos"-, en materia de modificaciones presupuestarias, anteproyecto de presupuestos y acuerdos de control financiero".

El informe de actuación del interventor

En cuanto al ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, que ha sido absuelto de todos los cargos -prevaricación y malversación-, la Fiscalía y las acusaciones le reprochaban no haber realizado el denominado "informe de actuación", que hubiera elevado las deficiencias al Consejo de Gobierno, pero el tribunal señala que la Consejería de Empleo "no podría ser destinataria de un informe de actuación, al no estar sujeta Control Financiero Permanente, sino a otro tipo de fiscalización", por lo que la destinataria no sería Empleo, "que era donde se manifestaban las deficiencias, sino la de Innovación, que no era la que tenía que corregirla". "Quien tenía que corregir las irregularidades era la Consejería de Empleo, pues allí era donde éstas se producían, pero al no ser la destinataria del informe, ningún sentido habría tenido la emisión del informe de actuación", añade.

El otro acusado que ha sido absuelto totalmente es el ex jefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco Del Río Muñoz, el tribunal rechaza la tesis de las acusaciones respecto a que "como jefe del gabinete jurídico era miembro nato con voz, pero sin voto de la Comisión General de Viceconsejeros. Con lo cual, parece que la conducta delictiva que le atribuye las acusaciones, consiste en que al pasar dicho Proyecto de Decreto por la Comisión General de Viceconsejeros, el encausado tuvo que conocer que no existía normativa reguladora de las ayudas sociolaborales".

Los ex directores de IDEA

Del ex director general de Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar, el tribunal le reprocha que "a pesar de tomar conocimiento de cómo se estaban concediendo las ayudas en la Dirección General de Trabajo de la indebida presupuestación de las transferencias de financiación, y de la indebida utilización del IFA como entidad colaboradora, continuó con la firma de los convenios" con Empleo para el pago de las ayudas. 

De Jacinto Cañete, ex director de la agencia Idea -que ha sido absuelto de malversación-, el tribunal indica que tuvo conocimiento del "uso indebido de las transferencias de financiación, conoció y consintió la utilización indebida de la agencia como entidad colaboradora, y a pesar de tomar conocimiento de cómo se debían de conceder las ayudas en la Dirección General de Trabajo, siguió firmando convenios, y realizando los pagos acordados en las resoluciones que se dictaron por el Director General de Trabajo, en sustitución de los convenios, hasta que cesó en el cargo".

Sobre el ex secretario general técnico de Empleo Javier Aguado Hinojal, el tribunal considera que hizo una "incorrecta presupuestación", tanto en los anteproyectos de presupuestos de la Consejería como en las modificaciones presupuestarias, al realizar una clasificación económica de los créditos inadecuada, consignando como "transferencias de financiación" del programa 31L, lo que en realidad eran créditos destinados a subvenciones que se iban a conceder por la Consejería, pero lo absuelve del delito de malversación porque entiende que "no se puede concluir que asumiera la eventualidad de que los fondos vinculados al programa 31L fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinos los fondos, o el riesgo cierto de que los fondos no se aplicaran a dicho fin".

En cuanto a Juan Francisco Sánchez García, también ex secretario general técnico de Empleo, la Sala le reprocha igual que al anterior que hiciera una "incorrecta presupuestación".

De Lourdes Medina, ex secretaria general técnica que ha sido absuelta de malversación,  dice que por su asistencia a los consejos de dirección de la consejería, por su pertenencia a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), así como por las reuniones y comunicaciones con Idea, sobre el papel de mera caja pagadora que ésta tenía, "conoció el expediente de gasto seguido desde el cambio operado en el año 2000, así como las consecuencias derivadas de este sistema", además de haber hecho igualmente una "incorrecta presupuestación".

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